El 10 de diciembre Seprelad envió al Ministerio Público el informe, ahora desde la Fiscalía confirman eso y a más de un mes hasta el momento no se designó a un fiscal para que comience con las investigaciones.

“El informe ha tenido ingreso recientemente, a mediados del mes de diciembre. El mismo contiene datos de reportes que requiere necesariamente y en todos los casos, un análisis por parte de la Dirección técnica antes de la apertura de una causa penal, a fin de que de forma jurídica se observen los elementos necesarios exigidos por Ley”, dice e breve comunicado que salió de la Fiscalía en relación al caso donde se habla que la empresa DARUMA SA y DARUMA SAM SA (cuyo nombre de fantasía es Apostala) estaría ligada a dinero que tendría su origen en el narcotráfico y que fue expuesto por el programa La Caja Negra.

Si bien es sabido que toda denuncia presentada en el Ministerio Público primero debe ser analizada antes de abrir una causa, es también sabido que siempre se designa a un fiscal para hacer ese trabajo y es éste quien ordena las diligencias previas a una imputación, sin embargo en este caso que ingresó el 10 de diciembre y estando al 27 de enero, todavía no hay fiscal designado, debido a que el caso sigue siendo analizado.

El informe de carácter confidencial generado a partir de alertas por operaciones sospechosas, al cual tuvo acceso exclusivo el equipo de La Caja Negra, revela datos concretos sobre los orígenes y presuntos vínculos de la empresa Apostala con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Las empresas identificadas son DARUMA S.A. y DARUMA SAM S.A. (APOSTALA), ambas fueron creadas el mismo día, el 6 de septiembre de 2013, según consta en el acta de la notaria pública Raquel Patricia Blasco Guillen, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombre de fantasía es actualmente APOSTALA, conformó su directorio como socios fundadores con: Micheil Youseff, como presidente, Alexandre Da Rocha Leite , director titular, y Farid Jamil Georges, director titular.

Y como síndica María Elena Alcaraz Azcona. Además aparecen como socios Carlos Giuseppe Espinoza Vega, Cristhian Ariel Doldan Diaz, Gregorio Espinoza Herrera, Carlos Manuel Lugo Garcete y Arnaldo Javier Gauto.

La sociedad se dedicará por cuenta propia, de terceros o asociación a distintos tipos de juegos de azar y sorteos, con servicios de hotelería, gastronomía, salas de fiestas, convenciones o lugares de esparcimientos, también podrán dedicarse al rubro de exportación, importación, representación de comercio. El capital inicial emitido e integrado en efectivo fue de US$ 1.500.000.

El capital para conformar estas sociedades fue puesto en su mayoría por ciudadanos brasileños que tienen, en algunos casos, vínculos familiares con personas ligadas al tráfico de drogas, como ser Farid Jamil Georges, hermano de Fahd Jamil Georges apodado “El padrino” o “Rey de la frontera” quien en los 80 y 90 fue investigado por la justicia de Brasil por trafico internacional de drogas y lavado de dinero.También otros cercanos a Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza blanca”, un poderoso narcotraficante que operó por varios años en la zona de Pedro Juan Caballero y que fue detenido en el 2017.

Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se verificó que la firma Daruma SAM S.A. para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium S.A. (FastPay) propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a Gs 24.067.098.756.

El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay, con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.

La firma Infinium S.A. (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escribano público Justo Germán Denis. La inscripción de la firma en el Registro Publico de Comercio se realizó en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de Gs 120 millones confirmado por 12 acciones de 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.