Las agentes fiscales Carina Sánchez, Claudia Morys, María Isabel Arnold y Nathalia Acevedo encabezaron allanamientos simultáneos en Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná.

Durante estos procedimientos se concretó la detención de dos mujeres, quienes habrían estado vinculadas a una red de trata de personas que posee conexiones en España.

Según el informe de la Fiscalía, las ahora investigadas habrían participado en un proceso de captación de mujeres vinculado a la trata de personas internacional con fines de explotación sexual.

Los trabajos encarados por el Ministerio Público tienen relación con operativos conjuntos llevados a cabo con el Reino de España, donde también existe una firme lucha para desarticular este tipo de estructuras.

Gracias a los trabajos encarados en el marco del operativo “Jardín” y el operativo “Huelva”, las autoridades españolas rescataron a 13 mujeres de nacionalidad paraguaya que habían sido llevadas al Viejo Continente para ser explotadas sexualmente.

Asimismo, se logró detener a 4 personas, quienes actualmente se encuentran procesadas en dicho país tras la acusación formulada en su contra.

En el transcurso de esta mañana se prevé seguir con el desarrollo del juicio oral y público al exministro Arnaldo Giuzzio, en el Palacio de Justicia de Asunción.

Para la jornada de hoy fue convocado a prestar declaración en calidad de testigo Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombú S.A., perteneciente al presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola.

Nota relacionada: Gerente confirma que narco Marcus Vinicius prestó camioneta a Giuzzio para sus vacaciones

Cabe recordar que Enciso ya había acudido la semana pasada para declarar ante el Tribunal de Sentencia, ocasión en que confirmó que el empresario brasileño y el exministro del Interior conversaron en varias oportunidades sobre licitaciones estatales.

Durante su comparecencia, el mismo también reveló que la firma realizó trabajos de mantenimiento a una camioneta táctica Dodge Ram del Ministerio del Interior, además de efectuar retoques a otros vehículos oficiales del Estado.

Leé también: Narco vinculado a Giuzzio menciona reunión con un ministro de Obras Públicas

Las revelaciones del testigo confirman lo que ya venía manejando la Fiscalía respecto al nexo existente entre Giuzzio y Vinicius, quien de hecho llegó a prestar una lujosa camioneta blindada al exministro para sus vacaciones en Brasil.

De esta manera, el juicio ingresa a instancias finales con las últimas declaraciones de testigos, antes de conocerse la sentencia en esta causa por cohecho pasivo agravado que afronta el extitular de la SENAD y el Ministerio del Interior.

El Parque Ecológico Indi Escondido, el Cerro Indio Dormido Pie Derecho, el Cerro Indio Dormido Panza, el Brazo Indio Dormido, las Colinas Puestas del Sol, Ángel Custodio y Parque Jesuítico son los lugares sin respaldo de la Senatur.

Estos espacios no figuran en Registur (Registro Nacional de Turismo) y no están habilitados por la Senatur. Todos se encuentran en el distrito de Nueva Alborada, Itapúa.

Desde la Secretaría de Estado piden prestar atención antes de contratar estos servicios y tomar en cuenta que operan sin habilitación, aunque todos tienen la oportunidad de regularizar sus respectivas situaciones.

Ante cualquier duda respecto a las ofertas turísticas, está disponible la línea 021 441 530, interno 117 o el correo registur@senatur.gov.py.

La abogada Alba Zaracho asumió la defensa técnica del exlegislador y solicitó una postergación para estudiar el expediente.

El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, aceptó la solicitud al considerar la complejidad de la causa.

De esta manera, la nueva fecha quedó fijada para el 10 de agosto a las 8:30.

La fiscal Patricia Sánchez calificó el plazo de 20 días como una medida razonable. La representante del Ministerio Público señaló que esta pausa garantiza el derecho a la defensa y evita nulidades en el proceso.

Afirmó además a la prensa que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes para probar la invalidez del título profesional. El expediente incluye pruebas documentales y testimoniales que respaldan la acusación por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de esos documentos.

El proceso abarca la obtención irregular de tres documentos públicos basados en un certificado y un título sin validez. En caso de probarse la modalidad especialmente grave de los delitos, la pena privativa de libertad oscilaría entre 6 años con 6 meses y 11 años de prisión.