• Por Jorge Torres, periodista, enviado especial a Río de Janeiro, Brasil

Valeriano se mostró atento y amable al inicio de la entrevista, de la cual también participó su colega Marisa Ferrari, quien dijo que no quería hablar, solo observar. Al fiscal le incomodaron las reiterativas preguntas sobre las pruebas halladas. Finalmente terminó reconociendo lo que objetivamente tienen: una carta y mensajes de Whatsapp. Asume que la fiscalía tiene la atribución de interpretar las pruebas y a partir de ellas solicitar órdenes de prisión. Las conjeturas que fueron sacando les llevó a presuponer que las 18 personas indiciadas formarían parte de una organización criminal, basados única y exclusivamente en el caso de cómo operó Sergio Cabral, el ex gobernador de Río de Janeiro. Sobre la denuncia de la abogada Leticia Bóbeda, quien dijo que le editaron su conversación de Whatsapp para hilar con la hipótesis de la fiscalía, dijo que la afectada puede solicitar la pericia de su teléfono, pero no respondió acerca de que los prints de mensajes por separado pudieron llevar al juez Marcelo da Costa Bretas a tener una interpretación errónea de los hechos. Acerca del principio de territorialidad, afirmó que se basaron en convenios internacionales, lo que a su criterio les permite juzgar en el Brasil a paraguayos por supuestos delitos que estos habrían cometido en Paraguay, sin importarles lo que establece nuestra Constitución Nacional. El fiscal parte de la premisa de que como Cartes era amigo de Messer, independientemente a que en su carta le haya aclarado para qué quería el dinero, esa plata se pudo haber usado para otros fines, pero tampoco pudieron, hasta ahora, demostrarlo. Aclaró que los abogados de los señalados pueden ir a reclamar las pruebas obtenidas en la investigación o acudir a otras instancias dentro de la estructura judicial del Brasil. Valeriano se mostró dubitativo, pendular y poco claro sobre el contenido de las pruebas que llevaron a tomar decisiones como ordenar las prisiones preventivas.

–¿Por qué teniéndolo acá ya preso a Darío Messer se insiste en el caso, incluso hasta más allá del Brasil?

–La investigación de la Fuerza de Tarea Lava Jato en Río de Janeiro no se resume solo al caso Darío Messer. Tenemos más de tres años de trabajo sobre la organización de Sergio Cabral, que ha sido el gobernador del estado de Río. Entonces, en cada fase del operativo profundizamos y miramos en una parte de la organización criminal. Eso nos llevó a la organización criminal de Messer. Empezamos con la presión de “Juca” y “Tony” (Vinicius Claret, “Juca Bala”, y Claudio Barboza, “Tony”), que trabajaban para Messer desde Uruguay y son los responsables de la entrega de dinero en activo para pagar coimas a los agentes públicos. Entonces, después de eso partimos para la parte financiera, que eran todos los cambistas que operaban y hacían posible el pago de esas coimas, lo que llamamos “dólar cable”, que son las entregas de dinero en efectivo para pagar coimas y el envío al exterior para el lavado de dinero. Posteriormente, en mayo pasado llegamos a una organización criminal y pedimos la prisión de más de 50 cambistas que hacían posible el pago de las coimas. El mayor de ellos estaba prófugo por más de un año, oculto en las haciendas de la región de Salto del Guairá (Paraguay) y Brasil. Con la prisión de Messer, el 31 de julio de este año, profundizamos las investigaciones a partir de los allanamientos y las pruebas colegidas en su teléfono móvil y otras pruebas más. Así llegamos también a esas 18 personas.

–Tras la captura de Messer, ¿el elemento más importante que obtuvieron como prueba fue el contenido del teléfono celular?

–Sí. Durante mucho tiempo la Policía Federal Brasileña ha intentado hacer un acompañamiento de la pareja de Messer, Myra, y llegamos hasta el local donde estuvo ocultado, al departamento en San Pablo. A partir de ahí, obtuvimos su teléfono y pudimos conocer cuál era la estructura de la organización que le dio todo su poder para mantenerse prófugo por tanto tiempo, así como la constitución de cuentas offshore en Estados Unidos, dinero que envió a las Bahamas y dinero que mandó a su pareja. Las personas que lo ocultaron fueron Da Mota (Antonio), Felipe Cogorno y Roque Silveira. Le ayudaron con los montos para mantenerse.

–En el informe elaborado por los investigadores de la Policía Federal no piden prisión preventiva para Horacio Cartes. ¿Ustedes aportaron algún elemento nuevo en esa investigación para decidir la prisión preventiva?

–Es importante decir que la Policía hace un trabajo investigativo. El trabajo jurídico y la interpretación de las pruebas es un trabajo de la fiscalía. Es la fiscalía la que tiene que definir quién debe o no ser acusado. Entonces, ante todas las pruebas colegidas en la investigación de la Policía, la fiscalía entiende que había una participación efectiva del señor Cartes, de que había pruebas suficientes para pedir su prisión y se solicitó a un juez, quien también entendió que era posible.

–¿Cuáles fueron esas pruebas?

–Podemos hablar que había charlas de Messer con su pareja Myra, también con su hermano Julio, quien vive en Nueva York. Hablaban de la entrega de 500 mil dólares por Horacio Cartes para ayudar a Messer. También en determinado momento, Messer se dirige a Roque (Silveira) y Felipe (Cogorno) y les pide ser los intermediarios para recibir esos montos enviados por Cartes.

–¿En esa conversación entre Messer con Myra y Roque se habla de que Cartes entregó los US$ 500 mil?

–Sí. Porque Messer le dice a Myra que va a pedir a Roque que mantenga consigo el monto y que le pase en la medida que lo necesite.

–Pero en la carta de puño y letra de Messer se lee que pide ese monto para cubrir los gastos de su proceso judicial con los abogados. ¿Por qué ustedes concluyen que esa plata se usó para financiar la organización criminal, siendo que el propio Messer aclara en qué usaría ese dinero?

–Messer estaba prófugo. Le dice tanto a Myra como a Julio que obtuvo la ayuda de Cartes. Es importante decir que una de las abogadas, Leticia Bóbeda, había ofrecido un intento de pago de coima al ministro del Interior para obtener ventajas para Messer.

–¿Qué tiene que ver el caso Bóbeda con la carta? Antes de entrar al tema Bóbeda, ustedes recibieron el informe de la Policía Federal, allí estaba la famosa carta, en la misma el propio Messer aclara para qué solicita el dinero. Era para pagar a sus abogados. Insisto, ¿cómo concluyen o sostienen que se usó para financiar la organización criminal?

–Creemos que la organización criminal estaba en pleno funcionamiento y todo lo que se usó para la manutención de Messer como prófugo era parte de eso.

–¿Cómo confirman eso?

–Tenemos las charlas de Messer en su teléfono. Lo que contiene el informe es un resumen que ha sido dado a la prensa a partir del proceso.

–¿Ustedes concluyen que se entregaron los 500 mil dólares basados en las conversaciones de Whatsapp?

–Sí, por los chats.

–Entonces, ¿le mintió Messer a Cartes al decirle que usaría ese dinero, en caso de que sea real que se haya entregado la plata, para pagar a sus abogados?

–Creo que es importante decir que tenemos ahora un pedido inicial que se trata de una prisión (el fiscal le mira a su colega Ferrari y duda para dar su respuesta). Esta es la fase inicial, la investigación prosigue. Hasta ahora no hay una denuncia formal. La denuncia es el acto por el cual se inicia el proceso judicial. En estos momentos tenemos solo el pedido de prisión e investigación, no una acción penal. Tenemos más allanamientos, pedidos de prisiones efectuadas esta semana. La intención es conseguir más pruebas y entender todo el contexto de la organización criminal.

–O sea, ¿no tienen más pruebas? (interrumpe la fiscala Ferrari y le pide a su colega que hable de la conversación vía Whatsapp sobre la supuesta sugerencia de Cartes al pedirle a Messer que se entregue después del 15 de agosto).

–Por eso hablamos de una organización criminal. Todo está interconectado (interrumpe de vuelta la fiscala Ferrari y sugiere a Stanley que diga que Messer tuvo contacto con Cartes y que le llamaba “Patrón”).

–Usted aclara que esto es el inicio de una investigación y que todo lo que tienen hasta el momento son la carta y las charlas de Whatsapp. Es decir, solicitaron prisión preventiva con base en una carta de puño y letra, y charlas de terceros y sobre una supuesta entrega de la plata, que en realidad era para financiar costos de abogados y no la organización criminal como aseguran?

–Sí. Cartes estaba en el teléfono móvil de Darío con el apodo de “Rei” y “Patrón”. Ese incluso es el nombre del Operativo Patrón, en referencia a Cartes. Tenemos el pago de los 500 mil dólares, que Messer pidió que se le entregue a Roque. También hubo conversaciones entre Roque y Messer en las que decían que Cartes determinó que se entregase después de salir de la Presidencia. También con la interferencia de la abogada Leticia Bóbeda y Roque promete a Messer que será posible entregarse para lograr una prisión domiciliaria. No se le extraditaría al Brasil y que se mantuviera cerca de una comisaría.

–¿Dónde se configuraría el delito de la participación de Cartes? ¿Solo a través de la carta y las conversaciones de terceros?

–Sí. Siempre era sabido que Cartes era conocido como “el hermano del alma” de Messer. Durante ese tiempo, de un año y un poco más en que estuvo Messer prófugo, sabíamos que tenía ayuda de mucha gente, los contactos, la carta, contacto de Whatsapp, las conversaciones con Roque, con Myra y con Julio. En determinado momento Messer dice a Myra que Julio ha conseguido hablar con Cartes y que iría a hablar con Cartes para ayudarlo. (La fiscala Ferrari le pasa una nota escrita en papel a Stanley. Al parecer le indica que culmine la entrevista).

–O sea, ¿hasta ahora solo son presunciones e hipótesis de lo que ustedes estiman que sucedió?

–Sí, indicios.

–Los abogados brasileños de Cartes sostienen que para aplicarse la prisión preventiva deben darse varias condiciones, elementos demostrables. Alegan que los argumentos de la fiscalía son vagos, no sustanciales: una carta que no demuestra si efectivamente llegó y si así fuera, cómo se sabe que ese dinero se usó para financiar el crimen organizado cuando el propio Messer aclara para qué pedía el dinero. ¿Las presunciones y las hipótesis bastan para ordenar la prisión?

–Sí. La prisión está prevista con base en indicios. Las investigaciones prosiguen. Cuando la fiscalía tenga las pruebas suficientes hará la acusación.

–Con el tema de la territorialidad, ¿hasta dónde los fiscales brasileños pueden investigar a paraguayos por supuestos delitos cometidos en Paraguay?

–El tema de la transnacionalidad es muy importante hoy. Tenemos un mundo globalizado. Las interacciones financieras ocurren apenas con un toque del teléfono móvil. Se pueden hacer transferencias de Paraguay a Suiza, de Suiza a China. Entonces es muy fácil para que la criminalidad se filtre en un país y produzca efectos en otro. Tanto Brasil como Paraguay se ven obligados por las convenciones de Mérida y Palermo a combatir el crimen internacional, las organizaciones criminales y la corrupción. Lo que tratamos ahora en estos tres años de la investigación contra Sergio Cabral, que era gobernador del estado de Río, es cómo todo está interconectado, cómo Cabral remitía montos de Río a Suiza y también a Estados Unidos, Bahamas y cómo puede mantenerse oculto. Este señor llevó más de 400 millones de dólares y eso fue posible con el uso de la organización criminal de Darío Messer. Entonces, es importante comprender que un ciudadano brasileño que cometa crimen acá en Brasil puede producir efectos en Paraguay y alrededores.

–Invocan convenciones internacionales, pero la Constitución paraguaya está por encima de los tratados internacionales. Los supuestos delitos cometidos por paraguayos en Paraguay se juzgan por la justicia de Paraguay, no por la justicia brasileña. Siguiendo su lógica, fiscales paraguayos podrían investigar al presidente actual (Bolsonaro –tema acta bilateral–) o al ex presidente Lula. En ambos casos también hay más que presunciones sobre que pudieron haber cometido delitos que perjudicaron al Paraguay.

–Si hay datos y si hay pruebas para eso sí es posible. Usted dice que la Constitución está por encima de los tratados internacionales, pero el Estado elige si desea o no someterse a los tratados internacionales, por principios del derecho internacional y por los cuales se obligan a combatir firmemente crímenes, ocurran ellos en su territorio o solo los efectos y el combate presume por el principio, que es investigar o extraditar. Las dos cosas son posibles y no se excluyen.

–¿Quieren que los ocho paraguayos indiciados por ustedes de haber cometido delito, encima en Paraguay, vengan a terminar presos en una cárcel de Brasil?

–Sí. Vamos a pedir a la Justicia paraguaya. La Corte paraguaya va a decir si el caso corresponde o no. Hay leyes y tratados internacionales por los cuales los Estados se obligan también a la extradición y hay requisitos que son obligatorios.

–¿Las pruebas que tienen y de las que hablan son las mismas que enviaron al juez Marcelo da Costa Bretas o tienen algo más?

–Hay otros elementos como todo el contenido de los teléfonos móviles, de los documentos del allanamiento. Los nuevos teléfonos móviles que fueron incautados en los allanamientos. Cualquiera de los investigados, los abogados que quieran decir que no existe una firme relación de su cliente con el caso que investigamos, pueden presentar un teléfono u otros documentos. Esta es una fase inicial de la investigación. La denuncia es el inicio de la investigación penal. Todos van a tener la oportunidad de presentar sus pruebas.

–¿Pero hasta ahora todo lo que tienen son los mensajes?

–Sí. Es importante decir que el mismo Congreso Nacional de Paraguay tiene informes en que determinan la investigación del Banco Basa y de varias otras personas involucradas en la organización criminal, incluso el senador Cartes.

–Ese informe de la comisión concluye que no hay vínculos comerciales entre Messer y Cartes.

–Pero lo reportan a la Fiscalía paraguaya para que lo investigue.

–¿La abogada Leticia Bóbeda muestra su celular y afirma que la fiscalía editó su conversación a fin de adecuar su contenido a la hipótesis de ustedes? No hay relación entre lo que ustedes mostraron y el teléfono de la abogada.

–La fiscalía tiene mucha responsabilidad con todas las pruebas que presenta al juez. Las pruebas de los teléfonos, todas las charlas, las conversaciones de Whatsapp están sometidas a pericia técnica de la Policía Federal, que tiene la capacidad de determinar si hubo o no una interferencia o edición de los mensajes. Todos los abogados de todas las partes tienen el acceso y completo contenido de todas las pruebas que están en el proceso.

–¿Por qué en el caso Bóbeda solo mostraron dos prints de mensajes que no tienen relación el uno con el otro?

–Porque demostramos lo que creemos es importante para que el juez conozca.

–Pero al editar los sacan de contexto.

–El juez tiene la posibilidad de consultar todo el contenido y las partes también. Los abogados también.

–Pero si muestran al juez fragmentos fuera de contexto, la decisión del juez puede ser errónea.

–La hoja en la que la fiscalía pide la prisión de las 18 personas tiene más de 50 páginas y creo que el informe tiene 100 páginas. El contenido de un teléfono a veces se va a 40 mil páginas, es imposible técnicamente juntar todo el contenido para que el juez lo conozca.

–El contenido completo es difícil, pero la información sesgada tampoco corresponde.

–La posibilidad de defenderse de la abogada debe ser ejercida por su abogado, no por la prensa.

–Pero la prensa pregunta y existen muchas dudas sobre su relatorio, que difiere del de la Policía Federal. ¿Por qué hicieron eso?

–La abogada si quiere puede entregar su teléfono. No es posible discutir acá casos que están en proceso, sin someter a una pericia técnica.

–¿Están al tanto del hábeas corpus presentado por los abogados de Cartes?

–Eso se maneja en otra instancia, en el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región. Ellos son responsables del análisis de los recursos.

–Hay antecedentes en el caso Lava Jato de que el Tribunal Federal enderezó la investigación al considerar que la fiscalía pudo extralimitarse en sus funciones. ¿Han cometido errores de interpretación?

–El sistema judicial está hecho para que el Ministerio Público presente los casos al juez con las pruebas que han llegado a la fiscalía producidas por las partes, la fiscalía o la policía. El juez puede hacer ese filtro. Las partes también tienen la seguridad jurídica y se le garantiza para que puedan recurrir a un Tribunal Superior para que los casos sean reverificados. Eso da mayor garantía a la justicia y la Corte compuesta por más jueces.

–Otro fiscal que coopera con ustedes declara que Cartes forma parte de una organización criminal. ¿Cómo llegó a esa conclusión siendo que reconocen que la investigación está en su fase inicial?

–Vamos a esclarecer. La Fuerza de Tarea de Lava Jato está compuesta por 11 fiscales. No se llega a una idea o investigación de un caso por una mera conclusión por una simple prueba. Hemos investigado a la organización de Sergio Cabral por más de tres años y a la organización criminal de Messer más de dos años. La organización criminal de Messer ha sido investigada varias veces, desde la década del 90, y nunca se ha profundizado tanto para saber el alcance o el poder de la organización. No se llegó al nombre de Cartes por una prueba, sino por todo un contexto.

Nota de la Redacción: El fiscal concluye la nota ofuscado y se retira sin despedirse, solo lo hace su colega Ferrari.

Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

Te puede interesar: Selva Hũ se dedica a vender ropas “Todo x 20 mil” y no a plantar marihuana, dice su abogado

Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

Lea también: Intervienen obra para supermercado ante intención de talar árboles del “Bosque San Vicente”

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

Te puede interesar: Intervienen obra para supermercado ante intención de talar árboles del “Bosque San Vicente”

Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

Leé también: Prosigue búsqueda de supuesta “monja” acusada de explotar a menores

Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.