En entrevista con la radio Universo 970 AM, Camilo Benítez, contralor general de la República, se refirió a la publicación de La Nación, que expuso este lunes que el mandatario Mario Abdo Benítez consiguió que su empresa distribuidora de asfalto tenga utilidades multimillonarias que en un solo año (2021) aumentaron 1.290% en relación con el 2017.

En ese sentido comentó que el presidente de la República deberá presentar su declaración jurada al término de su mandato y ahí se verá su crecimiento patrimonial. “Asumiendo que él sigue siendo accionista de esa empresa, se verá la utilidad que tuvo la empresa”, dijo.

Sobre la posibilidad de tráfico de influencias para incidir en las políticas públicas en beneficio propio, el Contralor mencionó que este es un ámbito que excede a la Contraloría y que sería competencia de otras instituciones vinculadas a la persecución penal. “Nosotros más bien nos enfocamos en el enriquecimiento patrimonial del funcionario público”, aclaró. “Podría haber colusión, tráfico de influencias y hechos de corrupción, pero eso correspondería al Ministerio Público”, agregó.

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“La empresa (declarada por Mario Abdo) no contrata con el Estado, sino que provee (asfalto) a las empresas que a su vez contratan con el MOPC. No hay un vínculo directo, entonces es más profundo el caso”, comentó sobre el caso de Aldia SA.

Por otro lado, Benítez aclaró que es legal que el presidente Abdo haya dejado a cargo de su hijo el manejo de la próspera distribuidora de asfalto de contratistas del Estado que él mismo había declarado de su propiedad hasta asumir el cargo.

Sin dudas que al Presidente le fue muy bien en el peor año de la pandemia. Casi US$ 13 millones de dólares (Gs 92.647 millones) ganó en un solo año (2021) la empresa de asfalto de Marito. Dando una cifra de G. 273 millones por día; G. 12 millones por hora. La firma Almacenamiento y Distribución de Asfaltos SA (Aldia SA) registraba en el 2017 utilidades netas por Gs 6.665 millones, por lo que el incremento fue impresionante.

Declaración Jurada de Abdo Benítez con acciones en Aldia consignadas al asumir el cargo de presidente de la República.

El presidente de la República otorgó poder de representación a su hijo Mario Abdo Díaz Benza en distribuidora que vende asfalto a contratistas del Estado.

Con 92.647 millones de utilidades cerró el 2021 la firma Almacenamiento y Distribución de Asfaltos SA (Aldia SA), que tiene como accionista mayoritario al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que puso a su hijo Mario Abdo Díaz Benza en su representación.

El presidente de la República otorgó poder de representación a su hijo Mario Abdo Díaz Benza en distribuidora que vende asfalto a contratistas del Estado.

El diplomático explicó al canal GEN que los connacionales se encontraban en Qatar como turistas o en tránsito cuando el espacio aéreo fue cerrado por motivos de seguridad el pasado 28 de febrero.

“Supimos en total de 10 connacionales que estaban visitando Qatar y que quedaron varados debido a las circunstancias”, relató.

Agüero explicó que, tras el inicio del conflicto, la embajada primero tomó contacto con la comunidad paraguaya residente en el país y luego difundió en redes sociales los datos de contacto del consulado para asistir a posibles afectados.

De esta manera, identificaron inicialmente a seis paraguayos que se encontraban de turismo y tenían previsto abandonar el país el 2 de marzo, pero quedaron atrapados tras el cierre del espacio aéreo.

Posteriormente, se detectó a una familia paraguayo-brasileña que estaba en tránsito por Doha rumbo a otro destino, así como a un tripulante paraguayo de un crucero que se encontraba en la ciudad.

La representación diplomática brindó contención y acompañamiento a los turistas mientras gestionaba soluciones para su salida. Según el embajador, la autoridad de turismo de Qatar asumió los costos de alojamiento de los visitantes que quedaron varados.

“La autoridad de turismo se hizo cargo de todos los costos de hotel de los turistas que estaban aquí. Fue una acción muy generosa que dio tranquilidad a las personas”, destacó.

Durante varios días la embajada intentó conseguir lugares en los pocos vuelos habilitados. Finalmente, el jueves comenzaron a abrirse algunas rutas aéreas.

El primer grupo de seis paraguayos logró salir el viernes rumbo a Berlín, desde donde continuaron su viaje hacia Paraguay. Posteriormente, los demás connacionales fueron embarcados en un vuelo con destino a Madrid, junto con el tripulante del crucero.

Según el embajador, todos los compatriotas ya lograron abandonar Qatar y algunos incluso ya arribaron al país.

Antes de la reapertura parcial de vuelos, la embajada llegó a analizar la posibilidad de una evacuación terrestre hacia Arabia Saudita, incluso gestionando visas para ese eventual traslado, aunque finalmente no fue necesario.

Cómo se vive el conflicto en Qatar

Agüero explicó que, si bien Qatar no es parte directa del conflicto, el país sufre las consecuencias de los ataques regionales.

Desde el 28 de febrero, los residentes reciben alertas en sus teléfonos móviles cuando se detecta el lanzamiento de misiles hacia el país.

“Se registran casi diariamente dos o tres olas de ataques de misiles de Irán hacia Qatar, pero la defensa aérea los intercepta en aproximadamente un 95%”, indicó.

El diplomático señaló que algunos ataques tuvieron como objetivo instalaciones militares o energéticas, pero hasta el momento no se registraron explosiones dentro de la ciudad de Doha.

Según los reportes oficiales, solo fragmentos de drones interceptados cayeron en zonas urbanas, lo que obliga a la población a buscar refugio bajo techo cuando suenan las alarmas.

A pesar de la tensión, Agüero afirmó que la vida cotidiana continúa con relativa normalidad en Qatar, con abastecimiento en supermercados y sin víctimas fatales, aunque con suspensión de eventos y actividades recreativas.

A través de sus abogados, Enrique Kronawetter y Cecilia Pérez, Arnoldo Wiens recusó al juez Humberto Otazú por supuestamente faltar a la imparcialidad, ya que tuvo intervención en la etapa de investigación del exministro Ramón Jiménez Gaona y Marta Benítez en la misma causa del Metrobús.

La Cámara de Apelaciones debe resolver si admite la recusación o mantiene al juez Otazú en sus funciones.

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“Corresponde que el magistrado recusado se aparte del conocimiento de la presente causa, permitiendo que la misma sea sustanciada por un juez distinto que asegure a las partes un escenario procesal, respetando el derecho de defensa y las demás garantías ya señaladas de rango legal y constitucional”, expresa el escrito.

Con esto, la audiencia de imposición de medidas que fijada para mañana ante el juez Otazú, no podrá realizarse.

También presentó una reposición y apelación en subsidio contra la decisión del juez que admitió la imputación por lesión de confianza.

Wiens está sindicado de haber ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 6.924.624.006, monto abonado por el Estado para la construcción de estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR), sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demolidas durante su administración.

El segundo perjuicio señalado por los fiscales es por valor de G. 8.030.693.029, correspondiente al pago hecho a la empresa Mota Engil Ingeniería y Construcción SA, en concepto de trabajos acordados en el Acta de Entendimiento, que presuntamente habrían sido imputados a la suma provisional destinada a obras y gastos de contingencia.

Por otro lado, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo para el exministro Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez. La audiencia para el análisis de esta solicitud quedó marcada para el 16 de marzo.

“Para poder cumplir esas metas, el Estado está incumpliendo con las empresas de construcción de obras públicas, con los proveedores de medicamentos y con los demás diferentes proveedores de los diferentes entes”, señaló el empresario de la construcción.

Sarubbi reconoció que la Ley de Responsabilidad Fiscal es una herramienta sana y que el tope del 1,5% fue uno de los compromisos asumidos en el camino hacia el grado de inversión. Sin embargo, consideró que actualmente no están dadas las condiciones para cumplir estrictamente con ese límite sin afectar al sector productivo.

“Tiene que haber un equilibrio entre esos indicadores macroeconómicos y la inversión que hay que hacer para que el país pueda seguir creciendo sostenidamente”, sostuvo.

Recordó que el déficit de infraestructura en Paraguay ronda los US$ 30.000 millones y advirtió que será imposible reducir esa brecha si no se regularizan los pagos y se garantiza la continuidad de las obras públicas.

Por su parte, el economista peruano Milton Von Hesse La Serna, quien a instancia de Cavialpa disertará en Paraguay sobre la inversión pública en infraestructura frente a la estrechez presupuestaria, sostiene que las reglas fiscales, especialmente en escenarios de recesión, deben admitir márgenes de flexibilidad.

El también exministro de Vivienda del Perú explicó que si bien los países establecen límites al déficit fiscal y al gasto público para preservar la sostenibilidad de sus finanzas, esos mismos límites pueden convertirse en un obstáculo cuando la economía necesita estímulo.

“En un contexto de recesión económica, ser muy estricto con la regla fiscal puede ser como echar combustible al fuego y empeorar la recesión. Hay que analizar cada caso para que, eventualmente, los déficits puedan ser flexibles cuando tengan que ser flexibles”, afirmó.

El economista disertará en nuestro país sobre inversión en infraestructura en un contexto de estrechez. La charla es promovida por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), gremio que viene advirtiendo que el tope del 1,5% del PIB para el déficit fiscal, establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, está afectando el flujo de pagos a las empresas constructoras.

“Para tener buena salud presupuestaria y económica, el gasto público no puede exceder ciertos parámetros. Pero en ese contexto, la inversión en infraestructura se ve afectada porque no se puede invertir al ritmo que demandan las obras públicas”, indicó Von Hesse.

Remarcó que las políticas de responsabilidad fiscal son necesarias, ya que no es sostenible mantener en el tiempo un nivel de gasto superior a los ingresos. No obstante, insistió en que su aplicación debe evaluarse según el contexto macroeconómico de cada país.

“En determinadas situaciones puede ser mejor soltar un poco las reglas fiscales y expandir el gasto. Pero son soluciones que deben basarse en un diagnóstico previo de cada país”, aclaró.

Como alternativas para sostener la inversión en infraestructura en un escenario de restricciones fiscales, el especialista plantea tres líneas de acción: promover más alianzas público-privadas, fortalecer la planificación estratégica para priorizar obras según su impacto y aplicar mecanismos de obras a cuenta de impuestos. Este último esquema permite que grandes empresas financien la construcción de rutas, colegios, hospitales, sistemas de agua, etc. y luego recuperen la inversión mediante créditos fiscales.

Sin embargo, el ministro del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, descartó la posibilidad de elevar el déficit fiscal como mecanismo para saldar la deuda. En cambio, está previsto implementar un mecanismo denominado factoring para cubrir las deudas del Gobierno con las farmacéuticas y constructoras. Este es un mecanismo de cesión de deuda que permite a los sectores afectados cobrar a través de los bancos y que el Gobierno posteriormente se haga cargo de esta suma, pero en cuotas.