Caminando llegó a la sede de la Fiscalía de Delitos Económicos el exsecretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann, a quien se oía en todas las conversaciones de los audios filtrados en el Jurado y transmitidos por la 730 AM.

Sin embargo, Fernández Lippmann se abstuvo de prestar declaración ya que si lo hacía hoy, no tendría ningún beneficio, según su abogado Álvaro Arias.

El defensor reveló que busca una salida procesal para su cliente, para lo cual precisa saber quién será el fiscal definitivo del caso

Fernández Lippmann está imputado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación criminal y cohecho pasivo agravado.

La causa abierta en su contra responde a la filtración en noviembre pasado, de 80 grabaciones telefónicas en las que se lo escucha conversar con diversos referentes políticos, judiciales y de otros ámbitos, sobre importantes casos que llegaron a la Justicia.

Debido a esto pasó un mes preso en la cárcel de Tacumbú como medida preventiva pero posteriormente en febrero lo beneficiaron con el arresto domiciliario. Hay varios otros políticos involucrados.

El viceministro Hernán Martínez acudió esta mañana al Congreso, donde se reunió con los legisladores para defender el pedido de un crédito de 45 millones de dólares, que lleva mucho tiempo sin ser tratado por el pleno.

“Necesitamos fortalecer, reconvertir y construir más unidades de salud familiar en Concepción, Caazapá, Caaguazú, ese es el motivo”, explicó Martínez, en charla con los medios de comunicación.

El beneficio alcanzará a 41 distritos, donde los puestos de salud están desfasados, debido a que, en su concepción original, la población era mucho menor a la actual y, por ende, el crecimiento provocó un desfasaje entre la oferta y la demanda.

Muchos de estos centros de atención ampliarán sus horarios hasta las 21:00, aunque la necesidad real es de 24 horas.

Con los 45 millones de dólares también se prevé fortalecer los programas como VIH Sida, tuberculosis, salud materno infantil, entre otras acciones sociales.

“No es solamente atender al paciente que viene enfermo, sino, enseñarle planificación familiar, seguimos teniendo muchas niñas embarazadas”, lamentó Martínez.

La fiscal Viviana Sánchez formuló acta de imputación en contra de un hombre que habría incurrido en el hecho punible de violencia familiar estando presumiblemente bajo los efectos del alcohol. Éste quedó a disposición del Juzgado de Garantías.

El antecedente refiere que el hecho sucedió el 17 de marzo último, en una vivienda ubicada en el barrio San Juan de Presidente Franco. Ese día, el sindicado consumía bebidas alcohólicas hasta que inició una discusión con su pareja porque se negó a comprarle más cerveza.

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La negativa de la mujer, al parecer molestó al sindicado, quien la maltrató verbalmente a la víctima y luego la empujó. Todo esto ocurrió frente a sus hijos pequeños.

Los episodios de violencia serían reiterativos y casi todas las veces ocurren cuando el hombre se encuentra alcoholizado, según refiere la imputación fiscal.

Tras la agresión, la afectada recurrió a la comisaría de la zona y radicó la denuncia contra el presunto agresor, quien posteriormente fue aprehendido por los agentes del orden.

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De su poder fueron requisados un rifle de aire comprimido y una barra de metal.

“Voy a reunirme con mis colegas, con las que trabajé por cuatro años y voy a presentar mi renuncia, en vista a los pedidos de los gremios, son 15 a 20 personas que están ahí, hace mucho tiempo que les molesto”, dijo la doctora Yolanda González, en una entrevista con la 1080 AM.

Anunció que, se tomará unas vacaciones, ya que lleva cuatro años sin hacer una pausa. Posteriormente retornará, pero no solicitará ningún otro cargo superior, ya que prefiere ser médico, según indicó.

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González agradeció al ministro de Salud, Julio Borba, por todo el aporte al Hospital Nacional de Itauguá, que, según ella, en esta administración, recibió el doble de lo que obtuvo en los últimos 30 años.

El repudio hacia Yolanda González se tornó más evidente después del lamentable caso de la paciente de 30 años que dio a luz en el piso, tras lo cual, en sus primeras declaraciones, González responsabilizó a una enfermera, por  no haber detectado la emergencia.

Al escuchar sus expresiones, los gremios de enfermeros manifestaron su repudio y solicitaron al propio Borba la destitución de la directora.

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