La agente fiscal Ana Girala decidió formular imputación contra el Oficial Ayudante Derlis Sanabria y el Suboficial Juan Amarilla por los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa, omisión de auxilio y lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas.

De igual manera, se ha solicitado al Juzgado Penal de Garantías que ambos guarden prisión preventiva luego de haberse visto involucrados en el caso del niño de 6 años que resultó con una herida de bala.

La Fiscalía considera que en este caso puntual amerita la prisión de ambos uniformados por la gravedad del hecho. “Estamos hablando de un concurso de hechos y de crímenes”, refirió Girala.

La expectativa de pena podría ser de hasta 30 años de prisión, considerando la tipificación de homicidio doloso, según indicó.

La representante de la Fiscalía no descartó que eventualmente se pueda ampliar la imputación para incluir el hecho punible de lesión grave, atendiendo a las heridas sufridas por la víctima.

Juan Amarilla y Derlis Sanabria, quienes actualmente prestan servicios en la Comisaría 1era de San Lorenzo, fueron señalados como los dos uniformados que efectuaron disparos contra el vehículo en el que se movilizaba el menor de edad baleado.

Al hablar sobre las circunstancias en las que se dio este episodio, Girala expresó: “No podemos hablar de un accidente porque tenemos las declaraciones de testigos que estuvieron al momento del disparo”. Al respecto, acotó que tres personas, todas ellas sin vínculo alguno con la familia afectada, coincidieron en que el personal policial efectuó los disparos contra el automóvil.

Según la versión de los testigos, Sanabria habría sido el que efectuó los disparos desde la patrullera y también al descender del móvil policial, siendo acompañado luego por Amarilla.

Girala hizo énfasis en que ninguno de los disparos fueron a la rueda sino que directamente atravesaron el automóvil. Dos de estos proyectiles impactaron contra la humanidad del niño y uno contra el hombro de la madre del mismo.

Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.