Exceso de mortalidad en Paraguay: más de 30.000 muertes en los últimos 5 años

La Dirección General de Vigilancia de la Salud informó que en los últimos cinco años se registraron más de 30.000 defunciones por todas las causas a nivel país. El 2020 presentó un exceso de mortalidad del 13,9%.

Primeramente se debe entender que el exceso de mortalidad se refiere a la cantidad de muertes por todas las causas que se producen por encima de lo normal esperado en una población o territorio durante un periodo de tiempo. Esta cantidad se compara con la línea de base establecida por los promedios históricos.

En ese contexto, Vigilancia de la Salud detalla en su informe que a diferencia de las muertes por COVID-19, la estimación de mortalidad por todas las causas identifica de manera más apropiada el impacto real de la pandemia en la población.

En el siguiente gráfico, se muestra los valores históricos de mortalidad por semana del quinquenio (2015 al 2019), en una curva gris amplia que corresponde sus valores a los intervalos de confianza mayor y menor o variabilidad de ese promedio. Sobre esos valores se muestra la línea roja que marca la cantidad de muertes que se observó durante cada semana del 2020.

Se considera “exceso de mortalidad” cuando estos valores de la línea roja, superan el límite superior del intervalo de confianza del promedio 2015-2019.

El resultado principal es que el año pasado presentó un exceso de mortalidad del 13,9%, observándose la mayor parte de este exceso a partir de la semana 33 (finales de agosto) del 2020.

Para acceder al informe detallado por regiones del país y a la metodología utilizada, puede ingresar al siguiente enlace: http://dgvs.mspbs.gov.py.

 

Evaluación Gafilat: lo que implica la falta de cooperación de Superintendencia de Bancos

Paraguay se encuentra en puertas de la importante evaluación de Gafilat, que calificará al país en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre los puntos a ser considerados figura la cooperación entre las instituciones, y en tal sentido recientemente se dio el escandaloso allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos por negarse a proveer información a la Fiscalía en el caso Atlas-Leoz por supuesto lavado de dinero.

Carmen Pereira, directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad, fue consultada por la radio 650 AM cómo podría repercutir esta falta de cooperación de un organismo del Banco Central del Paraguay (BCP) con el Ministerio Público en vista a que dentro de poco Paraguay será objeto de escrutinio de los evaluadores de Gafilat.

Si bien la funcionaria no quiso emitir valoraciones sobre el caso en particular, alegó que dicha situación negativa podría tomarse del lado positivo, es decir, verse desde el punto del marco del ordenamiento jurídico, el cual funcionó al dar vía libre a la Fiscalía a recolectar la información.

“Estamos al tanto de todas las investigaciones que tienen que ver con nuestra competencia, estamos trabajando en forma coordinada. En este caso particular, efectivamente hemos mencionado que las alertas funcionaron, en el tránsito que debe seguir para la causa judicial. Lamento no poder hacer una valoración de la situación particular. En todos los casos, cuando el sistema reacciona ante un caso de involucramiento de lavado de dinero, está realizando sus acciones pertinentes en el marco de sus ordenamientos jurídicos. Eso es bueno. Una negativa a buenas a primera representa una mirada negativa, pero hay que resaltar la acción de los órganos jurisdiccionales, es una buena perspectiva”, argumentó.

Pese a haber existido una falta de cooperación entre las instituciones, la entrevistada consideró que no creería que se lleve al extremo la evaluación de Gafilat solo por esa actuación, sino más bien cree que el examen se abocará a indagar sobre si eso se dio de manera repetitiva o no cinco años atrás, periodo en que será evaluado nuestro país.

Destacó además que Paraguay mostró avances en el ordenamiento jurídico y en especial en la evolución del secreto bancario, ya que antes era difícil obtener información de ese sector por las leyes que estaban vigentes, pero que con la modificación hecha en el año 2019 se avanzó mucho y se lograron mejoras significativas.

Consultada sobre si podría jugar en contra de Paraguay este caso, respondió que no se pueden dejar de lado todas las acciones que van saliendo a la luz pública y pueden ser observadas por los evaluadores incluso mediante la prensa. No obstante, reiteró que es importante mencionar que hay muchos otros puntos positivos que pueden ayudar a mantener un buen promedio a Paraguay.

Con relación a qué medidas se tomarán tras este escándalo, precisó que desconoce cuáles serán las acciones concretas, pero garantizó que regularmente las máximas autoridades de las instituciones se reúnen a charlar para ir mejorando las dificultades y vulnerabilidades, tanto con miras a la evaluación como así también el propio desenvolvimiento correcto de las instituciones.

LA VISITA

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizará una visita de evaluación a Paraguay, para que el país defienda los avances en materia de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se espera a los evaluadores entre los meses de agosto y septiembre. Durante esa etapa un grupo de expertos vendrá a Paraguay y otro hará el seguimiento desde sus países vía medios telemáticos. Los visitadores tienen previsto realizar entrevistas durante 15 días en el país, para recolectar toda la información a ser analizada. Recién en julio del año que viene se tendrá la conclusión y calificación, de acuerdo con Carmen Pereira.

¿QUÉ ES GAFILAT?

Según describe su página web, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

Fue creado con la finalidad de prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.

La organización regional está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Paraguay.

¿QUÉ REALIZA?

GAFILAT apoya a sus miembros en la implementación de sus 40 Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las herramientas principales para asistir a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica, y las evaluaciones mutuas.

A este estudio será sometido nuestro país y consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada miembro del grupo para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El proceso de evaluación conlleva el estudio y análisis del cumplimiento de las 40 Recomendaciones y la efectividad de sus resultados. Esto le permite al país analizado integrarse a la red global de Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF y recibir una calificación de aval.

¿QUÉ PASARÁ SI PARAGUAY NO APRUEBA?

Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, escenario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigidez para salir nuevamente de la lista, impactará negativa y directamente en muchos aspectos, según precisó a La Nación Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

Un mal resultado reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizará el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros.

COOPERACIÓN

En el compendio de las 40 Recomendaciones que serán evaluadas por GAFILAT figura la cooperación y coordinación nacional. En ese sentido los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación e intercambio de información a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto debe incluir cooperación y coordinación entre las autoridades relevantes para garantizar la compatibilidad de los requisitos ALA//CFT/CFP con las normas de Protección de Datos y Privacidad y otras disposiciones similares.

Esto no se cumplió en nuestro país en el pedido hecho por la Fiscalía a la Superintendencia de Bancos en el marco del caso Atlas-Leoz.

 

Anexo C: Abdo hará hoja de ruta, pero negociación quedará para el próximo Gobierno

Las obligaciones de este Gobierno de cara a la revisión del Anexo C de Itaipú se limitarán a presentar propuestas y dejar una hoja de ruta, sin embargo, la negociación en sí quedará a cargo del próximo presidente de la República, según Euclides Acevedo.

El canciller Euclides Acevedo recordó que la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú Binacional debe hacerse desde el 2023 y que para entonces, la obligación de esta administración de cara a los intereses del Estado, será la de preparar todos los instrumentos para el próximo periodo presidencial.

“Lo único que puede hacer este Gobierno es una especie de hoja de ruta de cara a la revisión”, aclaró el ministro de Relaciones Exteriores en comunicación con el canal Gen.

Consideró que lo fundamental será defender los intereses esenciales, como la capacidad de acceso a los beneficios de comercialización del mercado eléctrico. No obstante, advirtió que si Paraguay pretende vender su excelente debe construir líneas de transmisión.

Para Acevedo, el último informe de Contraloría sobre una deuda ilegal de 4.193 millones de dólares contamina la eventual revisión del Anexo y ni qué decir la renegociación de todo el tratado.

“Hay que tomarlo con seriedad y serenidad, si la deuda es ilegal debe ser resarcida y reparada”, opinó el canciller.

Todas las bases financieras y de prestación del servicio eléctrico se encuentran en el Anexo C y según el informe presentado por la Cancillería a la Comisión de Seguimiento del Congreso los componentes incluyen:

Las definiciones del anexo, las condiciones de abastecimiento, los ingresos y uno de los más importantes y abarcantes: el costo, que a su vez contempla un largo listado de ítems, entre ellos, utilidades, cargas financieras, deuda, royalties, resarcimiento a ANDE y Eletrobras, gastos de explotación y saldo de la cuenta de explotación.

 

Detienen a una mujer tras rescatar a dos niñas con signos de haber sido golpeadas

Una mujer quedó detenida por el hecho de lesión grave, falta del deber del cuidado y omisión de auxilio. La misma sería tía de las dos niñas que fueron rescatadas esta madrugada.

El comisario Lidio Castiñeira, subjefe de la Comisaría 9° de Limpio, relató a radio Ñanduti que las dos niñas rescatadas tienen 5 y 11 años respectivamente.

Contó que la vecina llevó a la más pequeña hasta un centro asistencial debido a que presentaba una lesión de fractura en el brazo izquierdo, arriba del codo, también tenía rasgos de hematomas a la altura de la boca y pómulos, signos evidentes de que fue brutalmente golpeada.

Posteriormente, la mujer fue hasta el Ministerio Público para formular la denuncia en contra de la tía de las menores, luego se consiguió la orden de allanamiento. En el domicilio se encontró a la otra niña, de 11 años, también con lesiones y hematomas de días anteriores.

“Ambas son huérfanas de padre y madre, estaban bajo la tutela de la tía”, expresó. La detenida fue identificada como Virginia Lorena Ramírez, de 45 años, además su hijo Atilio Cayetano Benítez Ramírez también fue aprehendido.

Finalmente, el jefe policial indicó que las dos menores quedaron bajo el cuidado de la vecina que realizó la denuncia.