Tras las publicaciones de Nación Media que revelaron la falacia detrás del acelerado llamado para contratación de 220 car­gos en Itaipú, llueven denun­cias a nuestra redacción que confirman los vínculos entre altos mandos de la hidroeléc­trica, así como documen­tos de cómo subalternos de la entidad se postulan para ascensos en el Proceso Selec­tivo Externo (PSE).

Desde la Unidad de Inves­tigaciones de Nación Media pudimos comprobar que Katherine Giménez, a quien identificamos como una de las postulantes al cargo de “asistente social”, fue recien­temente nombrada encar­gada de la Secretaría Gene­ral y Archivos del Hospital del Área 2 de la Fundación Tesãi, financiada por Itaipú. La aspirante es hija de Pedro Giménez Abraham, sindica­lista de la hidroeléctrica que cumple funciones como asis­tente de la Dirección Gene­ral y en cuyo historial tiene antecedentes por supuesta lesión de confianza.

Otra de las postulantes que está muy bien conectada es Adriana Lomaquis Sosa, hija del jefe del Departamento de Embalse y Áreas Protegidas de la entidad, Antonio Loma­quis. Adriana figura entre los aspirantes al cargo de “gestor de proyectos” y aparece en fotografías institucionales, dando charlas como parte del equipo de Turismo de la enti­dad y acompañando al super­intendente de Turismo, Juan Azuaga, íntimo amigo del sin­dicado acosador y director de Responsabilidad Social, Gerardo Soria.

Otro colaborador de esta misma dependencia que figura en la lista de aspiran­tes es Armando Ezequiel Ríos Moreira, que figura como “aprendiz” en el área de Turismo, y ahora busca incorporarse al plantel pro­pio de la binacional a través de este llamado en el cargo de “auxiliar” del área.

Es de resaltar que todas estas conexiones giran en torno a la rosca de Soria, simpatizantes a la pesca de puestos clave en la referida convocatoria vinculados al superintendente de Turismo, Juan Azuaga; el superintendente de Recursos Humanos, Claudio Garcete, y el asistente de la Dirección General, Pedro Giménez, todos ellos del mismo equipo político.

Hay que recordar, además, que desde la hidroeléctrica refirie­ron que el llamado fue diri­gido para la contratación de “nuevos profesionales” en un principio, pero que los funcio­narios de su propio plantel tie­nen su visto bueno para utili­zar este concurso para buscar “pasar de nivel”, debido a que no hay regla que los impida. Esto es una bofetada para los miles de aspirantes calificados cuyas esperanzas caen al suelo ante la clara ventaja con la que cuentan los trabajadores de la binacional que ya cono­cen el manejo interno de la institución a la cual buscan incorporarse.

Desde un principio, el llamado a contratación para los 220 car­gos vacantes en Itaipú fue blanco de críticas debido al limitado rango de edad establecido entre los requisitos excluyentes del Proceso Selectivo Externo (PSE).

“A Itaipú se le olvida que no es una empresa privada y pasa por alto lo establecido en la ley”, refiere una de las denuncias que llegaron hasta nuestra redac­ción. Los señalamientos de que con estos límites de edad la bina­cional estaría discriminando a quienes buscan incorporarse a su plantel, hacen referencia a lo establecido en la Constitución Nacional donde se asegura que el Estado garantizará la igualdad para el acceso a las funciones públicas (Artículo 47) y que no se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por moti­vos de edad (Artículo 88).

Los acusados son el comisario Hugo Regis Florentín (50), el subcomisario Manuel Ramón Villalba Gómez (41) y el suboficial principal Richard Antonio Sebriano Silvero (45), todos en su momento prestaban servicios en el departamento de Investigación de Delitos de Alto Paraná.

Además del oficial primero Roberto Samaniego Parquet (32) y los suboficiales César González Agüero (24), Javier Antonio Martínez Ocampos (29), Alfredo Villalba Agüero (26), Rubén Darío Giménez Maidana (41), Jaime Javier Ramírez Brítez (33), Alder Centurión Céspedes (35) y Pedro Osvaldo Brítez Achar (35), quienes a su vez cumplían funciones en el Grupo Especial de Operaciones (GEO).

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El crimen se produjo el 19 de noviembre de 2022, en el kilómetro 12 Acaray, a unos 6.500 metros de la Ruta PY02, de Ciudad del Este, donde resultó como víctima fatal Alex Enrique Alejandro Ortiz Estigarribia y baleada Gloria Yetsica Espínola Cáceres, quien meses después también falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas.

Según los antecedentes, los agentes policiales habrían participado de un procedimiento, que culminó supuestamente en un enfrentamiento a mano armada con personas civiles. En dicha circunstancia, presumiblemente fueron baleadas las víctimas que circulaban en un automóvil Toyota Allion, de color azul, que estaba al mando de Ortiz Estigarribia, quien recibió varias heridas y falleció cuando era trasladado a un centro asistencial. A su vez, Gloria Yetsica murió el 7 de febrero de 2023, tras permanecer 78 días hospitalizada.

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Finalmente, tras concluir el plazo establecido por el Juzgado, el Ministerio Público formuló la acusación y presentó un cúmulo de pruebas contra los acusados, que incluye peritajes, testimoniales, anticipo jurisdiccional de pruebas, entre otros elementos. La acusación se basa en el cargo de homicidio doloso en coautoría.

Ante la gravedad de la denuncia por parte de un usuario del hospital Psiquiátrico, el Ministerio de Salud dio apertura a una investigación desde la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica, que se presentó en las instalaciones durante la jornada de este miércoles.

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Finalmente, la cartera sanitaria dispuso la intervención del neuropsiquiátrico a través de la resolución S.G. N° 548, en el cual se asigna a interventores representantes de varias dependencias del Ministerio de Salud para que puedan recabar datos específicos y analizar el caso, en un periodo que no debe pasar los 30 días.

De acuerdo a Salud, la intervención se realizará con el fin de constatar el funcionamiento del servicio en el hospital y adoptar las medidas correctivas.

La denuncia fue realizada por el ciudadano Alexis Gallagher, quien a través de sus redes sociales expuso los supuestos tratos que sufrió cuando fue internado en el 2021 en el Hospital Psiquiátrico.

La Cámara de Diputados aceptó este miércoles la objeción total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley “Que concede al Congreso Nacional, por el término de veinte años, la administración de las plazas: De Armas; Juan de Salazar; Constitución; De la Independencia; y de la Plaza del Congreso, pertenecientes a la Municipalidad de Asunción, sin afectar el carácter de dominio público, ubicadas en el distrito de La Encarnación de la ciudad de Asunción y deroga el artículo 2° de la Ley N° 6.284/2019, Que declara patrimonio histórico nacional las plazas: Independencia, Juan de Salazar y la de Armas de la ciudad de Asunción”.

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La propuesta tenía la finalidad de mejorar, revitalizar, hermosear y proteger los recursos naturales; así como recuperar y revalorizar el patrimonio histórico y cultural de la Nación, en los referidos inmuebles.

En contra del proyecto, el Poder Ejecutivo alegó que el Art. 166 de la Constitución Nacional, determina que “las municipalidades son los órganos de gobierno local con personería jurídica que dentro de su competencia tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos”.

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Desde el Ejecutivo refirieron además que el proyecto de ley, al conceder al Congreso Nacional la administración de plazas públicas, propiedad de la Municipalidad de Asunción, podría transgredir la autonomía municipal, y en ese sentido, otorgar al Congreso atribuciones que, en general, corresponden a las municipalidades.

Por otro lado, argumenta que el Art. 168 señala que las municipalidades tienen como atribución “la libre gestión en materia de su competencia, particularmente, en las de urbanismo, ambiente, abasto, educación, cultura, deporte, turismo, asistencia sanitaria y social, así como la administración y disposición de sus bienes”.