“El sistema de la ley de Fonacide fracasó, a mi entender. Categóricamente fue un fracaso. Y quizás todos formamos parte de ese fracaso. La descentralización, la falta de capacidad de intendentes y gobernadores de administrar el dinero, la enorme corrupción del manejo de esos fondos (350 millones de dólares por año)”, reconoció el contralor Camilo Benítez en entrevista con la radio 650 AM.

Precisó que desde que asumió en la Contraloría vio el Fonacide como un problema, por lo que cambió el sistema de presentación de las rendiciones de cuentas: se pasó del formato de papel al digitalizado, el cual está abierto a la ciudadanía en general. “Mejoró muchísimo el control en los últimos años, antes no se podía ver en qué gastaba el intendente o el gobernador, gracias a los cambios se pudieron detectar y denunciar casos de corrupción”, resaltó.

No obstante, la autoridad reconoció que la Contraloría debería dotar de mayores funcionarios para el control de las obras in situ, pero que se ve limitada en sus recursos. “Son más de 280 municipios y 7 gobernaciones, hay que invertir más para auditar en un 100%”, acotó.

Benítez consideró que es una verdadera pena que la descentralización no haya conseguido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, tal como se esperaba con la implementación del Fonacide, ya que siempre son las autoridades locales las que conocen de las necesidades de sus pueblos.

“Que haya fracasado el sistema es realmente una pena. Si vemos los números de lo que se gastó, no vemos una mejoría, sino que todo lo contrario. Esa es la realidad. (…) Robar la comida de los chicos es el colmo. Como muchos sabemos es la única comida de los chicos en el día. En marzo sacaremos un informe sobre eso”, mencionó sumamente derrotado.

El Fonacide, es un fondo creado por la Ley 4758/12 que determina como se asignan los fondos adicionales resultantes del cambio del factor multiplicador1 en concepto de compensación por cesión de energía; de 5,1 (cinco enteros y un décimo) a 15,3 (quince enteros y tres décimos), establecido en la Nota Reversal N° 4 de fecha 1 de septiembre de 2009. Este fondo está destinado exclusivamente al financiamiento de proyectos de inversión pública y de desarrollo.

La organización Juntos por la Educación lanzó días atrás la campaña “Más transparencia”, en la que insta a la ciudadanía a exigir rendición de cuentas de los intendentes sobre el uso de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), atendiendo que este paga las mejoras en infraestructura y almuerzo escolar.

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A través de la resolución N° 5090, el fiscal general del Estado dio apertura a la investigación de todos los hechos de corrupción que ocurrieron en el IPS durante la administración de Vicente Bataglia y que fueron evidenciados en un informe de la Contraloría General de la República.

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El informe de la Contraloría descubrió un presunto daño patrimonial en la previsional que asciende a casi USD 160 millones, así como también, millonarios montos sin justificación o respaldo documental.

Emiliano Rolón designó a los ficales especializados en delitos económicos, Jorge Arce, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Néstor Coronel, quienes serán encargados de llevar a cabo la investigación.

Fue el propio presidente del IPS, Dr. Jorge Brítez quien solicitó al Ministerio Público iniciar la investigación teniendo en cuenta el informe de la CGR y las desprolijidades administrativas que detectaron tras asumir en el cargo.

Quien está en la mira, Vicente Bataglia, se puso a disposición de la Fiscalía a través de los abogados Arturo Daniel y Andrés Casati, quienes responderán con todas las documentaciones que la investigación en su contra lo requiera.

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El procedimiento estuvo encabezado por la agente fiscal Sussy Riquelme, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, quien desarrolló varias diligencias, entre ellas, la toma fotográfica del hospital, solicitudes, tanto del informe médico, como la nómina del personal de salud que estuvo de guardia durante los días de la internación del denunciante, así como la ficha del paciente.

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La fiscal señaló que también serán tomadas las declaraciones en torno al caso.

Días atrás, a través de sus redes sociales, Alexis Gallagher, denunció haber sido víctima de presuntos hechos de tortura durante su internación en el Hospital Psiquiátrico. En ese sentido, el mismo fue convocado a prestar declaración ante la unidad de turno, a fin de brindar más datos.

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El Ministerio de Salud también tomó la determinación de intervenir el hospital con un equipo que tendrá un plazo de no más de 30 días para presentar el informe.

El llamado inició los primeros días de agosto, todavía bajo la administración de Vicente Bataglia. Recibió varias consultas, protestas e investigaciones de oficio realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y los potenciales oferentes.

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Brítez aclaró a los medios de prensa sobre el proceso que están llevando adelante para la contratación del servicio que, por cierto, costará G. 13.000 millones menos que lo estipulado. Expresó que analizaron a profundidad el pliego de bases y consideraron las observaciones realizadas por la DNCP

“Lógicamente hay condiciones, no podemos abrir a todo el mundo. Lo que cuestionó la DNCP son tres puntos y nosotros vamos a acatar lo que diga el órgano rector” expresó el titular de la previsional.

El Dr. Jorge Brítez negó que exista un direccionamiento en el pliego de bases y condiciones que, según él, tiene 5 años de vigencia.

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"Estamos molestando a mucha gente por el trabajo que estamos haciendo", dice el presidente del IPS, Jorge Brítez.

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— GEN (@SomosGEN) September 21, 2023

“Estamos molestando a mucha gente por el trabajo que estamos haciendo. Recibimos bombas por todos lados, pero no importa, vamos a seguir, vamos a actuar con transparencia que es el objetivo de esta administración”, agregó.

Autoridades del Instituto de Previsión Social detallaron el miércoles pasado, en conferencia de prensa, que incluyeron las recomendaciones de Contrataciones Públicas en el polémico llamado para contratar servicio de higienización en las dependencias de Central. Indicaron que de G. 81 mil millones que estaba proyectado, pagarán G. 68 mil millones.

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