Los prófugos, Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán llegaron a Helsinki el pasado miércoles vía Madrid desde Uruguay gracias a la mediación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), pese a las protestas del Ejecutivo paraguayo, que los considera criminales y no refugiados políticos.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Finlandia confirmó a EFE que su Gobierno mantiene contactos con las autoridades paraguayas acerca del caso, pero se negó a dar más detalles.

“En general no solemos comentar cuestiones bilaterales entre dos países, pero solo puedo decirle que hemos estado discutiendo el asunto con las autoridades paraguayas a través de los correspondientes canales diplomáticos”, dijo el portavoz finlandés.

“Todos los asuntos relacionados con el asilo político corresponden al Servicio Finlandés de Inmigración, no al Ministerio de Exteriores”, añadió.

Desde el Servicio Finlandés de Inmigración tampoco quisieron dar ninguna información relacionada con Arrom, Martí y Colmán, alegando que todos los procesos de asilo son confidenciales por ley para garantizar la seguridad de los refugiados.

La escasa prensa finlandesa que ha cubierto el caso de los tres activistas prófugos tampoco ha logrado hasta la fecha obtener ninguna información del Gobierno de Helsinki y ha basado su trabajo en lo publicado en medios paraguayos.

La oficina nórdica de ACNUR (La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados), con sede en Estocolmo, también se negó a dar cualquier tipo de información o comentario sobre el caso, aunque fue esta organización, según el Gobierno paraguayo, la que permitió y financió la huida a Finlandia de los tres activistas.

Las autoridades de Paraguay acusan a ACNUR de actuar de forma arbitraria en este caso y han criticado a Uruguay por permitir la huida de los activistas y a Finlandia por darles refugio.

Arrom, Martí y Colmán, miembros del desaparecido Partido Patria Libre (PPL), son reclamados por la Justicia paraguaya por el secuestro en 2001 de María Edith Bordón, nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, quien fue liberada a cambio de dinero en 2002.

Tras ser acusados de secuestro, lograron huir a Brasil, donde recibieron asilo político y vivieron durante 17 años, hasta que el pasado agosto les fue retirado el estatus de refugiados y huyeron de nuevo, en esta ocasión a Uruguay. EFE

“Es una cantidad importante de personas que están afectadas a este problema. Hay un plan que está en marcha para hacerle frente, a pes de que los recursos que se tiene”, dijo Gutiérrez en conversación con la 1020 AM.

Subrayó que el proceso para el abordaje, consta de pone a los afectados en programas de desintoxicación, por un lado, y luego un tratamiento para darle seguimiento para su inserción. Eso -apuntó- requiere de ingentes medios, desde la perspectiva de abordaje oficial.

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El ministro Gutiérrez puso de ejemplo el caso del chico de 14 años, adicto, que robó 19 computadoras de la Universidad Católica, requiere un período para desintoxicarle de su adicción (al crack) que después necesariamente implicará seguir el acompañamiento, para evitar su reincidencia en el consumo.

Cabe indicar que el gobierno lanzó un programa interinstitucional, para hacer frente a la epidemia de adicción a las drogas, principalmente el crack.

“Hemos planteado un nuevo sistema de acreditaciones que genera limitaciones por piso; también estamos haciendo las gestiones pertinentes para contar con detectores de metales que permitan tener una mayor claridad y un mayor control de todo lo que pasa en el edificio”, remarcó el presidente a medios acreditados.

El diputado indicó que se encuentra, absolutamente, prohibido para cualquier civil, fuera de los efectivos de la Policía Nacional, portar armas dentro del edificio. “Estamos ajustando las medidas de seguridad”, recalcó.

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Señaló, por otro lado, que no le consta que los guardias privados de los legisladores ingresen al edificio armados.

“Naturalmente existe una proporción importante de legisladores que tienen una escolta policial permanente, por la delicadeza de las funciones que realizan, pero no me consta que haya ningún guardia privado armado”, aseguró.

El servicio de monitoreo telefónico “Teledengue”, habilitado meses atrás por el Ministerio de Salud como parte de la epidemia de dengue, ha dado seguimiento a miles de pacientes desde su puesta en marcha.

A la fecha, se logró hacer un monitoreo efectivo a 21.777 pacientes, mientras que se se realizaron un total de 69.915 llamadas, contabilizando desde el pasado 8 de enero, de acuerdo al reporte.

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Asimismo, se han finalizado satisfactoriamente 8.866 controles, mientras que 171 pacientes han sido derivados a centros médicos para intervenciones más especializadas, garantizando una atención adecuada y oportuna.

Desde la cartera de Salud destacan el importante papel que juega el servicio de Teledengue en la reducción de la saturación hospitalaria, al gestionar casos de manera efectiva a través de seguimientos telefónicos.

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Esta iniciativa no solo beneficia a los pacientes al brindarles atención personalizada, sino que también contribuye al manejo oportuno de posibles complicaciones asociadas con el dengue, esto mediante las orientaciones de profesionales a cargo de gestionar las llamadas.

La institución reitera la importancia de que los pacientes contactados acudan al establecimiento médico más cercano en caso de presentar signos de alarma, enfatizando que estas llamadas no sustituyen la consulta médica presencial.