Tras culminar el allanamiento a las oficinas del Departamento de Informática de la Policía Nacional, el agente fiscal Rodrigo Estigarribia brindó detalles sobre el trabajo llevado a cabo en el sitio.

Según mencionó, se hizo un revisión del software con especialistas y técnicos, a fin de conocer su funcionamiento y la manera en la que se realiza la carga de datos.

Respecto a la modificación de la causa de José Luis Bogado Quevedo, explicó que “todo está dentro del sistema” y que “nada se borró”, por lo que quedan un registro de los cambios efectuados.

En este caso puntual, se sobreescribió otra causa distinta en la que corresponde a Bogado, de acuerdo a lo manifestado por el fiscal. En su reemplazo, se habría cargado un oficio por incumplimiento de prestación alimentaria.

El suboficial Ramón Vargas Espinoza, quien aparece como responsable de hacer estos cambios, tenía un nivel de modificación en el sistema policial, por lo que solo podía sobrecargar datos pero no suprimirlos directamente.

Al hacer una modificación de este tipo en el sistema, lo que se hace es crear otro nuevo registro, lo cual habría impedido que se pueda visualizar la orden de captura internacional que pesaba contra Bogado.

“Son personas que tienen capacitación para hacer este tipo de actividades”, mencionó Estigarribia. En total son 35 funcionarios los que cuentan con autorización para realizar las modificaciones y cargas de datos en el sistema de la Policía Nacional.

El agente fiscal anunció que se solicitará una auditoría de los usuarios que pudieron haber modificado los datos en el sistema informático. Igualmente, dijo que no se descarta que otras personas pudieran estar implicadas.

A través del Decreto N° 3900, el Poder Ejecutivo este viernes oficializó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para el periodo 2025-2028.

Dicho plan gubernamental será implementado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), con el propósito de fortalecer la seguridad digital del país.

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La aprobación de esta iniciativa es el resultado de un proceso de trabajo extenso y colaborativo, que se intensificó en los últimos meses e involucró a diversos actores, incluyendo a la sociedad civil, el sector privado y la academia.

Entre los aspectos más destacados de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se encuentran: la protección de infraestructuras críticas, la mejora en la respuesta ante incidentes y el desarrollo de capacidades humanas y técnicas, entre otros.

Con una visión renovada, la nueva estrategia despliega un marco integral que actualiza y moderniza las líneas de acción. Asimismo, fortalece la gobernanza, promueve la cooperación nacional e internacional, y prioriza un enfoque centrado en las personas, con especial atención a los grupos más vulnerables.

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Esto marca un paso trascendental en el camino que sigue Paraguay hacia un ecosistema digital más seguro e inclusivo, consolidando el proceso de actualización iniciado en marzo de 2024.

Para ello, se tuvieron en cuenta los avances del Plan Nacional de Ciberseguridad 2017, en respuesta a la necesidad de adaptarse a un entorno digital en constante transformación.

Cerca de las 22:00 hs de este jueves se registró un hecho de robo agravado en un domicilio particular situado sobre las calles Teniente Juan Benítez y Guaraníes, en el barrio Nazareth de Asunción.

Resultaron víctimas Shyrlene Arasy Coronel de Samudio (47), su madre y sus dos hijos, quienes fueron visitados por una banda criminal en medio de la noche.

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Tres delincuentes irrumpieron repentinamente en el portón, aprovechando el momento en que una enfermera que fue para realizar un trabajo de curación se disponía a retirarse.

A punta de arma de fuego, los ladrones forzaron a esta trabajadora y a la dueña de casa a ingresar nuevamente dentro de la vivienda, donde hurgaron en busca de dinero. “Se subieron en mi dormitorio y sacaron todo, estaba patas para arriba”, afirmó Coronel en entrevista con el canal GEN.

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Fue así como se apropiaron de una suma aproximada de G. 15 millones, conforme a los datos preliminares. Posteriormente, se dieron a la fuga a bordo de un vehículo Toyota Allion de color bordó, el cual tenía una denuncia de robo y fue abandonado hacia Fernando de la Mora.

La víctima definió a los autores del asalto como personas jóvenes y “de buen pasar”. Los mismos iban con pasamontañas y solo se comunicaban en castellano.

Son postulantes para ingresar a 28 Institutos de Formación Docente, 8 de gestión oficial y 20 de gestión privada, los que deberán repetir la prueba, debido a irregularidades detectadas en la aplicación de la primera evaluación en abril pasado.

Están convocados a la prueba 2.340 postulantes, distribuidos en 12 Centros de Aplicación ubicados en los departamentos de San Pedro, Guairá, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná, Paraguarí y Central.

Cabe mencionar que, la reiteración de esta evaluación tiene como objetivo garantizar el acceso en condiciones equitativas a los programas formativos, respetando los principios de calidad y transparencia en los procesos de ingreso a la formación docente.

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Como medida de seguridad, este proceso selectivo será acompañado y asistido por funcionarios de la cartera educativa, en carácter de coordinadores de equipos de evaluación, aplicadores y asesores jurídicos.

Asimismo, teniendo en cuenta que algunos Centros de Aplicación utilizados anteriormente no confirmaron su disponibilidad para esta nueva fecha, la Comisión Central de Admisión ha dispuesto la utilización de locales alternativos cercanos, a fin de asegurar la participación de los interesados habilitados para el efecto.

Con respecto a la logística prevista para la fecha, el ingreso a los Centros de Aplicación se realizará a partir de las 07:00 horas, dando inicio al desarrollo de la evaluación en forma simultánea, a las 09:00 horas. La prueba tendrá una duración de tres horas, finalizando a las 12:00 horas.