A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía anunció la apertura de una causa penal en relación al caso de Ricardo Javier Portillo Martínez, hijo de la senadora del Frente Guasú.

El mismo había sido demorado junto con Sergio Morel Franco y Charles Fray Nathan luego de haber cruzado hacia aguas territoriales argentinas durante una jornada de pesca, de acuerdo al reporte.

La investigación abierta se da por la supuesta violación a la cuarentena sanitaria y la misma estará a cargo de la agente fiscal Esmilda Alvarez.

Con relación al caso de Ricardo Javier Portillo Martinez, Sergio Morel Franco y Charles Fray Nathan se dispuso la apertura de una causa penal de investigación por Violación a la cuarentena sanitaria a cargo de la agente fiscal Esmilda Alvarez.

— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) June 17, 2020

Cabe recordar que Portillo Martínez fue acusado de incumplir el decreto presidencial que restringe actividades como la pesca durante la pandemia de COVID-19. Posterior a su detención, el mismo fue expulsado de Argentina y enviado a uno de los hoteles salud para cumplir con la cuarentena obligatoria.

Para lograr la liberación del joven, la senadora Esperanza Martínez habría hecho uso de sus influencias comunicándose vía telefónica con el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, quien intercedió para solucionar el impasse.

La legisladora fue duramente cuestionada luego de darse esta situación, principalmente por el aparente tráfico de influencias en el que incurrió para “mediar” a favor de su hijo.

La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

Nota relacionada: Kattya González recurre a la Corte

Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Diabetes, anunció que se descentraliza la entrega de medicamentos, permitiendo a los pacientes recibir atención especializada en hospitales de su comunidad.

Este nuevo enfoque posibilita que los diagnosticados con diabetes reciban su tratamiento y medicación, entre ellos las insulinas, en los centros hospitalarios más cercanos a su hogar, eliminando la necesidad de desplazarse hasta la Capital, al Centro de Salud N° 9.

Lea: Cobró 100 millones en banco, desde donde la siguieron, violentaron y despojaron el botín

Esta medida no solo facilita el acceso al tratamiento, sino que también reduce la carga y el tiempo de viaje para los pacientes y sus familias impactando así positivamente en su calidad de vida.

Además, informó que se ha puesto en marcha un servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp (0962) 320-536, donde los pacientes pueden realizar consultas y recibir orientación personalizada acerca de los servicios de salud más cercanos donde pueden acudir para recibir su tratamiento y medicación correspondiente.

Así también, la página del Programa Nacional de Diabetes usando el acceso ¿Dónde puedo consultar? www.mspbs.gov.py

Estos canales de comunicación proporcionan una vía rápida y efectiva para resolver dudas y obtener información útil sobre el cuidado y manejo de la enfermedad, destacó la cartera sanitaria.

Lea más: Feminicidio de Katia Brítez: Fiscalía presentó acusación “en tiempo y forma”, alegan

El fiscal Luis Albertini, junto con sus colegas Francisco Martínez y Ever Wiliams, resolvió formular imputación contra el intendente de Jesús de Tavarangue, Víctor Bernardo Garay Olmedo.

El mismo fue procesado por el hecho punible de lesión de confianza, a raíz de una denuncia por supuesta malversación de fondos en el año 2020 con los llamados “fondos especiales”.

Te puede interesar: Condenan a extitular de Petropar de la era Marito: “Mientras la gente moría, desviaron dinero”

El daño patrimonial a la municipalidad asciende a más de G. 835 millones, refirió Albertini. “Existen obras que tendrían que haber sido llamadas a licitación, sin embargo, se hicieron adjudicaciones directas”, precisó.

En igual sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en lo que respecta a pagos de honorarios y expedición de cheques por sumas millonarias, los cuales no poseen documentación respaldatoria que avale su destino final.

Así también, se detectaron desembolsos por continuaciones de obras que no cuentan con órdenes de pago y que, por si fuera poco, tampoco presentan ningún avance en los trabajos, refirió.

Leé también: Incautan furgoneta con productos de contrabando sobre la Ruta PY06

Albertini precisó que, de momento, aún no se hizo el análisis sobre el uso de recursos de FONACIDE y royalties, por lo que el perjuicio patrimonial podría ser aún mayor.

Cabe recordar que Garay ya había sido imputado en diciembre del año pasado por producción de documentos falsos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.