Susana González y Dora Nohl, fiscales del caso Sabryna, pidieron al juez Manuel Aguirre, presidente del Tribunal de Sentencia, que inmediatamente dicte la resolución que disponga la remisión de Gerardo Stadecker a la cárcel.

Esta mañana se dio a conocer la comunicación oficial de los directivos del sanatorio La Costa al Tribunal, notificando que Stadecker fue dado de alta el 31 de enero.

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Una resolución judicial dispuso el ingreso de Stadecker al lugar, bajo custodia penitenciaria, para un tratamiento médico especializado, con monitoreo del área forense.

El condenado se mantuvo durante los últimos dos meses en el sanatorio, pese a que los fiscales Dora Nohl y Susana González informaron al Tribunal de Sentencia que existe peligro de fuga. 

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Stadecker fue hallado culpable del feminicidio de su esposa Sabryna Breuer, ocurrido el 17 de diciembre del 2017. Por ello, fue sentenciado a 28 años de prisión.

“Me llenó de alegría conversar con las personas que hacen posible el Operativo Caacupé en la Estación de Buses: choferes, funcionarios, equipos de orden y limpieza, y sobre todo, los peregrinos que parten con el corazón puesto en la Basílica”, escribió el intendente capitalino, Luis Bello.

Dijo que pudo escucharles, recibió sus sugerencias y sintió el cariño sincero de la gente que saluda, agradece y reconoce el trabajo. “Ese apoyo vale oro y nos impulsa a seguir elevando los servicios para los asuncenos”, enfatizó.

La comuna de Asunción lleva en marcha el operativo especial ante el alto flujo de pasajeros que tradicionalmente se registra durante las festividades de la Virgen de Caacupé en la ex terminal de ómnibus.

Según el intendente, Luis Bello, este fin de semana unas 60.000 personas pasarán por la EBA con destino a la villa Serrana.

Durante un procedimiento realizado por el Ministerio Público, uno de los canes aún se encontraba con vida. Sin embargo, en la jornada de este sábado, en una nueva constitución en el domicilio, el animal fue hallado enterrado y presentaba lesiones graves.

Al ser desenterrado, se constató que el perro tenía miasis en una de las extremidades, la cual estaba completamente dañada por larvas, dejando incluso el hueso expuesto.

Asimismo, la zona de la cabeza se encontraba severamente afectada y había perdido un ojo. El cuerpo no presentaba rigidez cadavérica, lo que hace presumir que el animal fue enterrado en el transcurso del día.

Los vecinos de la zona manifestaron que los perros sufrían constantes maltratos y no recibían alimentación adecuada.

En el procedimiento también intervino la Dra. Mabel Vega, de la Dirección de Defensa Animal, quien acompañó las diligencias realizadas por la Fiscalía.

Según la ARP, el rápido despliegue del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones permitió impedir el ingreso forzoso a inmuebles rurales, detener a los responsables e imputarlos “en el marco de la ley y con respeto al debido proceso”.

La asociación condenó enérgicamente las agresiones, el uso de proyectiles de arma de fuego contra policías y la utilización de camiones y otros vehículos para atropellar portones, barreras humanas y dispositivos de seguridad.

También calificó como “especialmente grave” la presencia de menores en medio del enfrentamiento y la participación de personas con antecedentes penales.

La ARP remarcó que “no hay causas justas que se defiendan mediante la violencia ni mediante la invasión de propiedades”, sean públicas o privadas.

Indicó que las demandas sociales o agrarias deben canalizarse por vías institucionales, dentro del marco constitucional y sin desconocer decisiones judiciales.

La entidad expresó su solidaridad con el productor afectado por la invasión en la estancia Toro Veve, así como con ganaderos, agricultores y trabajadores rurales de San Pedro, nuevamente expuestos a “situaciones de extrema tensión e incertidumbre”.

Sostuvo que defender a quienes producen e invierten en el campo es indispensable para el desarrollo del país.

La ARP exhortó a que las investigaciones sean objetivas y rápidas para que los hechos no queden impunes. Además, pidió a líderes sociales y políticos evitar discursos que inciten a delitos y contribuir al mantenimiento de la paz social.

Los agentes fiscales de Santa Rosa del Aguaray imputaron ayer sábado a 29 campesinos por el violento intento de invasión a la estancia Lusipar, administrada por Senabico. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los procesados.