Por hacinamiento y por constatar irregularidades como la insalubridad, las carpas montadas como albergues para familiares de pacientes COVID-19 en el Hospital Nacional de Itauguá serán retiradas, afirmó la Doctora Liz Castro, de la Junta Consultiva del HNI.

Un plazo de tres días se le dio a los familiares para que lleven sus pertenencias sin dar una alternativa donde ubicarse y al comunicarles la resolución alegaron insalubridad siendo que las mismas autoridades permitieron la permanencia de estas personas en estos sitios transitorios.

La decisión de desalojo se da luego de que los familiares denuncien las condiciones precarias y deplorables en las que pasan.

“Como junta consultiva sugerimos retirar las carpas por irregularidades aparte del hacinamiento que ocasionan. Somos el único hospital que dio albergue a familiares. Quisimos ayudar pero realmente vemos que no se toman mínimas medidas”, afirmó en contacto con radio UNO.

Castro manifestó que toda la comunicación sobre el estado de los pacientes se realiza por vía telefónica por lo que “no tiene razón de existir la instalación de carpas” y que la determinación de retirarlas se tomó hace dos semanas.

Sin embargo, los familiares de pacientes deben estar pendientes de las necesidades del día a día atendiendo la escasez de medicamentos e insumos en los hospitales por lo que deben permanecer cerca para responder a los requerimientos de los médicos tratantes.

“Tenemos evidencias fotográficas de las irregularidades de los familiares apostados en las carpas. Le pedimos que se retiren con sus cosas antes que haya más contagios entre ellos”, insistió.

Castro afirmó que estas carpas son un foco de contagio y detalló que fueron encontrados en el basurero del lugar preservativos y bebidas alcohólicas.

Aclaró que las carpas serán retiradas por las irregularidades encontradas y no por las denuncias realizadas por los pacientes con respecto a las condiciones en las que se encuentran en el sitio donde permanecen a la espera de la recuperación de sus seres queridos.

La agente fiscal Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, presentó la acusación contra personas privadas de libertad sindicadas como responsables de fraudes informáticos.

Los implicados, liderados por Charles Albert Arthur David Martínez Camera, conocido como el hombre de las mil voces y condenado por el mismo hecho, habrían falsificado 133 documentos de identidad y utilizado 20 líneas telefónicas en 107 dispositivos móviles.

Mediante la adulteración de datos personales y fotografías, lograron que el sistema de autenticación biométrica “FaceTec” validara accesos no autorizados, permitiéndoles vincular múltiples identidades falsas a una sola billetera electrónica y realizar transferencias fraudulentas.

Los acusados enfrentan cargos por fraude informático, adulteración de documentos y lavado de activos provenientes de sistemas informáticos. El Ministerio Público ha solicitado la elevación de la causa a juicio oral y público.

Se trata de Germán Sergio Benítez Atienza, alias “Anteojito”, quien fue detenido en la ciudad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, tras haber permanecido prófugo de la justicia argentina.

De acuerdo a los datos, Benítez Atienza, de 38 años, es acusado de asesinar a una niña de 13 años en un trágico incidente ocurrido en Argentina el 18 de enero de 2024.

El delincuente, considerado peligroso, fue capturado por agentes del Departamento de Inteligencia Policial de Itapúa, gracias a un trabajo conjunto con las autoridades argentinas. Benítez Atienza está imputado por los delitos de homicidio agravado y robo agravado con el uso de un arma de fuego.

El crimen y la fuga

El crimen ocurrió cuando Benítez Atienza, junto a otros dos delincuentes, irrumpió en una vivienda en Argentina. Durante el asalto, dispararon contra la hija de los dueños de casa, una niña de 13 años, quien murió debido al impacto de bala. Tras el asesinato, el acusado huyó, ya pesar de contar con documentos tanto paraguayos como argentinos, logró evadir la captura durante varios meses.

La detención de Benítez Atienza fue posible gracias a la cooperación internacional entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Con su arresto, las autoridades avanzan en el proceso judicial en busca de justicia para la familia de la víctima.

El Tribunal integrado por Laura Ocampo, Fabián Weisensee y Cándida Fleitas, condenó a Walter Bower a 15 años de cárcel por el hecho punible de tortura contra policías.

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Merardo Palacios y Osvaldo Vera también fueron condenado a 12 y 6 años de cárcel, respectivamente, por el mismo hecho.

Los tres condenados serán remitidos a la cárcel de Viñas.

Walter Bower, y los expolicías, Osvaldo Vera y Merardo Palacios, fueron declarados culpables por torturar a uniformados en mayo del 2000 en la Marina y en la Comisaría 11.

Para el Tribunal de Sentencia quedó comprobado que estas personas participaron en los hechos de maltrato, por lo que, dictaron sentencia contra los mismos.