El fiscal de Curuguaty, Christian Roig inició una investigación a fin de dilucidar los asesinatos de dos hombres, cuyos cuerpos fueron encontrados semienterrados en un precario campamento, ubicado dentro de la reserva natural Moisés Bertoni.

Las víctimas fueron identificadas como Antonio Díaz Cañete, de 54 años, y Víctor Encina Álvarez, de 25, cuyos cuerpos sin vida tenían heridas en diferentes partes del cuerpo, presumiblemente producidas por armas de fuego.

En la prosecución de las investigaciones, fueron aprehendidos Joel Cardozo López, quien cuenta con ordenes de captura por hurto agravado año 2010 y 2014, y Edulfo Alicio Escobar Aguilar, alias “Kure Kaso”, quienes aparecen como supuestos autores del hecho.

La denuncia fue presentada por Gilberto Diaz Cañete, quien declaró que el pasado domingo recibió una llamada de Marcelo Noguera, quien le manifestó: “Te llamo para avisarte que mi hermano le mató a tu hermano”.

El médico forense Matías Arce, quien inspeccionó los cuerpos de las víctimas, diagnosticó como causas posibles de las muertes hemorragia aguda por disparo de arma de fuego.

En el punto dos del orden del día de la sesión ordinaria de la fecha, la Cámara Alta tratará el proyecto aprobado y remitido por Diputados el 17 de diciembre pasado, que otorga la nacionalidad paraguaya honoraria en carácter póstumo a Elisa Alicia Lynch y dispone el traslado de la urna que contiene sus restos al Panteón de los Héroes.

La propuesta había sido presentada por los diputados Rocío Abed y Rodrigo Gamarra, quienes, en la exposición de motivos alegan que, en la persona de Elisa Lynch, se encarnan todas las virtudes de la auténtica mujer paraguaya

Nacida en Cork, Irlanda, en 1831, conoció a Francisco Solano López, en ese entonces, de 27 años de edad. Juntos tuvieron siete hijos, de los cuales, dos fallecieron en la guerra, entre ellos, Juan Francisco, más conocido como Panchito López, quien murió en la batalla de Cerro Corá, al frente de un escuadrón que tenía como fin defender a su familia.

De la misma manera murió su esposo, el mariscal Francisco Solano López, en 1865. Se le atribuyó la frase: “Muero por mi patria”.

Según la recolección de datos que expone el proyecto, madame Lynch presenció, junto a sus hijas, cómo pateaban los cuerpos de su marido y su hijo, quitándole orejas y trozos al mariscal, con tal de llevarse un pedazo de “O dictador do Paraguai”.

Es noticia: Esposa de Marset ya está en el país para enfrentar a la justicia

Sin embargo, Lynch tuvo el coraje de presentarse ante el comandante de Correa da Cámara y pedirle la entrega de los cuerpos, que finalmente fueron enterrados a metros de allí.

Le atribuyen haber organizado el funcionamiento de los hospitales y de dirigir personalmente la atención de los heridos, además de la provisión de alimentos y asistencia. Antes del periodo bélico impulsó el London Karape.

Sus restos fueron repatriados a Asunción en 1961 en un buque insignia de la Armada Paraguaya. El recibimiento fue con honores. La intención era llevarla al oratorio y Panteón de los Héroes, pero como no llegó a casarse, la Iglesia católica no admitía que su féretro estuviera junto con el de su esposo en un oratorio.

Finalmente se le construyó un panteón en el Cementerio de la Recoleta, durante el gobierno de Alfredo Stroessner.

Lea también: Ruidos molestos en una discoteca: admiten imputación contra hijo de Filizzola

El Tribunal de Sentencia integrado por Federico Rojas, María Luz Martínez y Karina Cáceres condenó a 16 personas, en su mayoría barras bravas de Luque, por narcotráfico.

Uno de los procesados es José Antonio Balboa, conocido como El Español y El líder, no precisamente por ser cabeza de una barra organizada, sino también de un esquema de comercialización de drogas entre hinchas de fútbol.

Balboa deberá pasar 12 años en prisión por ser el principal cabecilla de la banda que cayó durante el operativo denominado “Juego Sucio” en el 2020.

El operativo habia desarticulado una mega red que comercializaba drogas en el departamento Central. Se estima que distribuían alrededor de 300 mil dosis de cocaina al mes.

Durante el proceso, el Ministerio Público realizó más de 14 allanamientos en busca de más implicados en el esquema.

En el documento, firmado por Emiliano Rolón Fernández, se insta a autoridades a “respetar el debido proceso” de las investigaciones y evitar la filtración de informaciones. 

Para el abogado Ricardo Preda, esta medida no buscaría amordazar a los agentes fiscales, aunque resaltó que el fiscal general debería hacer una aclaración sobre su disposición.

Según su interpretación, el agente fiscal -en su relación con la prensa- no puede presentar al imputado como culpable, pero sí puede señalar objetivamente cuáles son las decisiones que toma con relación a una investigación. 

En entrevista con radio Ñanduti, el especialista expresó que un agente fiscal no puede dar detalles de la investigación, como por ejemplo que va a realizar algún allanamiento. “La prensa puede hacer uso de otras herramientas para buscar la información. Esta disposición aplica solamente a quienes están bajo la potestad disciplinaria del fiscal general”,  comentó.

Por su parte, la fiscal Teresa Sosa mencionó que no hay ninguna colisión entre lo que establece el Código Procesal Penal, la circular -que es un recordatorio de lo que dice la Ley-, y la actuación de los agentes fiscales. “Me parece bien que haya ese recordatorio, pero el fiscal debe informar si los medios requieren sobre una causa, siempre respetando los elementos, como por ejemplo no presentar a un investigado como culpable o revelar elementos comprometedores de la investigación”, indicó.

EN CONTRA

Sin embargo, otros especialistas cuestionaron el tenor de la circular. “Así cómo fue presentada esta circular, hay como una suerte de orden de no hablar con la prensa. Lo que va a ocurrir es que se manejen las causas con total discreción. La corrupción tiene tierra fértil cuando hay secretismo”, mencionó el abogado Ezequiel Santagada.

A su vez, la abogada Alejandra Peralta Merlo indicó que “es un retroceso gigantesco a todo este proceso de transparencia. Es sumamente grave que en este país está haciendo metástasis por todos lados con la corrupción”.

Mediante la circular N.º 7, el fiscal general Emiliano Rolón insta a los funcionarios del Ministerio Público a que “observen las reglas del debido proceso instalado en la Constitución Nacional y en el sistema de ritual penal”.

En su inciso a establece que “ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social”.

El inciso b habla del carácter de las actuaciones y recuerda que “la etapa preparatoria no será pública para lo terceros...”. 

En el inciso c refiere que “las partes y funcionarios que participen en la actuación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimientos de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de guardar secreto”.

Y en el inciso d recuerda que el incumplimiento de la obligación será considerad falta grave.