Según el acta de imputación, la ciudadana Odilia Vera de Arce manifestó que la fiscala Cristina Chamorro le solicitó una suma dinero a cambio de una salida alternativa en la tramitación de un proceso penal que pesa en su contra por el hecho punible de abigeato en la ciudad de Villa Hayes.

La denunciante indicó que pagó 45 millones de guaraníes para obtener medidas alternativas a la prisión, el cambio de calificación y además una salida procesal. Consiguió en la audiencia su libertad ambulatoria.

Luego quedaba obtener la suspensión condicional del procedimiento. Para ello su abogado se puso en contacto con la fiscal y se había mencionado el pago de 50 millones de guaraníes para llegar a un acuerdo con la querella. Al no tener ese dinero consigo, posteriormente la mujer fue acusada por la Fiscalía.

Durante una audiencia preliminar (que se había suspendido), la fiscal esperó que la querella se retire para así conversar con la mujer. Le manifestó que se iba a allanar al pedido de su defensa si conseguía entre 100 a 60 millones de guaraníes.

Pasó el tiempo y antes de la nueva audiencia, la fiscal Chamorro recibió en su oficina a la ciudadana y le pidió la suma de G. 50.000.000 para solucionar la causa, refiriendo que sería para el Juez interviniente.

“La funcionaria manifiesta a la denunciante que cuenta con todos los elementos probatorios para lograr su condena, pero que si paga dicha suma se compromete a beneficiarle con una salida procesal consistente en un Procedimiento Abreviado de dos años con suspensión de la Condena”, consta en la imputación.

La fiscal explicó que además de lo solicitado debía abonar a la querella adhesiva en concepto del daño causado la suma de G. 100.000.000, sin embargo 60.000.000 sería para el abogado. Tras varias reuniones, no se concretó este pago.

SUMARIO Y APARTAMIENTO

Ante esto, la fiscal Victoria Acuña la imputó y solicitó al juzgado las siguientes medidas: prohibición de salida del país, obligación de comparecer ante el juez cada mes y una caución real.

La Fiscal General Sandra Quiñónez solicitó el inmediato sumario y apartamiento de la agente fiscal Cristina Chamorro.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.