A medida que avanza la investigación y la recepción de las pruebas documentales recolectadas por el Ministe­rio Público, la situación del senador Rodolfo Friedmann se complica aún más en torno al caso de su negociado con la merienda escolar cuando era gobernador de Guairá (2013-2018) y su vínculo con la empresa proveedora Even­tos y Servicios SA (ESSA), ya ahora la sospecha apunta a un posible enriquecimiento ilícito, incluyendo los otros imputados.

Según la explicación dada por el fiscal interino de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera, se está estudiando dicha posibilidad de ampliar la imputación por enriqueci­miento ilícito, cuya pena va hasta diez años. Friedmann está imputado por adminis­tración en provecho propio, lavado de dinero, cohecho pasivo agravado y asociación criminal.

Cabrera explicó que en medio de la recolección de elementos documentales en la investigación se solicita­ron los cheques utilizados por la empresa ESSA, donde Friedmann era capitalista, inyectando 1.700 millones de guaraníes para ser adju­dicada posteriormente para la provisión de la merienda escolar para la Gobernación del Guairá. Fue así que el Ministerio Público recibió al menos 500 cheques que la mencionada firma había movido mientras duraron los contratos, de dos cuen­tas, una del Banco Nacional de Fomento (BNF) y otra de la financiera Interfisa.

Lo que se sospecha es que todos los involucrados en el esquema criminal habían aumentado sus patrimonios a costa de la plata del Estado, en este caso de la generosidad de la Gobernación del Guairá, administrada en aquel enton­ces por Friedmann que también tenía control de la empresa ESSA y así se daba la triangulación monetaria.

Los 500 cheques ya están siendo analizados y compara­dos con los movimientos que tuvo y los pagos que se realizó con cada uno de los mismos.

Además de todos estos che­ques, el Ministerio Público también requirió la entrega de los cheques personales que cada uno de los imputa­dos había utilizado en bene­ficio propio.

“Estamos recibiendo cuatro talonarios por día y habría ya actualmente unos 200 che­ques personales que habían utilizado los imputados y eso será objeto de peritaje”, dijo Cabrera.

El fiscal tampoco descarta sobre los movimientos de las cuentas de Friedmann que transfería sus ganancias en dólares a las cuentas de su cuñada Rebecca Saputovich y que estarían también inves­tigando.

Saputovich fue salpicada en el 2018 en casos de planille­rismo en la Gobernación de Guairá, cuando Friedmann era aún gobernador.

En la mencionada causa también está imputado el diputado Éver Noguera por administración en provecho propio y asociación crimi­nal. Además está la esposa de Friedmann, Marly Figue­redo, quien está imputada por lavado de dinero.

En la lista también está el primo de Friedmann de nom­bre Silvio Álvaro Alfaro Ber­tolo, quien está imputado por administración en provecho propio, lavado de dinero y aso­ciación criminal; además está Lourdes Auxiliadora Gonzá­lez, contadora del senador, por administración en provecho propio, lavado de dinero y aso­ciación criminal. Por último se encuentra el ex secretario de la Gobernación de Guairá, Eduardo Domínguez, quien está procesado por lavado de dinero y asociación criminal.

Con orden de captura, pero libres

Ya pasaron 17 días de la orden de detención que había firmado el juez José Agustín Delmás contra los imputados Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, primo de Rodolfo Friedmann; y Lour­des Auxiliadora González, la contadora del senador, pero hasta el momento no se eje­cuta dicha prisión preventiva.

Los mismos luego de ser imputados, a través de otras personas, intentaron vaciar las cuentas de la empresa ESSA. Fue así que Álvaro Alfaro utilizó a su esposa Lilian Leiva Álvarez para sacar 500 millones de guara­níes de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de San Juan Nepomuceno, por lo que el fiscal Osmar Legal vio que podía obstaculizar la investi­gación por lo que pidió la pri­sión preventiva para Alfaro.

Así también el agente del Ministerio Público había pedido la detención de Gon­zález ya que esta envió a César Leiva, cuñado de Álvaro Alfaro, para retirar 1.500 millones de guaraníes de la financiera Interfisa de Villa­rrica, pero quedó en el intento ya que la mencionada firma tenía la orden de congelar las cuentas de ESSA.

La causa actualmente se encuentra sin juez penal, ya que el magistrado que fue sorteado para la causa, José Agustín Delmás, se había inhibido de seguir aten­diendo porque la contadora González presentó como abogada a Laura Figari, con quien tiene causal de inhibi­ción. Ante esta situación, el juez Humberto Otazú había impugnado la inhibición, por lo que fue a la Cámara de Ape­laciones y esta le confirmó a Delmás, sin embargo, la defensa de uno de los imputa­dos derivó a la Corte Suprema de Justicia, la confirmación del juez original.

El albergue transitorio recibió a las primeras tres personas en situación de calle, todos del sexo masculino.

Para este sábado se esperan temperaturas más bajas, por lo que creen que más personas llegarán hasta el sitio para refugiarse.

Eduardo González, coordinador de albergues, comentó que las personas que llegaron anoche, se retiraron esta mañana luego de desayunar para continuar con sus actividades habituales, pero volverían al anochecer.

El albergue está instalado cerca de la sede de la Primera División de Infantería, en el Bañado Sur, y funcionará allí mientras aguardan la autorización de la Municipalidad de Asunción para utilizar la Costanera Norte de Asunción.

El sitio cuenta actualmente con dos carpas amplias y una capacidad para albergar a 30 personas, con la posibilidad de ampliar el cupo según la demanda.

El refugio está organizado en pabellones diferenciados, con uno exclusivo para varones, otro para mujeres, y un tercer sector interno dentro de la oficina destinado a mujeres con niños.

Fretes busca conocer de cerca la realidad de cada servicio de la previsional y realizar un diagnóstico integral de la situación institucional.

En esta oportunidad, la visita se realizó en el departamento de Itapúa, iniciando en el Hospital Regional del IPS en Encarnación, donde mantuvo reuniones con directivos, funcionarios y pacientes para interiorizarse sobre las principales necesidades y desafíos de cada establecimiento.

Fretes llegó acompañado de especialistas en cada área para verificar adecuadamente todo el hospital.

Según expresó, verificó completamente las instalaciones y observó algunos detalles que se deben corregir para mejorar la atención a los asegurados.

Entre esos, una precaria ventana en la sala de quirófano, cuando en realidad, los procedimientos quirúrgicos deben realizarse en ambientes cerrados, es decir, no debería estar colocada ninguna abertura por donde podría ingresar viento y contaminación.

Informó, además, que se estará trabajando para contratar más profesionales pediátricos para el IPS de Encarnación, y sobre la posibilidad de reinstalar la planta de oxígeno.

Con respecto a los medicamentos, mencionó que en unas 4 semanas aproximadamente, volverán contar con el 80% de los medicamentos que actualmente están en stock, y que serán distribuidos en todo el país.

Arturo Almirón, presidente de la Junta Municipal de Asunción, firmó la convocatoria a la sesión extra para mañana 10 de mayo a las 13:00, a fin de tratar los puntos pendientes de la ordinaria del miércoles pasado.

La rendición financiera del año 2025 que detalla la ejecución presupuestaria y expone el balance municipal que abarca la actual administración, los meses de intervención a cargo de Carlos Pereira y la etapa de Óscar Rodríguez es lo que debe estudiar el pleno.

En caso de que mañana no tengan los números para dar cuórum, el balance quedará aprobado de manera automática, debido a que vence el plazo para su tratamiento.

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La intervención hecha el año pasado por Carlos Pereira reveló que Rodríguez utilizó bonos para cubrir gastos corrientes, cuando ese dinero estaba blindado a favor de obras.

Según Pereira, los bonos se manejaron bajo un sofismo de “la cuenta única” y se mezclaron diferentes fuentes con apenas un 7 % de inversión en infraestructura.

Rodríguez renunció a la Intendencia de Asunción en agosto del 2025, día en que se presentaron los resultados de la intervención que también derivó en informes remitidos a la Fiscalía.

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