Óscar Orué, ministro de la SET, detalló en diálogo con radio 1080 AM que los comerciantes y vendedores de la referida zona incluso tiraron piedras al vehículo en el que se desplazó el equipo que debía realizar el control especial.

“Para precautelar la seguridad de los funcionarios decidimos suspender. Conste que el proceso no era a fin de sancionar o incautar mercaderías. Era hacer un censo y capacitaciones en caso de no estar inscriptos, al que llamamos ‘operativo persuasivo”, expresó Orué.

Sobre ese punto, el ministro explicó que el operativo se basa específicamente en las verificaciones sobre la cantidad de comercios y su nivel de actividad, formalizar aquellos que no se encuentran inscriptos en el Registro Único del Contribuyente (RUC), además de ofrecer charlas gratuitas a los trabajadores de la zona sobre las ventajas de la legalidad.

En el contexto de las agresiones, el alto funcionario recordó que situaciones similares ya se registraron en el pasado. Como búsqueda de una solución, charlaron con el intendente de la ciudad y agentes policiales para llevar a cabo este martes el operativo que quedó suspendido por los inconvenientes que ocurrieron ayer.

“Llama mucho la atención, no sé por qué ese grado de violencia y no permitir el ingreso de funcionarios de la SET. No esperaba a que se llegue a ese nivel”, lamentó, señalando que la actividad está prevista nuevamente para hoy.

Indicó que por el momento no se aplicarán sanciones, en caso de detectar irregularidades, no obstante, adelantó que si los comercios controlados en este operativo no se inscriben en un periodo de 60 días, las mismas se pueden aplicar.

Finalmente, dijo que la institución a su cargo realiza tres tipos de operativos: persuasivo, compra simulada y cierre de local. La denuncia que recibieron con relación a esa zona es que no emiten factura.

“El control persuasivo es para los contribuyentes que hacen comercio en la zona. Nosotros lo que queremos es que emitan facturas. Hay que ajustarse al régimen correspondiente”, puntualizó.

La complicada situación económica por la que atraviesan les obligó a recurrir a los pobladores de las comunidades donde realizan sus pasantías, y estos les asisten con comida para poder subsistir.

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La

Dra. Gloria Giménez en conversación con la 650 AM comentó que iniciaron sus funciones como pasantes el pasado 3 de abril, y el pago de sus salarios debe darse en la medida posible agilizando los trámites administrativos.

“Se debería de ver la manera de que estos trámites se agilicen porque es algo que se ve año tras año”, señaló la profesional.

Lo médicos, a través de una nota dirigida a las autoridades, se pronunciaron exigiendo el cumplimiento de la cláusula firmada en los contratos con el Ministerio de Salud, donde se establece el pago de la remuneración salarial correspondiente al trabajo realizado.

Piden respuesta inmediata a su pedido considerando las necesidades económicas por la que están atravesando 

Los allanamientos simultáneos se llevaron a cabo este miércoles en diferentes puntos de Ciudad del Este, como parte de una investigación sobre un presunto caso de “ordeñe” de combustible cometido por funcionarios de la municipalidad local.

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La Fiscalía informó que durante los procedimientos, se confiscaron diversas evidencias, incluyendo bidones, tambores, un motor utilizado para extraer combustible y otras pruebas relacionadas con el supuesto ilícito. 

La denuncia fue presentada por la Asesoría Jurídica de la institución comunal, revela que algunos empleados encargados de los vehículos municipales estarían desviando combustible a sus respectivas viviendas para uso particular. El descubrimiento de esta actividad ilícita se produjo a través de una auditoría y mediante el seguimiento de un sistema GPS.

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Conforme a la pesquisa, el perjuicio patrimonial para la municipalidad podría ascender a unos 60 a 70 millones de guaraníes mensualmente. Hasta el momento, no se realizaron detenciones con relación al caso. 

Sin embargo, los intervinientes notificaron a algunos de los presuntos implicados a través de sus familiares para que comparezcan mañana jueves ante el Ministerio Público a fin de prestar declaración indagatoria.

El Ministerio de Educación, la Policía Nacional y el Ministerio de la Niñez participaron de la reunión interinstitucional. Como parte de su medida, llaman a involucrarse a todas las instituciones educativas, a las entidades estatales que velan por la integridad de los menores y a los propios padres de familia, a quienes se les pidió prestar mayor atención a los hijos.

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Al término de la reunión, en conferencia de prensa, los representantes de las instituciones involucradas dieron detalles del encuentro y comentaron sobre el Comité de Riesgo que existe en cada institución educativa y que está conformada por padres de familia y docentes. Ahí se toman las acciones correspondientes a cada caso que se presente.

El ministro de Educación, Nicolás Zárate, comentó que el Comité de Gestión de Riesgo se creó durante la pandemia y siempre se mantuvo activo, pero ahora piden un mayor involucramiento de los padres. “Ratificamos esa potestad de que los padres son los responsables de velar, en primera instancia, por los hijos”, señaló.

Instó a los padres de familia a ser los primeros en revisar las mochilas de sus hijos antes de ir a las escuelas y colegios, el segundo filtro serían las instituciones educativas.

Mayores detalles del plan se darán a conocer en las próximas horas a través de una resolución que será publicada por las entidades involucradas.