Patricio Javier Flores, imputado por “perturbación a la paz pública”, fue sometido a un interrogatorio de más de una hora sin la presencia de un abogado, según dijo en una entrevista con Efe en la Comisaría Segunda de Asunción, donde se encuentra encarcelado.

Flores explicó que la detención se produjo el lunes cuando caminaba por el centro de la capital paraguaya en dirección a una universidad para participar en una manifestación “justamente contra la intolerancia y contra la falta de apertura de ideas”.

“Dos personas me toman de los brazos, iban de civil sin identificación, en un primer momento pensé que era un asalto. Uno de ellos sacó una pistola y le dije que tomara mi celular, que no iba a oponer resistencia”, narró el joven.

“Una tercera persona, por atrás, me empieza a revisar los bolsillos y me hacen subir a una furgoneta blanca sin ningún tipo de identificación”, añadió.

En el vehículo, los tres hombres compararon su rostro con fotografías de una decena de dirigentes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) de Paraguay.

“Hasta que dijeron, sí, es el chileno”, manifestó el estudiante. Según el detenido, en ese momento los hombres le dijeron que eran policías, pero no le mostraron ninguna identificación.

“Yo pensé que era un secuestro, pensé que me iban a pedir plata o que me iban a disparar y tirar al río”, recordó.

Según Flores, ya en la camioneta los agentes comenzaron un interrogatorio que continuó en una dependencia policial sin que hubiera presencia de un abogado ni le permitieran llamar a nadie.

“Me preguntaban de forma intimidante, que quién me financiaba, qué grupos, qué partido, qué país. Me empezaron a preguntar nombres y apellidos de gente de la Fenaes y que qué hacía yo en Paraguay”, declaró.

“También si era yo el que colocaba bombas, literal. Me decían ‘chavista, que estás haciendo en este país’ y también me preguntaron por cuántos extranjeros están participando en esto o qué sacaba yo con esto, por qué un chileno viene a defender los derechos de los paraguayos”, dijo.

“Me dijeron algo terrible: ‘menos mal que estamos en democracia’. Como dando a entender que si estuviéramos en dictadura ya no estaría vivo”, manifestó.

Flores, miembro de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), participó el 2 de octubre en una protesta estudiantil en el vestíbulo del Ministerio de Educación de Paraguay para pedir más presupuesto para ese área, según integrantes de la Fenaes.

“La detención está fuera de cualquier norma jurídica, no hice ningún acto vandálico, entré legalmente en el país, he cumplido todas las leyes, lo único que hice es apoyar la causa de educación secundaria y universitaria, y vine a compartir la experiencia chilena de las movilizaciones”, expresó.

El fiscal Christian Bernal imputó al joven “por perturbación de la paz pública” y permanecerá en detención, según dijo a Efe su abogado, Gustavo Noguera, quien informó de que tendrá que testificar el miércoles a las 9:00.

“Le imputó sin ningún argumento. El fiscal Bernal es así, bastante ligero con las imputaciones. Y eso que el cónsul chileno le expresó su preocupación y pidió una investigación porque la detención le pareció irregular”, explicó Noguera.

Por su parte, el fiscal Bernal explicó hoy a la 780 AM que el chileno participó de la gresca en la que estudiantes ingresaron a la fuerza a la sede del Ministerio de Educación y Cultura.

La agente fiscal Lourdes Bobadilla abrió una investigación caratulada “Exposición de personas a lugares de trabajo peligroso Art. 205″, en averiguación de supuesta responsabilidad sobre actividades peligrosas en la construcción luego del fallecimiento de un obrero tras el derrumbe registrado en una obra en construcción en la ciudad de Ñemby.

La representante del Ministerio Público ordenó que el lugar en donde se realiza la obra de construcción sea lacrado debido a la inseguridad de la zona y para evitar otra tragedia. Luego el personal de Criminalística efectuará los estudios necesarios de forma de precisar que causó el derrumbe y el fallecimiento del obrero Rodney Amarilla Bogado, de 33 años.

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Para la agente fiscala Bobadilla es prioritario evaluar la cadena de responsabilidad en los cuidados de los elementos de bioseguridad que debían llevar los empleados.

De la misma manera, el Ministerio Público investigará sobre el plan de obras y la autorización de la municipalidad para la construcción.

Durante el anuncio, el Rector Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira hizo lectura de la carta enviada por su Eminencia José Tolentino Card. De Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, en la cual se confirma el nombramiento del Pbro. Dr. Cristino Bohnert Bauer como Rector, reconociendo en ella la elección realizada por los Obispos en la 242° Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

La designación del Pbro. Dr. Cristino Bohnert Bauer como nuevo rector responde al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el estatuto que regula la Universidad Católica.

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“Con esta confirmación la Conferencia Episcopal Paraguaya proseguirá el proceso de elección de las autoridades de la Universidad Católica que acompañarán al nuevo Rector en el quinquenio de su mandato”, refiere el comunicado de la institución.

Cabe mencionar que, todas las autoridades del Gobierno de la Universidad Católica continúan en funciones hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades en una fecha que será comunicada próximamente.

Bohnert Bauer reemplazará en el cargo a Narciso Velázquez.

Al inicio de la sesión el Pleno se constituyó en Comisión para el tratamiento del proyecto de Ley “Que amplía el plazo de vigencia y modifica el artículo 4 de Ley N° 7238/2023,’Que declara en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas”, presentado por varios diputados.

El senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que este proyecto tiene carácter de urgencia, ya que dota al Ministerio de Justicia de una herramienta jurídica que permite, entre otras disposiciones, garantizar la cobertura de seguridad en los centros penitenciarios del país mediante el apoyo de las fuerzas públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas. “Este apoyo busca fortalecer el control en las periferias de cada establecimiento penitenciario”, sostuvo el legislador.

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Asimismo, el proyecto amplía ciertas atribuciones del Ministerio de Justicia con el propósito de dar continuidad a las medidas establecidas por la Ley Nº 6231/2023, especialmente en áreas como infraestructura, tecnología, seguridad, personal y formación, que impactan directamente en la seguridad del sistema penitenciario. “Cabe destacar que esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo continuo por mejorar y ampliar la normativa vigente”, destacó el senador Zacarías Irún.

Tras el análisis correspondiente, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto, el cual será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación, conforme al procedimiento establecido.