La Dra. Yanira Yinde señaló que cuenta con un flujo importante de pacientes que tuvieron chikungunya agendados por el call center o de manera presencial, que acuden en busca de tratamiento para las secuelas que les dejó la enfermedad al consultorio de seguimiento post chikungunya. En ese contexto, y atendiendo la alta demanda de atención, desde el servicio instan a la confirmación de la cita o la cancelación en el caso de no asistir a la consulta.

La profesional refirió que las características más comunes por la que las personas que padecen la enfermedad acuden a la consulta son debilidad, postración o incapacidad debido al dolor.

“Vemos que los pacientes mayores de 60 años tienden a presentar más afectación del estado general, debilidad, postración e incapacidad; mucha afectación de partes blandas, tendinitis, entesitis, y también afectación articular de las manos y los hombros. Así también vemos edemas en un buen número de pacientes, y afectación neuropática tanto en las manos como en los pies; o sea que la chikungunya en nuestros pacientes en etapa sub-aguda se presenta con afectación osteoarticular y también con afectación neuropática”, indicó.

En cuanto a la persistencia de las secuelas, la Dra. Yinde refiere que la parte sub-aguda puede durar de entre 3 a 6 meses, y que incluso existen artículos que indican que los síntomas pueden durar un año.

Tratamiento

El tratamiento de elección para los síntomas de chikungunya en forma sub-aguda son los corticoides; cuya aplicación se ve tanto en la práctica pública como privada. En dosis esquematizadas han demostrado una mejoría en un grupo de pacientes.

“Primero descartamos causas secundarias a la chikungunya en sí; con una buena historia clínica averiguamos si tiene otras enfermedades pre-existentes que puedan causar síntomas similares y que se exacerbaron con la chikungunya. Al detectar la afectación, iniciamos el tratamiento con corticoides a fin de desinflamar lo más posible; si bien esta es una enfermedad viral que llegará a término, se auto limitará en la mayoría de los casos, entonces las inflamaciones van a desaparecer, así también el edema y el dolor disminuirán, y el paciente llevará una vida regularmente normal; pero no se debe descartar la posibilidad de un nuevo brote de síntomas, dolor y discapacidad o rigidez, el que no durará más de dos o tres días, el paciente va a tener el recuerdo de la chikungunya probablemente; ya en el caso de que presente artritis nuevamente o no mejora nada y el dolor discapacita, en esa situación nos encontramos en una etapa que se llama crónica, donde utilizamos otro tipo de fármaco, y puede durar entre uno a dos años”, manifestó.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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Con esto quedan sin efectos las demandas por difamación y calumnia, que tenían dichos actores políticos, que se sumergieron en una seguidilla de acusaciones verbales en las que resaltaban, en gran parte, alusiones a cuestiones íntimas.

La “guerra” la había desatado la parlamentaria liberal, que en redes sociales afirmó una supuesta relación extramatrimonial qué afectaba al jefe comunal asunceno, ademàs de que supuestamente Nenecho consumía drogas. La réplica de este se tradujo en un comentario que aludía a la presunta relación íntima que mantuvo con Amarilla. En idas y venidas de epítetos, ingresó luego la senadora Valiente, demandando a su colega por difamaciòn.

Cuando todo indicaba que las querellas llegarían a instancia de definición en el ámbito judicial, amistades comunes de los implicados intermediaron para llegar a conciliación.

Cabe indicar que entre las exigencias de resarcimientos, había requerimientos de fuertes sumas de dinero como reparación ante daño moral. Uno de estos montos era de indemnización de hasta 1000 millones de guaraníes.

Por otro lado cabe indicar que la senadora Amarilla se vio de nuevo envuelta en un fuerte cruce de acusaciones en el seno del parlamento. Está vez con su colega Javier Zacarías Irún, de quien dijo, habría utilizado fondos públicos para pagar estudios de su hijo en el exterior. El aludido reaccionó desmintiendo la acusación y retrucando que la legisladora se enriqueció ilícitamente gracias a almuerzo y merienda escolar.

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