Los nuevos agentes penitenciarios culminan así la primera etapa de un entrenamiento intensivo de 6 semanas, enfocada en la adquisición de conocimientos en orden y disciplina, fundamentales para el manejo de la población penal, en el marco del Nuevo Modelo Penitenciario.

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La segunda etapa corresponde a la adquisición de conocimientos teóricos del manejo jurídico, la gestión documental y judicial, y el respeto a los derechos humanos, en cuanto al tratamiento y bienestar de las personas privadas de libertad. En estos pilares se fundamenta el nuevo modelo penitenciario.

El plan de estudios está diseñado para abordar desafíos del sistema penitenciario actual y también desechar la corrupción y las viejas prácticas de complicidad con los clanes criminales.

Los nuevos egresados se dirigirán inmediatamente a la penitenciaría de Minga Guazú, a realizar un entrenamiento in situ y para familiarizarse con la infraestructura del penal a los efectos de tener un conocimiento acabado de los módulos de máxima seguridad y convencionales con que cuenta el nuevo penal.

El acto estará presidido por el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, y asistirán autoridades nacionales, departamentales, castrenses, familiares de los egresados e invitados especiales.

Según información publicada por medios argentinos, el ministro de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo de la provincia de Río Negro, Federico Lutz, indicó en que, “el presidente de Paraguay llega con un grupo de funcionarios de incumbencia en la materia, para continuar con las conversaciones. Nosotros los invitamos, producto de una oferta de tecnología específica referida a radares”.

Cabe recordar que meses atrás, se llevó a cabo un encuentro bilateral entre el ministro de Defensa, Óscar González y su par argentino, Luis Petri, en el marco del plan de radarización del espacio aéreo paraguayo.

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En ese sentido, ambos ministros coinciden en el plan de “lucha transnacional contra el crimen organizado”.

La intención del gobierno paraguayo es adquirir nuevos radares 3D para la cobertura total del territorio nacional, más la modernización de la flota de intercepción con la compra de los Super Tucano.

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El presidente Peña, viajó a la ciudad argentina de Bariloche, para participar del Foro Empresarial Llao Llao, que contará además con la presencia de los mandatarios de la región.

El informe de la Presidencia de la República indica que primeramente el mandatario presenciará algunas de las disertaciones previstas en el marco del Foro, y luego asistirá a una recepción ofrecida por los organizadores.

La agente fiscal Vivian Coronel imputó a dos mujeres que presuntamente mantenían en régimen de servidumbre y de trabajo forzado a una adolescente de 15 años. Las mismas están identificadas como Olga Bogado Cubas (33) y Rufina Salinas Acuña (54), quienes enfrentan cargos por el hecho punible de trata de personas.

La primera se encuentra detenida con orden de prisión preventiva, mientras que la segunda está prófuga de la justicia con una orden de captura en su contra y requerimiento de rebeldía.

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Según la investigación fiscal, Rufina Salinas se hizo pasar por madre superiora de una falsa congregación denominada “Nuestra Señora de Caacupé” para presuntamente captar a una adolescente de 15 años que aspiraba a ser religiosa.

Inicialmente, Salinas llevó a la adolescente al lugar donde supuestamente operaba la congregación, ubicada en el kilómetro 14 de Acaray, a unos 2.000 metros de la Ruta PY02, en el distrito de Minga Guazú. Allí, la víctima permaneció durante ocho días antes de ser trasladada el a otro sitio llamado “Casa de la Reina de la Paz”, situado en las calles Florida y Laureles del barrio Molino de la ciudad de Luque, supuestamente para recibir formación como novicia religiosa.

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Sin embargo, en lugar de eso, la menor fue sometida a servidumbre y trabajo forzado por Olga Bogado Cubas, quien presuntamente la maltrataba física y psicológicamente. Presumiblemente le abofeteaba, le golpeaba en la nuca y le obligaba a besar el suelo hasta cien veces.

La fiscal Vivian Coronel solicitó además una reserva expresa para ampliar la imputación en caso de identificar nuevos participantes o cómplices.