Las edades más vulneradas de acuerdo a las denuncias o pedidos de auxilio que reciben vía telefónica se da en niños y niñas de 6 y 7 años y adolescentes de 13 años. La línea se encuentra abarrotada de denuncias tanto así que se habilitó la posibilidad de un buzón de voz en caso de que la persona que está llamando no sea atendida en forma inmediata y luego se el devuelve la llamada, explicó Licia Martínez, coordinadora de Fono Ayuda 147.

“Las campañas están dando sus frutos, recibimos muchas llamadas y estamos tratando de salvar con un buzón de voz para luego devolver la llamada cuando se desocupa la línea si no puede ingresar inmediatamente y esta campaña tiene un eje de instrucción de instancia de denuncia dependiendo del caso ya sea abuso sexual o maltrato de otro tipo”, afirmó Martínez en contacto con la R800 AM.

Lamentó que continúa el miedo a la denuncia por el qué dirá de la familia dejando a un lado la importancia de proteger al niño, niña o adolescente que está en problemas.

“Sigue el problema del miedo a hacerme cargo de lo que sé y por eso instamos a ser responsables con eso, el temor de que se enojen es más grande que proteger a un niño, se normalizan las situaciones de violencia”, señaló.

La mayoría de las llamadas corresponde a algún integrante de la familia y sienten más recelo en guardar las apariencias y no ver que el niño está sufriendo y su denuncia inclusive puede evitar que se cometan más abusos en el seno familiar.

Afirmó que pasa por no ver a un bebé o a un niño como una persona con derechos sino como objetos y pertenencia de los adultos.

“La prevención viene de la mano con la educación y también la educación de la sexualidad humano como algo saludable y responsable y el cuidado con el acceso a la información y los espacios que proveen materiales sobre abuso sexual”, indicó.

Cuando se habla de educación, Martínez destacó que también implica que el niño sepa sus derechos, que tiene derecho a opinar, a decir no y hablar sobre lo que siente, lo que le gusta y no dando como ejemplo la negativa a saludar con besos y abrazos y que esta no debe ser una situación forzada con terceros.

“Si aprenden a decir que no y a pedir ayuda son factores protectores, no tienen porqué saludar afectuosamente, no les estamos permitiendo un nivel conductual con el que percibe el peligro, se lo invalida y las emociones hay que validar, protegerlas”, detalló.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior a ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas las ocupantes del inmueble de manera irregular, y que estaban conectadas a la red eléctrica de manera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos sí encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos, serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que, no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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