El fiscal Víctor Adolfo Santander formuló imputación en contra del productor agrícola Direceu Stipp Lujan, por el supuesto hecho punible de incumplimiento de medidas de mitigación. El mismo quedó a cargo del Juzgado.

Según la investigación, hay fundadas sospechas que el sindicado, en carácter de propietario del inmueble individualizado como Lote Nº 2, fracción D-1, padrón 17964, Finca 15.341, de la colonia Santa María del distrito de Minga Porá, operó sin licencia ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente.

Lea: El tiktoker Marito, en modo “Magnífico”, genera todo tipo de reacciones: “Es un payaso

En ese sentido, en un depósito habría acopiado productos fitosanitarios de uso agrícola, violando de esa manera además de las disposiciones de la ley 294/93, los preceptos establecidos en el manual de almacenamiento y control de existencias de plaguicidas de FAO. Dicha situación fue constatada por la Fiscalía durante el allanamiento realizado al inmueble en cuestión, el 12 de julio pasado.

En esa oportunidad, los intervinientes compraron la existencia de la vivienda del propietario y el depósito de insumos agrícolas y fertilizantes, así también tres piletas interconectadas utilizadas para la piscicultura, que se abastecen desde un cauce hídrico y desemboca nuevamente al mismo sitio.

En el lugar se encontraron los siguientes productos: ZAPP-herbicida: 1.500 bidones de 20 litros; ECO ferlilizante, 70 bidones; ECOFIX, 82 bidones; BIFEN COOP, 52 cajas con 12 bidones y EDDUD-Herbicida, 98 cajas con 2 bidones.

Lea también: Senado atenta contra otro Poder del Estado: “Una injerencia al sistema de justicia”

Además de RANMAN Insecticida, 24 cajas; UNIZEB Fungicida, 20 bolsas; FARMON Herbicida, 6 bidones, APARATOR Herbicida: 10 bidones; INEX-Fertilizante, 10 bidones; KEEPER Herbicida, 310 bidones. Entre los mismos, se encontraron varios productos vencidos en los años 2019, 2020 y 2021.

De igual manera, en el inmueble se constataron la existencia de dos depósitos, uno destinado para el resguardo de maquinarias y fertilizantes en bolsas de big bag, y en el otro se observan envases vacíos de agroquímicos. También se constató la instalación de un taque de combustible de 5 mil litros. Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta por el fiscal Adolfo Santander para el inicio del proceso penal.

Las intervenciones fueron realizadas en la ruta PY 18, camino entre Villeta y Nueva Italia, donde se encontraba apostado personal de la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Una de las intervenciones consistió en la incautación de un camión tipo tumba con productos frutihortícolas ingresados al país presumiblemente de contrabando. Del vehículo se decomisaron 387 bolsas de papas de origen argentino de 20 kilogramos cada una, totalizando 7.740 kilogramos.

De otro camión se incautaron 146 bolsas de cebollas, también de origen argentino, de 20 kilogramos cada uno, totalizando 2.920 kilogramos. También se encontraron 15 bolsas de papas de 20 kilogramos cada uno, siendo un total de 300 kilogramos.

Puede interesar: Caen paraguayos armados en Foz, vinculados a asaltos en la frontera

Ambos vehículos se desplazaban desde la ciudad de Alberdi con dirección a Itá, sin las documentaciones legales respaldatorias.

Alcides Mendoza, Norma Almada, Nancy Villagra, Myriam Barresi y Yenny Colmán, denunciaron haber sido perjudicados por el grupo delincuencial.

Los denunciantes acusan que el propietario de”Mathías Automotores”, Porfirio Gimenez, mediante acciones llevabas a cabo con aval del juzgado de Benjamín Aceval, a cargo del juez de Paz Roberto Ferreira, secuestró sus vehículos, aún cuando ya llevaban pagado entre el 60 a 85 % de las cuotas abonadas.

La mafia de los pagarés va desvelando nuevos episodios y víctimas del esquema montado para utilizar resortes, para blindar estafas masivas, muchas de las cuales cometidas en compras de vehículos, electrodomésticos, muebles, entre otros.

Los casos que implica a la mencionada playa, sumado a los de Steven Automotores, son emblemáticos, en el sentido del modo como opera el grupo que utilizando esquemas fraudulentos, determina embargo de bienes. Se estima en alrededor de 500 perjudicados por la agrupación delincuencial.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la investigación de 9 jueces (además de ujieres y otros funcionarios), tras ventilarse el esquema operativo utilizado por la conocida como la mafia de los pagarés.

Te puede interesar: Caen paraguayos armados en Foz, vinculados a asaltos en la frontera

Por resolución Nº 1739, el Consejo de Superintendencia, decidió la ejecución de la auditoría, “a efectos de constatar la existencia o no de eventuales irregularidades en la tramitación de procesos ejecutivos, así como la identificación de presuntos responsables”, subraya una parte del documento.

La auditoría se hará extensiva a los juzgados de paz de la Catedral 1º y 2º turno; San Roque y La Encarnación. Asimismo, la máxima instancia judicial pidió a la Contraloría el estudio de correspondencia de bienes de los jueces de paz de Capital: Gloria Machuca, Alejandro Peña, Lourdes Yumi Piñeiro, Liliana de Bristot, Gustavo Villalba Báez, Nathalia Garcete, Carmen Analía Cibils, Víctor Rodríguez Acosta y Elvira Franco. La pesquisa incluye a los ujieres y demás funcionarios.

En reporte brindado tras la misa central de Caacupé, el comandante de la Policía, indicó que no se registraron denuncias de hechos punibles en el marco de la festividad mariana.

Indicó que el éxito fue en la parte estratégica, táctica y operacional. “Lo esencial en este tema es la planificación. Hemos empezado unos meses antes, haciendo un relevamiento total para el servicio. Lo segundo es traer a la cantidad necesaria de efectivos”, expresó.

Manifestó que unos 8.000 uniformados fueron desplegados para el operativo, que no solo se limitó en la zona de Caacupé, sino también en varios puntos del país.

Puede interesar: Homilía en Caacupé llama a renovar la fe y esperanza

Por otro lado, sostuvo que el pedido puntual que se realiza es el de mayor cantidad de patrulleras y equipos de comunicación, destacando la última entrega por parte de Itaipú hacia las fuerzas policiales.