El periodista Jorge Torres, quien fue emplazado para entregar a su fuente, argumentó que la Fiscalía debería de pedir informes a la telefónica sobre cómo se filtró el dato, no así al comunicador que publicó el contenido. “Si paso esa información, yo voy a hacer el 90 % del trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público”, acotó.

En charla con la 970 AM, el investigador del diario La Nación refirió que los fiscales sí pueden convocar a los periodistas para preguntarles cuáles son las fuentes da investigación, pero que los mismos pueden resguardarse bajo el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Artículo 29 – DE LA LIBERTAD DE EJERCICIO DEL PERIODISMO

El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.

El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso.

Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley.

Sin embargo, en su caso, según resaltó Torres Romero, la fiscal Marlene González envió un oficio donde de manera puntual resalta que debe decir en el plazo de 72 horas quién fue la persona física o jurídica que proporcionó los datos, con lo que se atenta gravemente la labor de la prensa. “Esto no es otra cosa más que un amedrentamiento. O esta fiscal tiene un absoluto desconocimiento a las garantías constitucionales que tenemos los periodistas. Es una cuestión que cae de maduro”, lanzó.

“A mí me preocupa esto, de entrada yo percibo que en serio es un amedrentamiento porque me emplazan. No solamente quiere que le diga quién es mi fuente, sino que también que le envíe la copia del documento que usé para la publicación. Me preocupa en general para todos los que estamos dentro de este oficio”, resaltó.

El comunicador dijo que recurrió a la asesoría del grupo comunicacional y que, por recomendación, responderá mediante una nota que posee la garantía constitucional del resguardo de la fuente. Esto será remitido en la mañana de este lunes a la representante del Ministerio Público.

Por otra parte, lamentó que el Sindicato de Periodistas y el Foro de Periodistas del Paraguay hace rato están muy ideologizados y operan a favor de los sectores que son únicamente de su interés, por lo que no le sorprende que no se hayan pronunciado aun sobre su caso. “La indignación es selectiva. No espero mucho de ellos, pero insisto que este no es un tema que solo debe preocuparme a mí, por que soy el afectado, sino que debe preocuparnos a todos porque deja un precedente sobre cómo se articula desde la justicia; están golpeando desde hace tiempo con esto”, subrayó.

EL CASO

La fiscal González tiene a su cargo la investigación sobre la obten­ción de extractos de llamadas telefónicas de varios políti­cos, empresarios y abogados, cuyo contenido fueron divul­gados a través de diferentes medios de comunicación.

Para la obtención de dicha información se remitieron a las compañías telefónicas varios oficios que habrían salido de la unidad fiscal de J. A. Saldívar, entonces a cargo de la fiscala Brígida Aguilar, cuya firma habría sido adulterada.

En noviembre del año pasado, el diario ABC Color fue uno de los primeros medios que publicó el cruce de llama­das que se habrían obtenido con los documentos fragua­dos, y en base a la respuesta que había proporcionado una compañía telefónica al correo electrónico que figuraba en la nota con la supuesta firma de la fiscala Aguilar.

Los datos solicitados en ese oficio adulterado fueron los mismos que se publicaron en el referido medio y que pos­teriormente a raíz de una investigación de La Nación se constató de la existencia de un esquema montado para la obtención de extractos de lla­madas que se había diseñado en la Fiscalía de J. A. Saldívar.

Tras la investigación de nuestro diario, el Ministe­rio Público actuó de oficio para determinar los hechos punibles y designó a la agente fiscal González a cargo de la investigación.

OTROS PEDIDOS

En el primer oficio solicitado con la firma supuestamente adulterada de la fiscala Agui­lar, se pidieron los extractos de Carmelo Caballero, Raúl Fer­nández Lippmann, José Ortiz, Luis Canillas, entre otros. Este pedido sí respondió la empresa telefónica y esa información la publicó el diario ABC.

Nuestro diario accedió luego a otros documentos que tam­bién fueron enviados a las telefónicas y en las que soli­citaban extractos de otros políticos como Efraín Alegre, Desirée Masi, Rafael Filiz­zola, Mario Abdo Benítez, Luis Alberto Wagner, Enri­que Bacchetta, entre otros.

Según afirman desde las tele­fónicas, este otro pedido ya no se respondió. Sin embargo, los políticos Alegre, Masi y Filiz­zola, bajo patrocinio del abo­gado Guillermo Duarte Caca­velos, denunciaron el hecho ante la fiscala Marlene Gon­zález.

¿AMEDRENTAMIENTO?

La semana pasada, llegaron a LN dos oficios firmados por la fiscala González. Uno en el que solicita un ejemplar de la edición del 24 de enero de este año y otro dirigido al perio­dista Jorge Torres Romero, en el que le pide lo siguiente: “Informar si el flujo de lla­madas entrantes y salientes atribuido al señor Enrique Bacchetta en el período com­prendido de mayo a noviem­bre del 2017 y publicado en la nota periodística del dia­rio La Nación en fecha 24 de enero del 2018 cuenta con logotipos u otros medios de identificación de la persona física o jurídica que ha pro­visto tales datos”.

En otra parte del oficio se emplaza al periodista a remi­tir la información solicitada: “Remitir copia del docu­mento en el que se encuentra el detalle de llamadas entran­tes y salientes atribuidas al señor Enrique Bacchetta y que motivaron y sirvieron de sustento para la publicación del día miércoles 24 de enero del 2018 suscrito por el citado periodista e intitulada “SENA­DOR BACCHETTA LLAMÓ A 23 FISCALES Y 37 JUECES EN 7 MESES. Sírvase remi­tir el informe solicitado en un plazo de 72 horas computados a partir de la recepción de la siguiente nota”.

DENUNCIA DE AMEDRENTAMIENTO

Hace un par de semanas, la periodista del diario ABC Color Mabel Rehnfeldt había denunciado que fue amedrentada por la Fiscalía cuando fue consultada sobre quién le proporcionó la infor­mación sobre los audios que fueron difundidos y que reve­laron los casos de tráfico de influencias.

La comunicadora, quien había denunciado el hecho ante la Fiscalía, fue llamada a declarar en su condición de denunciante y el hecho pro­vocó la reacción de la perio­dista y otras voces como la del embajador de los Estados Unidos en nuestro país, quien había exhortado a través de su cuenta en Twitter del respeto a las garantías constituciona­les para el libre ejercicio del periodismo.

El caso de Torres es también preocupante, quien ni siquiera fue denunciante ante la Fisca­lía, pero sin embargo es empla­zado a que revele su fuente.

Integrantes del grupo criminal terrorista dedicado a hechos delictivos, secuestros y extorsiones, reclamados por varios delitos en Paraguay son el motivo de la convocatoria que hace para hoy el Ministerio del Interior.

El antecedente más inmediato del caso es el anuncio hecho por la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, quien el sábado pasado comunicó la nueva retención de cuatro miembros del EPP que habían recibido asilo durante el gobierno kirchnerista, pese a no cumplir con las exigencias.

Sobre los motivos por los cuales no reúnen los requisitos para el refugio, la ministra explicó que, al contar con alerta roja de la Interpol, no tiene cabida el otorgamiento de este privilegio, al cual calificó de “encubrimiento kirchnerista”.

Nota relacionada: Liberan a integrantes del Clan Villalba y les otorgan refugio en Argentina

La responsable de la seguridad interna del vecino país dijo que, estas personas utilizaron a la Argentina para criar a sus hijos y luego sumarlos a las filas del EPP en Paraguay. Incurrieron en decenas de delitos, entre ellos, secuestros, asesinatos, narcotráfico y la trata de niños para usarlos de guerrilleros.

El anuncio fue claro y contundente: “Nos vamos a ocupar de extraditarlos a Paraguay para que rindan cuentas de sus delitos”. José, María Rosa, Tania y Mirian Villalba Ayala, integrantes del clan Villalba, son considerados brazo logístico del EPP.

A las 14:00 de este viernes, en la sede del Puerto de Asunción, representantes estudiantiles serán recibidos por el Ministerio de Educación y Ciencias y otras autoridades con competencia en materia universitaria.

Federico Mora, viceministro de Educación, confirmó que 10 facultades ya anunciaron el levantamiento del paro y el retorno a clases desde el lunes. Aproximadamente tres son las que siguen pendientes se reanudación.

Lea también: Liberan importación del tomate ante disparada de precios

“Vamos con mucha expectativa a la reunión de hoy, en un mano a mano que permita poner sobre la mesa las preguntas y respuestas, en un intercambio que nos permita desmarcar sobre todo lo que se dijo como accesorio o externo al programa”, dijo el viceministro Mora, en una entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Hay ganas de ambas partes, según Mora, de zanjar la situación, porque también los alumnos desean reanudar las clases cuanto antes.

La importancia de la reunión de hoy, a criterio del Gobierno, radica en que será sin ruidos externos que puedan ejercer otro tipo de presiones y llevar la tensión al diálogo. El encuentro será de carácter circular, es decir, no cada uno por su lado, sino una ronda de conversaciones.

Puede interesarle: Presentan plan para construcción de la franja costera en Asunción

Las embajadas de Paraguay en Egipto, Canadá, Portugal, Australia y Suiza fueron cerradas a inicios de abril y, desde entonces, los asuntos son tratados en sedes diplomáticas concurrentes. Estos países tampoco tienen representaciones en nuestro territorio, lo que se conoce como reciprocidad diplomática.

Para el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, al margen de las representaciones diplomáticas, el Paraguay debe tomar decisiones de acuerdo a los recursos presupuestarios disponibles para ese fin.

Lea también: Hambre Cero: Peña destaca primera reunión en mesa de trabajo

«Esto representa un ahorro importante, pero más que el ahorro lo que se está persiguiendo es la eficiencia», dijo en la víspera el canciller Ramírez, en un breve diálogo con los medios.

El ministro refutó algunas posiciones sobre las consecuencias del cierre de estas embajadas y aseguró que “no significa un repliegue en la política internacional ni en la prioridad de inserción al mundo”.

Por otro lado, paralelamente a estas clausuras, los embajadores ante el Reino Unido, Juan Ernesto Snead y ante Emiratos Árabes Unidos, Carolin Konther López ya prestaron juramento en sus cargos.

Puede interesarle: Así estarán financiados los demás programas que dependían del Fonacide