Falta de empleo acrecienta la informalidad laboral, resalta especialista

El especialista Enrique López Arce explicó que el año que cerró fue de los más duros para conseguir un empleo digno y cobrar el salario mínimo legal vigente, a esto se le suma que varios de ellos no recibieron aún el aguinaldo del 2022. En el país hay aproximadamente 500 mil jornaleros, más 188 mil que están con subempleos y 238 mil personas están desempleadas. Asimismo, agregó que aproximadamente 1 millón de trabajadores prestan servicios en pequeñas y medianas empresas, varios de ellos sin percibir al menos G. 2.550.307 al mes.


Fuente: La Nación

La falta de empleo y las informalidades laborales son el yugo con el que miles de para­guayos deben cargar cons­tantemente, especialmente cuando la economía nacional sigue golpeada tras la pande­mia del covid-19 y por la infla­ción, entre otros factores que frenaron la creación de fuen­tes de empleo en el 2022, el cual para el abogado especia­lista, Enrique López Arce, fue un año bastante duro para el repunte laboral.

Tal como explica el entrevis­tado, el empleo no está divor­ciado de la economía nacio­nal, ya que depende de cómo le vaya al país para que se gene­ren nuevas fuentes de trabajo como son la creación de nue­vos comercios, ampliación de empresas consolidadas u obras de construcción, sean públicas o privadas.

Especialista en empleo, Enrique López Arce.
Especialista en empleo, Enrique López Arce.

Justamente esta baja gene­ración de fuentes de empleos durante el año pasado es la que prácticamente obliga a miles de compatriotas a caer en la informalidad, haciendo que esta crezca, tal como muestran los datos del informe de la Encuesta Per­manente de Hogares Conti­nua del Instituto Nacional de Estadística (INE) corres­pondiente al tercer trimestre del 2022, en el cual se expone que actualmente hay 426 mil personas con problemas de empleo (238.352 desemplea­das y 188.175 subempleadas).

INFORMALIDAD

En ese sentido, el abogado sostuvo que el principal pro­blema con el que hoy día se debe lidiar es la informalidad reinante. Es que debido a esta coyuntura, al 70% de los tra­bajadores le son violentados sus derechos. Esto quiere decir que, tal y como está la situación, el problema no tiene que ver solamente con los pagos de aguinaldo, sino que a 7 de cada 10 trabajado­res actualmente les son vul­nerados sus derechos labora­les, según López Arce y, por tanto, no tienen aguinaldos, horarios o remuneraciones adecuadas, ni menos aún una estabilidad en el trabajo. “De 10 trabajadores, solo 3 cuen­tan con seguridad social debido a la precariedad labo­ral en la que se encuentran”, refirió.

“Cuando a la economía le va mal, hay precariedad laboral. Entonces la empresa le dice a su trabajador. ‘Vos elegís, no te puedo más pagar el sala­rio mínimo, pero te puedo pagar G. 1.500.000, ¿querés quedarte? De lo contrario te tengo que dejar ir’, eso es lo que ocurre, mucha gente pasó a la informalidad”, comentó el especialista.

Actualmente, un millón de personas dependen de empre­sas con entre 2 y 12 colabora­dores, es decir, micro o peque­ñas empresas, las cuales por lo general no cuentan con una estabilidad y, por lo tanto, no suelen superar el año. Esto, según López Arce, contribuyó a que varias de ellas no sobre­vivieran a la pandemia debido a que no cuentan, en su mayo­ría, con la suficiente espalda financiera para afrontar fuer­tes crisis económicas.

“Nuestro desafío es que ten­gamos un mayor porcentaje de empresas grandes, más industrialización”, resaltó el abogado.

Por otro lado, además de los trabajadores dependientes de estas empresas, también se encuentran los jornaleros. Según López Arce, hoy día son 500 mil personas las que trabajan bajo dicha modali­dad, entre ellas unos 260 mil trabajadores de la construc­ción y 200 mil corresponden a personal doméstico quie­nes, que en su gran mayo­ría, no alcanzan a percibir G. 2.550.307 al mes.

Paraguay insistirá en peritar teléfono de Pecci, oposición de abogada no es obstáculo

El Ministerio Público volverá a enviar una carta rogatoria a Colombia, a fin de solicitar el teléfono de Marcelo Pecci para realizar el peritaje. El pedido de Cecilia Pérez de dar la exclusividad a Colombia y a Estados Unidos no representa un impedimento legal, según explican.

Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, explicó que, en octubre pasado, Paraguay tomó conocimiento de que el celular de Marcelo Pecci nunca fue peritado en toda la investigación del crimen.

A partir de ahí, la Fiscalía de Paraguay solicitó la devolución del celular, pero no obtuvo respuesta. El 29 de abril, bajo patrocinio de la abogada Cecilia Pérez, la viuda Claudia Aguilera pidió que el peritaje sea hecho exclusivamente por Colombia y Estados Unidos.

“Fue una sorpresa que la abogada le haya llevado una nota a firmar para que el teléfono sea analizado por exclusividad por Colombia y EEUU”, expresó Doldán, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Nota relacionada: Documento prueba que teléfono de Pecci fue entregado con exclusividad a Colombia y EEUU

La nota remitida vía Whatsapp por Cecilia Pérez no representa un impedimento para que la justicia de Paraguay acceda al teléfono, no obstante, hubo un estricto apego a la petición de la víctima, algo que para Doldán, no debió pasar, ya que la remitida por Pérez no tiene ningún tipo de validez.

El fiscal anunció que están preparando una nueva carta rogatoria a Colombia, con una petición más fuerte respecto al teléfono.

“El teléfono de Marcelo es uno de los instrumentos cuyo análisis consideramos pertinente, también se incautó una laptop de Pérez Hoyos, se pudo haber manejado la ruta del dinero en esa computadora, también vía carta rogatoria pedimos que se analice”, comentó el fiscal.

Un punto que en algún momento se puso en duda, pero que Doldán dejó en claro es que, Colombia no puede cerrar la investigación por haber condenado a los autores materiales y relevar la parte moral a Paraguay.

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Al cierre de abril se registraron más de 250 prestadores de servicios nuevos

En los primeros cuatro meses del 2024, se registraron un total de 253 prestadores en el REPSE del Ministerio de Industria y Comercio, con una mayor afluencia de personas físicas prestadoras. Asunción lidera el total de los nuevos inscriptos, seguido de Central y Alto Paraná.

La Dirección de Normas y Políticas de Comercio de Servicios del MIC reveló que, en el primer cuatrimestre del 2024, un total de 253 prestadores de servicios fueron registrados, en el Registro de Prestadores de Servicios (REPSE), de los cuales unos 139 corresponden a personas jurídicas, mientras que 181 fueron físicas. La mayor cantidad de prestadores registrados se presentó en el mes de abril, llegando a un total de 109.

Es importante destacar que el REPSE, es una herramienta de registro y de formalización tanto de personas físicas como de personas jurídicas, nacionales o extranjeras que prestan servicios en el territorio nacional y que sean contribuyentes del Estado.

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De los 253 prestadores de servicios registrados al cierre de abril, el 98% de los mismos son de la Región Oriental mientras que los restantes 2% corresponden a la Región Occidental.

La capital del país, Asunción, concentra la mayor cantidad de los prestadores de servicios formalizados ante el MIC. Seguido se encuentran los departamentos de Central, con un total de 93 registros; en tanto que Alto Paraná e Itapúa concentran 36 y 18 prestadores registrados.

En términos generales, desde la implementación del REPSE, en octubre del año 2013, hasta el cierre de abril de este año se han registrado un total de 21.062 prestadores de servicios.

Con relación a los primeros sectores prestadores de servicios, la mayor cantidad se concentra en el sector de distribución de mercaderías, con un total de 5.120, seguido de los servicios relacionados a la salud humana y de asistencia social, con 3.252 prestadores.

En una menor medida se sitúan los servicios jurídicos y contables y otros servicios profesionales, con 2.766 y 2.115 prestadores respectivamente. Mientras que los rubros de construcción, apoyo a las actividades empresariales y mantenimiento, reparación e instalación, ronda entre los 1.500 a 1.000 registrados.

En cuanto a la cantidad de mano de obra empleada por los prestadores de servicios registrados en el REPSE, la Dirección señala que en los primeros cuatro meses del año se contabilizaron alrededor de 2.815 personas ocupadas.

¿Qué es el REPSE?

De acuerdo con el director de Normas y Políticas de Comercio y Servicios, Ángel Morel, el REPSE ha adquirido relevancia y protagonismo debido a la concientización e importancia que va adquiriendo el registro de servicios a nivel nacional.

“Esto se refleja en el compromiso asumido por grandes empresas del sector privado en instar a sus prestadores de servicios contratados, sean estos profesionales o empresas proveedoras, a que se inscriban al REPSE conforme a las normativas vigentes, contribuyendo de tal manera a la formalización del Comercio de Servicios”, señaló.

Detalló que dicha herramienta tiene como objetivo la contribución a la promoción y formalización del sector servicios; así también, disponer de una base de datos estadísticos de los prestadores de servicios y apoyar en la formulación de políticas públicas de instrumentos de apoyo al sector.

Entre las ventajas previstas para los usuarios del REPSE, figura el acceso a una base de datos estadísticos desagregados del sector de servicios, además de formar parte del Directorio de Servicios para inversionistas, además de laborar acceder a un margen de preferencia del 40% para las licitaciones públicas nacionales, entre otros beneficios.

La formalización otorga una imagen de responsabilidad social. y permite visibilidad al empresario frente a sus clientes. También brinda seguridad jurídica y facilita el acceso al sistema financiero. El trámite para inscribirse al REPSE es totalmente gratuito, 100% online y el plazo es de 48 horas.

Para conocer requisitos y más datos sobre este registro del MIC, ingresá AQUÍ.

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Doble vara: Abc critica lavado de dinero, pero encubre a sus dueños

El diario Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, se dedica a cuestionar la falta de avances en casos claves de supuesto lavado de dinero. Sin embargo, el multimedio no tiene la misma postura cuando se trata de las causas que giran en torno a empresas ligadas a sus propietarios. Hace más de tres años que la Fiscalía tiene en su poder una denuncia por la presunta participación del banco Atlas en el blanqueamiento de fondos realizado por el exdirigente Nicolás Leoz.

Unidad de Investigación Nación Media

ATAQUES AL MINISTERIO PÚBLICO

A lo largo de la jornada del lunes, por ejem­plo, el grupo Zucco­lillo utilizó su diario digital, su radio AM y su canal de televisión para dar destaque a la supuesta necesidad de un juicio político al actual titu­lar del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández. Esta actitud ya se había dado con la predecesora de Rolón, Sandra Quiñónez.Como dejó en evidencia LN en su edi­ción de ayer, este pedido se da casualmente unos días después de que el titular del Ministerio Público recibiera a Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, quien urgió actuaciones en el caso de supuesto lavado dinero realizado por el fallecido expresidente de la matriz del fútbol sudamericano Nico­lás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

UNA POSTURA QUE VARÍA

Abc ha dedicado páginas y páginas en su diario y sitio web, además de extensos espacios de radio y televi­sión para criticar la para­lización de causas que el grupo Zuccolillo considera “emblemáticas”.

El multimedio de la calle Yegros ha criticado lo que considera la falta de eficiencia del Ministerio Público en los casos de los senadores Her­nán Rivas y Erico Galeano. También ha realizado nume­rosas notas cuestionando la falta de “avances” en cau­sas abiertas contra el expre­sidente Horacio Cartes (ver facsímiles en esta página).

Sin embargo, cuando se trata de sus propietarios, la pos­tura de Abc es totalmente diferente y hasta hablan de persecución selectiva”.

LO QUE ABC NO VE

El 4 de febrero de 2021, la Con­federación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal con­tra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusa­ción se sustenta en una audi­toría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emi­tida por la justicia estadou­nidense.

A pesar de que la investiga­ción contra los directivos del banco Atlas cumplió dos años en febrero pasado, los avan­ces en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encarga­dos del caso, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, se enfren­taron a numerosas dificulta­des, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.

La Fiscalía ha intentado tra­zar la ruta del dinero de Leoz, solicitando al banco Atlas información detallada sobre sus operaciones comerciales, movimientos de fondos, reci­bos y pagos realizados por Leoz desde 2001. El objetivo es determinar si el banco imple­mentó o no los mecanismos antilavado correspondien­tes. Sin embargo, los directi­vos del banco se han negado a proporcionar esta informa­ción al Ministerio Público.

Asimismo, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) no han colaborado suficiente­mente en la investigación. Aunque los directivos del banco Atlas fueron some­tidos a una verificación in situ por la Superintenden­cia de Bancos (BCP), hasta el momento, el Banco Central no ha entregado los resulta­dos de estas supervisiones iniciadas el 30 de mayo de 2022 al Ministerio Público.

En respuesta a las acusa­ciones, el banco Atlas admi­tió en un comunicado que operó con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares desde 2002. Confirmaron haber recibido requerimientos de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en el caso “FIFAGate” y menciona­ron una solicitud de infor­mación enviada por el estu­dio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, con­tratado por la Conmebol, el 12 de agosto de 2016.

Sin embargo, el banco Atlas, representado por su direc­tor Miguel Ángel Zaldívar, se negó a proporcionar infor­mación sobre las operaciones de sus clientes, amparándose en el secreto bancario.