De esta diligencia deben participar a parte del senador, su esposa Marly Figueredo, Silvio Alvaro Alfaro, Eduardo Domínguez y Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo. El juez Delmas deber resolver si el caso será o no elevado a juicio oral y público.

La acusación la presentó el fiscal Osmar Legal contra Rodolfo Max Friedmann Alfaro, por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado en calidad de autor. Silvio Alvaro Alfaro Bertolo, por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autor. Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo, por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autora. Eduardo Domínguez, acusado por lavado de dinero y asociación criminal. Marly Eliana Figueredo López, por lavado de dinero en calidad de autora.

En su escrito el agente fiscal hace un relato de los hechos señalando que Rodolfo Friedmann entre los años 2013 y 2018 era gobernador del departamento del Guairá, en esa misma época la empresa Eventos y Servicio S.A (ESSA) proveyó el almuerzo escolar a la gobernación en los periodos 2016 y 2017, en principio la firma era propiedad del diputado Ever Noguera y Hugo Alexander Torales, sin embargo Friedmann hizo un millonario aporte para potenciar la firma tuvo participación en la empresa y en tal carácter impuso varias condiciones, una de ellas que formara parte de la firma Silvio Alfaro Bertolo, su primo hermano y además que la contadora sea la Lic. Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo, así mismo sugirió que ESSA abriera cuentas bancarias en guaraníes y dólares en el Banco Interfisa, sucursal Villarrica, de donde después iba sacando millonarios montos para hacer compras.

Haciendo una investigación de los hechos el Ministerio Público plantea la siguiente hipótesis, existe un esquema delictivo, a través del cual Rodolfo Max Friedmann Alfaro, durante su administración al frente del gobierno departamental del Guairá, autorizó y suscribió, para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bienes con una empresa que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía.

A su vez mediante ese esquema montado por Rodolfo Friedmann, se posibilitó a través del uso de la esa persona jurídica (ESSA), el ocultamiento de los beneficios indebidos obtenidos por su participación en la autorización y suscripción de contratos administrativos para el suministro de bienes para la Gobernación con una empresa vinculada directamente con él, pues él tenía el control y dirección de la misma.

Ahora el juez Delmás debe analizar todos estos puntos y decidir si eleva o no el caso a juicio oral y público.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.