Afirmó que es nece­sario que se establezcan con­diciones penales más severas con el fin de castigar a los res­ponsables. Esto en torno a los 295 contratos de un “superpro­veedor” del Estado, Cristino Jara López, quien facturó G. 57.000 millones a dichas ins­tituciones.

“Estamos hablando de cerca de G. 170 mil millones en total de emisión de facturas que nosotros presumimos que son falsas. Hay que recordar que existen 17 municipios y una gobernación que han adqui­rido o recibido servicios de una empresa cuyo 97% de sus gas­tos o costos son facturas fal­sas”, refirió. Mencionó que los trabajos de investigación ya comenzaron con una reunión realizada en la fecha con los representantes de la Contra­loría y del Ministerio Público. “Acá la Contraloría tendrá la responsabilidad de verificar que las obras se hayan reali­zado, sus costos y todo lo rela­cionado a cómo son los gastos del dinero público y la Fiscalía se encargará de ver las impli­cancias de posibles hechos punibles, de hecho nuestra denuncia es por la utilización de facturas falsas y bueno ten­drá que determinar si existen otros hechos punibles”, indicó.

Comentó que la Dirección de Contrataciones Públicas está colaborando con dichas ins­tituciones. Agregó que desde su institución tienen trazado absolutamente toda la ruta del dinero. “Cuando hablamos de una empresa muy grande que están haciendo obras a nivel nacional, lo que uno presupone es que hay una estructura bas­tante amplia, bien organizada, donde se paga con cheques o se hacen transferencias ban­carias y eso no existe. Siempre nosotros hablamos de supues­tos, escuché entrevistas a algu­nos intendentes que desmeri­tan lo que nosotros hacemos y lógicamente critican eso, que para nosotros es normal, pero estamos muy seguros de lo que hicimos y tenemos totalmente trazados”, detalló. Ante la con­sulta de que si dicha empresa pudo haberse infiltrado en las instituciones del Poder Eje­cutivo, indicó que “puede ser, el director de Contrataciones me comentó que esta empresa tiene contratos pequeños con algunas entidades, no sé si son de la administración central, pero sí pueden ser entida­des del Estado, además de los municipios”.

DEPÓSITO DE G. 3.500 MILLONES

Dentro de la investigación realizada por la SET se descubrió que el proveedor de los municipios intentó depositar un cheque por G. 3.500 millones (US$ 510.000 al cambio actual) en el Banco Nacio­nal de Fomento y que fue emitido por una de las municipalidades, pero la entidad bancaria no le permitió porque le pidió justificar el origen de los fondos. Luego el proveedor en cuestión pudo depo­sitar en un banco privado, cuya identidad no reveló, pero confirmó que dos días después del depósito se retiró la jugosa suma.

En entrevista con la radio 650 AM, el juez Darío Báez señaló que la causa contra Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, “era muy simple”.

“Ambos terminaron condenados, con 4 años la señora Patricia y el señor José con 3 años y 9 meses, por el famoso caso de agua tónica de Petropar. Muy pocas veces tenemos tanta claridad desde el principio. El Ministerio Público creyó conveniente y presentó todo el argumento que existía, pero ya desde el principio era demasiado evidente que estas compras nunca se hicieron. Desde el principio era muy claro que nunca se realizaron estas compras y únicamente se utilizaron documentaciones para cumplir con lo que hace a las carpetas. Finalmente, es una compra disimulada con documentos”, señaló.

La condena se dio en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. Ese dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada con el único fin de cubrir una deuda que tenía el esposo de la titular de Petropar.

“Todo el tiempo estamos teniendo juicios de corrupción pública, pero este es mucho más ofensivo porque en ese momento de desesperación de cada paraguayo prácticamente, aprovecharon estas personas para poder pagar sus propias deudas”, cuestionó el magistrado.

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Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

La constitución de esta región en zona roja, de alta movilidad de agrupaciones narco, empujó al gobierno a definir una mayor presencia, permanente, en el departamento que está siendo azotado por una guerra de pandillas que disputan territorios para producción de marihuana, y de pistas clandestinas para trasporte de cocaína.

La idea general de la nueva estrategia de seguridad para Canindeyu, contempla el uso de unidades especializadas en combate, inteligencia y el uso de nuevas tecnologías de control y detección de actividades irregulares.

La gran extensión del departamento, amplias zonas boscosas, lo convirtieron en escenario ideal para operaciones de grupos criminales. Entre estos resaltan que existen seis bandas, dos de las cuales: la liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho, y la otra comandada por Benicio Silva, alias Silva hu, son las que disputan por la hegemonía.

En el caso del fugitivo Acosta, ahora se sabe que cuenta con el apoyo de una banda de sicarios, supuestamente liderada por Selva Portillo Rodas, alias ña Selva.

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La parte delantera de una camioneta donde se encuentra el motor, ardió en llamas esta mañana, pero gracias a la rápida acción del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se logró sofocar las llamas antes de que el rodado sea consumido completamente por el fuego.

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De acuerdo al informe policial, se trata de una camioneta de la Marca Ford modelo Escape de clor negro, chapa UAE 592, propiedad de María Elena Barrios (47), de nacionalidad argentina, domiciliada en el barrio San Roque de Ciudad del Este.

La afectada manifestó a los intervinientes que minutos antes del incidente dejó su vehículo estacionado, poco después el guardia del recinto le avisó que su rodado se incendiaba.

Rápidamente se dio aviso a los bomberos voluntarios que lograron evitar que el fuego consuma por completo el automóvil.

Por el momento se desconoce cómo se originó el incendio, por lo que se procederá a la revisión para encontrar la causa.

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