Exigencias ambientales de la UE son “muy duras”, dice el presidente electo Peña

Las exigencias de la Unión Europea al Mercosur en asuntos medioambientales son "muy duras", dijo este martes en Brasilia el presidente electo de la República, Santiago Peña, que sin embargo expresó su optimismo para que ambos bloques ratifiquen su acuerdo comercial de 2019.


Fuente: AFP

“Estamos a favor de ese acuerdo” entre la UE y el Mercosur, integrado también por Argentina, Brasil y Uruguay, dijo Peña, que se impuso en las presidenciales de su país hace 15 días.

Pero “también compartimos la posición de Brasil de que algunas restricciones, principalmente en términos ambientales, son muy duras para una región del mundo que necesita desarrollarse”, dijo a periodistas en el palacio presidencial de Planalto tras reunirse con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Para Peña, que dijo “pensar positivamente” sobre las negociaciones, los países del Mercosur tienen que ser “cuidadosos con el medio ambiente” pero al mismo tiempo deben encarar su desarrollo en función de sus propios intereses.

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La UE y Mercosur cerraron un acuerdo comercial en 2019, tras más de 20 años de complejas negociaciones, pero este no fue ratificado debido entre otras cosas a la preocupación en Europa por la política medioambiental del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

El tono ha cambiado a favor a raíz de la vuelta al poder del izquierdista Lula, en enero último, aunque nuevas condiciones presentadas por la Unión Europea sobre cuestiones ambientales han creado crispaciones.

El canciller brasileño, Mauro Viera, criticó la visión “muy proteccionista” de la UE y sus metas ambientales “extremamente” duras, durante una audiencia en el Senado de su país la semana pasada.

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Los agricultores europeos temen que entren en el mercado más productos agrícolas sudamericanos, con normas de producción menos estrictas, según alegan.

Por ejemplo, a diferencia de la UE, Brasil no ha prohibido los antibióticos promotores del crecimiento en las raciones animales.

Los países del Mercosur preparan una contrapropuesta, aunque aún no han definido una fecha para presentarla.

Encaran los últimos trabajos para la puesta a punto del puente Remanso

La puesta a punto del emblemático puente Remanso se encuentra en su etapa final, con los últimos 70 metros de calzada pendientes de concluir.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Obras Públicas, los actuales trabajos incluyen la pintura de barandas, reconstrucción de veredas, desagüe pluvial, limpieza, entre otras actividades.

Este mejoramiento de la infraestructura abarca la ruta D025, que conecta los departamentos de Central y Presidente Hayes, y tiene como objetivo optimizar el tránsito y reforzar la seguridad vial de todos los usuarios del puente.

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Cabe mencionar que, se realizó una intervención profunda en el lugar. Esto incluye una regularización completa de los puntos críticos de la calzada y, a través de estudios técnicos de las muestras tomadas, determinar la composición de la carpeta asfáltica final, que incorporará polímeros.

El uso de asfalto con polímeros representa una mejora sustancial respecto al asfalto convencional. Este tipo de pavimento, que incluye materiales sintéticos especializados, es más resistente a deformaciones, temperaturas extremas y al desgaste por tráfico pesado. Además, reduce la aparición de grietas y mejora el comportamiento ante la humedad, prolongando así su vida útil.

Canciller paraguayo subraya papel clave de la sociedad civil en la OEA

En el marco del encuentro entre la sociedad civil y los candidatos a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), desarrollado hoy en Washington D.C., el canciller Rubén Ramírez Lezcano destacó la relevancia de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo regional.

Recalcó que la OEA reconoce este rol a través de múltiples iniciativas y mecanismos de participación que buscan fortalecer la cooperación para enfrentar los desafíos comunes de la región.

El canciller reconoció los retos persistentes y emergentes que afectan los cuatro pilares de la OEA: Democracia, Derechos Humanos, Seguridad Multidimensional y Desarrollo Integral Sostenible. En el ámbito de la democracia, señaló que el hemisferio enfrenta tensiones que amenazan la convivencia pacífica, mientras que en el área de los derechos humanos, advirtió que la debilidad institucional afecta la plena vigencia de estos derechos.

Ramírez Lezcano hizo un llamado a redoblar esfuerzos para que la OEA se mantenga atenta al fortalecimiento de la democracia en la región y para que las instituciones trabajen para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, abordó la preocupación sobre la seguridad multidimensional, destacando el crecimiento de fenómenos como el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, el lavado de activos y la corrupción, que han afectado negativamente la estabilidad regional.

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El canciller también subrayó la creciente crisis migratoria y el tráfico de personas como problemas de prioridad que deben ser discutidos en el foro de la OEA para encontrar soluciones efectivas. En este sentido, destacó la importancia de potenciar la Secretaría de Seguridad Multidimensional como una plataforma de trabajo para unir a los distintos organismos de seguridad hemisféricos.

En cuanto a la inclusión de los pueblos originarios y afrodescendientes, Ramírez Lezcano expresó su compromiso de avanzar en la construcción de políticas públicas que les permitan participar en los procesos de desarrollo sin perder su identidad cultural. Además, reiteró que la región enfrenta desafíos importantes, como la desigualdad y la lucha contra la pobreza y el hambre, por lo que abogó por un desarrollo económico integral y sostenible para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de las Américas.

Resaltó también que, a pesar de las diferencias y pensamientos divergentes entre los Estados miembros, América es una región pacífica, libre de conflictos bélicos, y enfatizó la necesidad de promover la solución pacífica de controversias mediante el diálogo.

Subrayó que, para alcanzar estos objetivos, la OEA debe recuperar su relevancia política y acercarse más a la ciudadanía de las Américas, reflejando un rostro más humano y colaborativo.

Por último afirmó que “juntos, sociedad civil y OEA, podemos construir una América más inclusiva, más solidaria, más próspera y resiliente”, reafirmando su convicción de que la organización debe liderar iniciativas clave para avanzar en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos del continente.

Protección de datos personales y posibles fallas en el emparejamiento laboral

Un estudio reveló determinadas preocupaciones en la nueva etapa del portal de empleo paraguayo que incorpora IA para seleccionar personal. En el marco de un proyecto de investigación sobre esta tecnología, la ONG latinoamericana “Derechos Digitales” alertó sobre la urgente necesidad de aprobar una Ley de Protección de Datos para garantizar un entorno digital seguro y ético.

Seis años atrás, Paraguay comenzó a implementar el uso de IA en su sistema de empleos y se posicionó en la región como un Estado pionero en la inclusión de este tipo de tecnologías en políticas públicas. Así nació ParaEmpleo, ahora conocido como EmpleaPy. Miles de personas cargaron sus datos personales en un CV online y seleccionaron sus preferencias para conseguir un puesto de trabajo. Si bien el Portal EmpleaPy fue creado con el fin de aumentar la empleabilidad mediante la automatización de procesos, según un estudio detallado dirigido por Derechos Digitales, los sistemas de toma de decisiones automatizada (ADM, por sus siglas en inglés) se implementan en el país sin un marco sólido de protección de datos personales. Esto plantea preocupaciones sobre la falta de garantías adecuadas para las personas usuarias de la plataforma.

El proyecto Inteligencia Artificial e Inclusión, coordinado por la ONG Derechos Digitales desde 2019, ya cuenta con 10 casos de estudio en donde la IA se implementa en distintos gobiernos de América Latina en políticas públicas en áreas sensibles como las de empleo, educación, seguridad, entre otras, tanto a nivel nacional como subnacional. Algunos de los resultados principales exponen baja efectividad de estos sistemas, marcos normativos inadecuados, cuestionable manejo de información personal y escasos espacios abiertos a la participación ciudadana.

“La digitalización de la intermediación laboral en Paraguay, con el sistema EmpleaPy, evidencia los desafíos de construir plataformas de empleo basadas en datos con criterios de equidad y transparencia, en un contexto sin una legislación en protección de datos personales. También es un ejemplo de cómo el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, puede transitar de la dependencia de tecnologías del sector privado al desarrollo de sistemas públicos, lo que le permitiría un mayor control sobre los datos para almacenar y procesar”, subrayó Juan Manuel García, Coordinador de investigación de Derechos Digitales.

Si bien durante el último tiempo la introducción de nuevas herramientas de IA en la plataforma permite optimizar el proceso de selección de personas, el informe evidencia que aún no existe un análisis de riesgo de sesgos de clasificaciones sobre los perfiles, los datos personales, o potenciales errores para garantizar que la herramienta sea lo más inclusiva posible. El caso de Paraguay, uno de los pocos países de América del Sur que aún no cuenta con una ley de protección integral de datos personales, fue analizado por TEDIC en colaboración con Derechos Digitales.

Los otros casos del proyecto incluyen experiencias de IA aplicadas por los Estados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. El conjunto de las investigaciones desarrolladas con organizaciones de América Latina, demuestra que el uso de esta tecnología en la implementación de políticas públicas sin las garantías adecuadas, puede afectar derechos fundamentales como la privacidad, el acceso a la justicia y la equidad en la toma de decisiones estatales.

“El uso de inteligencia artificial en la función pública no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política con implicancias profundas para los derechos humanos. Los casos analizados muestran cómo estas tecnologías pueden reforzar desigualdades, afectar la intimidad y limitar el acceso a beneficios sociales, especialmente cuando se implementan sin transparencia, supervisión adecuada o mecanismos de rendición de cuentas”, agregó García.