A medida que avanza la investigación y la recepción de las pruebas documentales recolectadas por el Ministe­rio Público, la situación del senador Rodolfo Friedmann se complica aún más en torno al caso de su negociado con la merienda escolar cuando era gobernador de Guairá (2013-2018) y su vínculo con la empresa proveedora Even­tos y Servicios SA (ESSA), ya ahora la sospecha apunta a un posible enriquecimiento ilícito, incluyendo los otros imputados.

Según la explicación dada por el fiscal interino de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera, se está estudiando dicha posibilidad de ampliar la imputación por enriqueci­miento ilícito, cuya pena va hasta diez años. Friedmann está imputado por adminis­tración en provecho propio, lavado de dinero, cohecho pasivo agravado y asociación criminal.

Cabrera explicó que en medio de la recolección de elementos documentales en la investigación se solicita­ron los cheques utilizados por la empresa ESSA, donde Friedmann era capitalista, inyectando 1.700 millones de guaraníes para ser adju­dicada posteriormente para la provisión de la merienda escolar para la Gobernación del Guairá. Fue así que el Ministerio Público recibió al menos 500 cheques que la mencionada firma había movido mientras duraron los contratos, de dos cuen­tas, una del Banco Nacional de Fomento (BNF) y otra de la financiera Interfisa.

Lo que se sospecha es que todos los involucrados en el esquema criminal habían aumentado sus patrimonios a costa de la plata del Estado, en este caso de la generosidad de la Gobernación del Guairá, administrada en aquel enton­ces por Friedmann que también tenía control de la empresa ESSA y así se daba la triangulación monetaria.

Los 500 cheques ya están siendo analizados y compara­dos con los movimientos que tuvo y los pagos que se realizó con cada uno de los mismos.

Además de todos estos che­ques, el Ministerio Público también requirió la entrega de los cheques personales que cada uno de los imputa­dos había utilizado en bene­ficio propio.

“Estamos recibiendo cuatro talonarios por día y habría ya actualmente unos 200 che­ques personales que habían utilizado los imputados y eso será objeto de peritaje”, dijo Cabrera.

El fiscal tampoco descarta sobre los movimientos de las cuentas de Friedmann que transfería sus ganancias en dólares a las cuentas de su cuñada Rebecca Saputovich y que estarían también inves­tigando.

Saputovich fue salpicada en el 2018 en casos de planille­rismo en la Gobernación de Guairá, cuando Friedmann era aún gobernador.

En la mencionada causa también está imputado el diputado Éver Noguera por administración en provecho propio y asociación crimi­nal. Además está la esposa de Friedmann, Marly Figue­redo, quien está imputada por lavado de dinero.

En la lista también está el primo de Friedmann de nom­bre Silvio Álvaro Alfaro Ber­tolo, quien está imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero y aso­ciación criminal; además está Lourdes Auxiliadora Gonzá­lez, contadora del senador, por administración en provecho propio, lavado de dinero y aso­ciación criminal. Por último se encuentra el ex secretario de la Gobernación de Guairá, Eduardo Domínguez, quien está procesado por lavado de dinero y asociación criminal.

Con orden de captura, pero libres

Ya pasaron 17 días de la orden de detención que había firmado el juez José Agustín Delmás contra los imputados Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, primo de Rodolfo Friedmann; y Lour­des Auxiliadora González, la contadora del senador, pero hasta el momento no se eje­cuta dicha prisión preventiva.

Los mismos luego de ser imputados, a través de otras personas, intentaron vaciar las cuentas de la empresa ESSA. Fue así que Álvaro Alfaro utilizó a su esposa Lilian Leiva Álvarez para sacar 500 millones de guara­níes de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de San Juan Nepomuceno, por lo que el fiscal Osmar Legal vio que podía obstaculizar la investi­gación por lo que pidió la pri­sión preventiva para Alfaro.

Así también el agente del Ministerio Público había pedido la detención de Gon­zález ya que esta envió a César Leiva, cuñado de Álvaro Alfaro, para retirar 1.500 millones de guaraníes de la financiera Interfisa de Villa­rrica, pero quedó en el intento ya que la mencionada firma tenía la orden de congelar las cuentas de ESSA.

La causa actualmente se encuentra sin juez penal, ya que el magistrado que fue sorteado para la causa, José Agustín Delmás, se había inhibido de seguir aten­diendo porque la contadora González presentó como abogada a Laura Figari, con quien tiene causal de inhibi­ción. Ante esta situación, el juez Humberto Otazú había impugnado la inhibición, por lo que fue a la Cámara de Ape­laciones y esta le confirmó a Delmás, sin embargo, la defensa de uno de los imputa­dos derivó a la Corte Suprema de Justicia, la confirmación del juez original.

Un hombre resultó herido mientras estaba sentado frente a su vivienda. Se trata de Éver Walter Mereles Almirón, de 44 años, quien acusó una herida de bala perdida en la espalda.

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La víctima relató a los agentes policiales que se encontraba frente a su domicilio compartiendo una ronda de tragos con sus amigos, cuando en momento dado, sintió el impacto del arma de fuego, sin saber de dónde provino la bala.

En medio del susto y sin saber qué sucedió, rápidamente el hombre fue auxiliado por sus cercanos hasta el Centro de Salud local, para que reciba atención médica. El caso se informó a la fiscal de turno, María del Carmen Meza, para los procedimientos de rigor.

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Uno de los asuntos más conflictivos del sector público es el sistema de transporte, explotado por empresas privadas, pero sin que por ello desaparezca la condición de servicio público.

“Lo más apremiante es no ir a esperar un montón de tiempo y que no venga. Eso se traduce en la frecuencia, hoy le llamamos regulada, ese es el problema central sobre la mesa”, explicó el viceministro Emiliano Fernández, en una entrevista con radio Universo 970 AM -Nación Media.

En cuanto al argumento de los empresarios sobre la falta de pago del subsidio, el viceministro aseguró que el Gobierno está el día. Sin embargo, aclaró que el transporte público no es un negocio privado y que, cuando se asume un compromiso, no se puede condicionar el cumplimiento.

Otro de los pendientes es la renovación de flota, que, según Fernández, es uno de los procesos que tiene que suceder.

La misión de la nueva administración apunta a un sistema de transporte público amigable que hoy no existe y que le está fallando a la gente, a criterio del propio Fernández.

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Sobre este último punto, indicó que será el Estado el que ponga las reglas de juego y que los transportistas se unirán a eso.

FÓRMULA QUE PERMITA SUBSIDIO DIRECTO AL PASAJERO

Consultado sobre la posibilidad de aplicar un subsidio de forma directa al pasajero, a través del billetaje electrónico, contestó que hay muchas estrategias por plantear en ese sentido, pero a juzgar por su respuesta, nada en el corto plazo.

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Los adjudicados con las becas forman parte de la convocatoria que juntó las ofertas de Itaipú, Yacyretá, Ministerio de Educación y Ciencias y Secretaría de la Juventud.

Los becarios podrán acudir desde hoy hasta el viernes 26 de abril a la sede donde rindieron la prueba de competencias básicas, excepto los de Fuerte Olimpo y Neuland, donde ya cumplieron con el requisito.

La cifra final es 4.583 adjudicados, seleccionados de un total de 11.000 postulantes. Los filtros se hicieron mediante evaluaciones socioeconómicas.

Para firmar el compromiso anual los requisitos son: fotocopia de cédula de identidad autenticada por escribanía pública y copia del Certificado de Estudios de la Educación Media. Los menores deben ir acompañados por sus padres.

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En cuanto a las comunidades indígenas, además de los documentos ya citados, deben incluir la fotocopia de carnet indígena que expide el INDI. Por su parte, las personas con discapacidad presentarán el certificado expedido por Senadis.

En tanto, los becarios que concluyeron el semestre o el curso en el 2023 no deben olvidar el certificado de estudios y la malla curricular de la carrera.

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