Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico brindaron detalles acerca del caso que involucra a Faustino Ramón Aguayo, cuya “celda VIP” fue descubierta ayer por las autoridades.

El fiscal Marcos Alcaraz señaló que Aguayo es acusado de ser el líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, habiéndose concretado tres importantes incautaciones de cocaína que lo vinculan hace unos años.

Dentro de la estructura había seis efectivos policiales que trabajaban en complicidad con él, brindándole protección y permitiendo que opere sin ser descubierto.

Por su parte, el fiscal Deny Yoon Park manifestó que Faustino Ramón Aguayo había sido imputado en el año 2019. En marzo de este año, el Ministerio Público había requerido a la jueza Hilda Benitez que librara una orden de captura internacional en su contra, teniendo en cuenta que, según la información que se manejaba, el mismo ya residía en Brasil.

Fue en mayo de este año cuando Aguayo se presentó de manera voluntaria para ponerse a disposición del juez penal de Garantías Mirko Valinotti, quien ordenó la imposición de medidas cautelares sin comunicar su decisión a la Fiscalía, confirmó Park.

En aquella oportunidad, el magistrado ordenó que Aguayo sea remitido directamente a la cárcel de Pedro Juan Caballero, alegando que el detenido presentaba un historial de complicaciones cardíacas y su médico tratante residía en la ciudad fronteriza.

El agente fiscal confirma de esta manera que en ningún momento los investigadores se enteraron que el supuesto narcotraficante se puso a disposición de la justicia y que ya se encontraba de vuelta en Paraguay.

“El problema es que el juez (Valinotti) se remite a un pedido de requerimiento de prisión preventiva hecho por la fiscal anterior Fabiola Molas. Un juez cuidadoso le habría llamado a la fiscal para preguntarle”, expresó.

Los 225.000 habitantes de San Lorenzo serán beneficiados próximamente con la ejecución del Plan Central 2, informó el MOPC.

La primera vía que será intervenida en los próximos días es la calle Azteca, como parte de este proyecto que incluye otras arterias importantes del distrito, como 25 de Agosto, avenida Japón, López de Vega, Paz del Chaco y José Berges, entre otras.

Las mejoras previstas corresponden al Lote 5, adjudicado al Consorcio Yberá conformado por Sotec y Constructora Feldmann, y cuenta con una inversión de G. 69.380.392.343. Esta obra de gran impacto en Central mejorará la seguridad vial, reducirá los tiempos de desplazamiento y optimizará el transporte público mediante mejores conexiones hacia los barrios.

La iniciativa apunta a unir los troncales principales de San Lorenzo, lo que facilitará la circulación dentro de las zonas residenciales, e incorporará sistemas de drenaje, señalización vial y otras mejoras estratégicas.

El Plan Central 2, que ya cuenta con todos sus contratos firmados, involucra a seis ciudades del departamento de Central: Areguá, Capiatá, Guarambaré, Itá, Ñemby y San Lorenzo, abarcando la pavimentación de más de 133 kilómetros en total.

La fiscal de Caazapá, Laury Rossana Vázquez, lleva adelante una causa penal por un caso de abuso sexual en niños que tiene a una autoridad como supuesta responsable.

Se trata de un agente de la Policía Nacional, quien fue acusado por la madre de la víctima -que era su pareja sentimental- como supuesto autor de este grave hecho.

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El uniformado recientemente fue beneficiado con el arresto domiciliario por la Cámara de Apelaciones, lo cual fue cuestionado por la representante del Ministerio Público, quien deslindó responsabilidades al respecto.

En un comunicado divulgado este lunes, se detalla que, a pedido de la Fiscalía, el Juzgado había decretado la prisión preventiva del mismo, medida que debía ser cumplida en la sede de la Agrupación Especializada.

No obstante, la defensa solicitó el arresto domiciliario del agente policial, petición que fue rechazada por el juez competente. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó la resolución de primera instancia, permitiendo al sujeto retornar a su hogar.

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A esto se suma el hecho de que este efectivo policial tendrá la posibilidad de seguir prestando servicio en la comisaría de la ciudad, donde cumplirá con la medida impuesta por la justicia.

Tanto la víctima como su madre (quienes decidieron mudarse a la capital tras lo sucedido) habrían sido amenazadas por el acusado.

Esta mañana se llevó a cabo una manifestación frente a las oficinas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), convocada por un grupo de postulantes a institutos de formación docente.

Por decisión del ente estatal, estas personas deberán volver a rendir las pruebas de admisión, luego de que se hayan detectado presuntas irregularidades en varias respuestas de dichas pruebas.

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Los afectados expresaron su molestia con la decisión adoptada de anular estos exámenes, al tiempo de negar categóricamente haber incurrido en un fraude, tal y como sostienen desde la cartera educativa.

El pedido puntual es que se puedan respetar los resultados iniciales y, por ende, se les permita ingresar a estos institutos de formación, a fin de poder iniciar su carrera docente.

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Por otra parte, el Sindicato Nacional de Directores (SINADI), a través de una nota remitida al ministro Luis Ramírez, solicita la presentación de evidencias respaldatorias.

“Consideramos un hecho gravísimo lo que ha acontecido”, refiere el documento del gremio, instando a impulsar una investigación que permita aplicar un castigo a los responsables.