En entrevista con la radio Universo 970 AM, Camilo Benítez, contralor general de la República, se refirió a la publicación de La Nación, que expuso este lunes que el mandatario Mario Abdo Benítez consiguió que su empresa distribuidora de asfalto tenga utilidades multimillonarias que en un solo año (2021) aumentaron 1.290% en relación con el 2017.

En ese sentido comentó que el presidente de la República deberá presentar su declaración jurada al término de su mandato y ahí se verá su crecimiento patrimonial. “Asumiendo que él sigue siendo accionista de esa empresa, se verá la utilidad que tuvo la empresa”, dijo.

Sobre la posibilidad de tráfico de influencias para incidir en las políticas públicas en beneficio propio, el Contralor mencionó que este es un ámbito que excede a la Contraloría y que sería competencia de otras instituciones vinculadas a la persecución penal. “Nosotros más bien nos enfocamos en el enriquecimiento patrimonial del funcionario público”, aclaró. “Podría haber colusión, tráfico de influencias y hechos de corrupción, pero eso correspondería al Ministerio Público”, agregó.

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“La empresa (declarada por Mario Abdo) no contrata con el Estado, sino que provee (asfalto) a las empresas que a su vez contratan con el MOPC. No hay un vínculo directo, entonces es más profundo el caso”, comentó sobre el caso de Aldia SA.

Por otro lado, Benítez aclaró que es legal que el presidente Abdo haya dejado a cargo de su hijo el manejo de la próspera distribuidora de asfalto de contratistas del Estado que él mismo había declarado de su propiedad hasta asumir el cargo.

Sin dudas que al Presidente le fue muy bien en el peor año de la pandemia. Casi US$ 13 millones de dólares (Gs 92.647 millones) ganó en un solo año (2021) la empresa de asfalto de Marito. Dando una cifra de G. 273 millones por día; G. 12 millones por hora. La firma Almacenamiento y Distribución de Asfaltos SA (Aldia SA) registraba en el 2017 utilidades netas por Gs 6.665 millones, por lo que el incremento fue impresionante.

Declaración Jurada de Abdo Benítez con acciones en Aldia consignadas al asumir el cargo de presidente de la República.

El presidente de la República otorgó poder de representación a su hijo Mario Abdo Díaz Benza en distribuidora que vende asfalto a contratistas del Estado.

Con 92.647 millones de utilidades cerró el 2021 la firma Almacenamiento y Distribución de Asfaltos SA (Aldia SA), que tiene como accionista mayoritario al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que puso a su hijo Mario Abdo Díaz Benza en su representación.

El presidente de la República otorgó poder de representación a su hijo Mario Abdo Díaz Benza en distribuidora que vende asfalto a contratistas del Estado.

La Sala Constitucional de la Corte admitió la acción de inconstitucionalidad de la exsenadora Kattya González, pero no hizo lugar a la medida cautelar que solicitó de suspender los efectos de la resolución de pérdida de investidura.

Los ministros de la Corte, Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel, fueron quienes rubricaron el documento dado a conocer en la fecha.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.

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Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Diabetes, anunció que se descentraliza la entrega de medicamentos, permitiendo a los pacientes recibir atención especializada en hospitales de su comunidad.

Este nuevo enfoque posibilita que los diagnosticados con diabetes reciban su tratamiento y medicación, entre ellos las insulinas, en los centros hospitalarios más cercanos a su hogar, eliminando la necesidad de desplazarse hasta la Capital, al Centro de Salud N° 9.

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Esta medida no solo facilita el acceso al tratamiento, sino que también reduce la carga y el tiempo de viaje para los pacientes y sus familias impactando así positivamente en su calidad de vida.

Además, informó que se ha puesto en marcha un servicio de mensajería instantánea a través de WhatsApp (0962) 320-536, donde los pacientes pueden realizar consultas y recibir orientación personalizada acerca de los servicios de salud más cercanos donde pueden acudir para recibir su tratamiento y medicación correspondiente.

Así también, la página del Programa Nacional de Diabetes usando el acceso ¿Dónde puedo consultar? www.mspbs.gov.py

Estos canales de comunicación proporcionan una vía rápida y efectiva para resolver dudas y obtener información útil sobre el cuidado y manejo de la enfermedad, destacó la cartera sanitaria.

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El fiscal Luis Albertini, junto con sus colegas Francisco Martínez y Ever Wiliams, resolvió formular imputación contra el intendente de Jesús de Tavarangue, Víctor Bernardo Garay Olmedo.

El mismo fue procesado por el hecho punible de lesión de confianza, a raíz de una denuncia por supuesta malversación de fondos en el año 2020 con los llamados “fondos especiales”.

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El daño patrimonial a la municipalidad asciende a más de G. 835 millones, refirió Albertini. “Existen obras que tendrían que haber sido llamadas a licitación, sin embargo, se hicieron adjudicaciones directas”, precisó.

En igual sentido, la Fiscalía detectó irregularidades en lo que respecta a pagos de honorarios y expedición de cheques por sumas millonarias, los cuales no poseen documentación respaldatoria que avale su destino final.

Así también, se detectaron desembolsos por continuaciones de obras que no cuentan con órdenes de pago y que, por si fuera poco, tampoco presentan ningún avance en los trabajos, refirió.

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Albertini precisó que, de momento, aún no se hizo el análisis sobre el uso de recursos de FONACIDE y royalties, por lo que el perjuicio patrimonial podría ser aún mayor.

Cabe recordar que Garay ya había sido imputado en diciembre del año pasado por producción de documentos falsos y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.