• Por Santiago Rodríguez
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La falta de empleo y las informalidades laborales son el yugo con el que miles de para­guayos deben cargar cons­tantemente, especialmente cuando la economía nacional sigue golpeada tras la pande­mia del covid-19 y por la infla­ción, entre otros factores que frenaron la creación de fuen­tes de empleo en el 2022, el cual para el abogado especia­lista, Enrique López Arce, fue un año bastante duro para el repunte laboral.

Tal como explica el entrevis­tado, el empleo no está divor­ciado de la economía nacio­nal, ya que depende de cómo le vaya al país para que se gene­ren nuevas fuentes de trabajo como son la creación de nue­vos comercios, ampliación de empresas consolidadas u obras de construcción, sean públicas o privadas.

Justamente esta baja gene­ración de fuentes de empleos durante el año pasado es la que prácticamente obliga a miles de compatriotas a caer en la informalidad, haciendo que esta crezca, tal como muestran los datos del informe de la Encuesta Per­manente de Hogares Conti­nua del Instituto Nacional de Estadística (INE) corres­pondiente al tercer trimestre del 2022, en el cual se expone que actualmente hay 426 mil personas con problemas de empleo (238.352 desemplea­das y 188.175 subempleadas).

En ese sentido, el abogado sostuvo que el principal pro­blema con el que hoy día se debe lidiar es la informalidad reinante. Es que debido a esta coyuntura, al 70% de los tra­bajadores le son violentados sus derechos. Esto quiere decir que, tal y como está la situación, el problema no tiene que ver solamente con los pagos de aguinaldo, sino que a 7 de cada 10 trabajado­res actualmente les son vul­nerados sus derechos labora­les, según López Arce y, por tanto, no tienen aguinaldos, horarios o remuneraciones adecuadas, ni menos aún una estabilidad en el trabajo. “De 10 trabajadores, solo 3 cuen­tan con seguridad social debido a la precariedad labo­ral en la que se encuentran”, refirió.

“Cuando a la economía le va mal, hay precariedad laboral. Entonces la empresa le dice a su trabajador. ‘Vos elegís, no te puedo más pagar el sala­rio mínimo, pero te puedo pagar G. 1.500.000, ¿querés quedarte? De lo contrario te tengo que dejar ir’, eso es lo que ocurre, mucha gente pasó a la informalidad”, comentó el especialista.

Actualmente, un millón de personas dependen de empre­sas con entre 2 y 12 colabora­dores, es decir, micro o peque­ñas empresas, las cuales por lo general no cuentan con una estabilidad y, por lo tanto, no suelen superar el año. Esto, según López Arce, contribuyó a que varias de ellas no sobre­vivieran a la pandemia debido a que no cuentan, en su mayo­ría, con la suficiente espalda financiera para afrontar fuer­tes crisis económicas.

“Nuestro desafío es que ten­gamos un mayor porcentaje de empresas grandes, más industrialización”, resaltó el abogado.

Por otro lado, además de los trabajadores dependientes de estas empresas, también se encuentran los jornaleros. Según López Arce, hoy día son 500 mil personas las que trabajan bajo dicha modali­dad, entre ellas unos 260 mil trabajadores de la construc­ción y 200 mil corresponden a personal doméstico quie­nes, que en su gran mayo­ría, no alcanzan a percibir G. 2.550.307 al mes.