Una situación que se arrastra hace tiempo en el Hospital Nacional de Itaugua es la falta de limpieza en ciertas áreas y la escasez de medicamentos que se da en forma intermitente, sobre todo para los pacientes ambulatorios.

Debido a problemas en el servicio de limpieza se rescindió contrato con la empresa Zayr y ahora se encuentra en proceso de licitación un nuevo servicio y esto lleva su tiempo mínimo de tres meses, explicó el doctor Hernán Rodríguez, director del centro asistencial en contacto con la 970 AM.

Explicó que la rescisión de contrato se dio por el incumplimiento por parte de la empresa y citó como ejemplo que si debían llevar 50 bidones de hipoclorito solo llegaban con la mitad o si eran designados para el día 36 funcionarios solo aparecían 6.

“Así no se puede porque el hospital depende de la limpieza diaria porque con eso evitamos infecciones y hay estándares internacionales que debemos cumplir porque hacemos hasta 40 cirugías por día de lo contrario vamos a tener que cerrar las terapias y quirófanos pero las áreas críticas están cubiertas hasta que se pueda concluir el proceso licitatorio”, indicó el profesional.

Por el lado de los medicamentos, indicó que por día son proveídos pero por la alta demanda lo que se entrega a la mañana termina al mediodía. “Tenemos 600 pacientes internados y ahora son la prioridad y eso le explicamos a los pacientes ambulatorios hasta tanto se resuelva la provisión”, señaló.

Los insumos básicos y medicamentos para internados están siendo proveídos y existen otros ítems que son insuficientes como los antibióticos que si son retirados 100 frascos se terminan antes del mediodía.

Recordó que el Nacional contaba con autonomía financiera y eran los encargados de hacer las compras, salvar imprevistos y proveer rápidamente de lo necesaria, por lo que se requiere de la descentralización para cumplir con la demanda.

“Mantener esta gratuidad tiene un costo industrial pero tenemos signos de mejoría y esperamo que para los siguients meses mejore todo, mientras paliamos y no estamos suspendiendo cirugías, si logramos la descentralización y suponemos que a partir de marzo las licitaciones se concluyen porque la salud no puede esperar”, puntualizó.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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