Hoy nuevamente el procesado senador en un segundo video habla sobre la sobrefacturación en el almuerzo escolar en el departamento del Guairá y niega totalmente que eso haya existido. Friedmann quien habla con medidas verdades, dice que cuando fue gobernador del Guairá solo firmó un contrato para la provisión del almuerzo escolar y que le otorgó el mismo a la empresa que hizo la menor oferta, ESSA. Es verdad que solo firmó un contrato, lo que es mentira es que haya sido a la menor oferta y eso queda evidenciado en el documento que tiene su firma.

El político en poco más de 5 minutos de filmación se pasa atacando a los medios cartistas a los que trata de sicarios, pero no explica por qué todos estos argumentos no los lleva a la justicia para demostrar su supuesta inocencia.

Desde el 31 de agosto Rodolfo Friedmann y otras cinco personas de su entorno están imputadas por el Ministerio Público y desde ese mismo día el combo de abogados que tienen traba sistemáticamente la marcha del proceso. Si en verdad el senador tiene todas las pruebas que demuestran que no cometió los hechos punibles por los que se le procesó por qué no los expone en el ámbito judicial que es el único que le está persiguiendo.

Friedmann se niega a presentarse a declarar ante la Fiscalía, ahora no quiere cumplir con las reglas de conducta que se le impuso al momento de otorgarle medidas alternativas a la prisión, pero si con un equipo de asesores se pasa el tiempo haciendo videos que levanta a sus redes sociales donde dice tener todas las pruebas que demuestran que es un perseguido político e inocente de los cargos en su contra, pero llamativamente no las expone ante la justicia.

Las acusaciones contra Rodolfo Friedmann y que las produjo el Ministerio Público, no son mediáticas, sino jurídicas señalan que existen serios indicios que el actual senador es dueño de ESSA y basan su teoría primero en las declaraciones del ex socio de Friedmann, Hugo Alexander Torales, quien afirma que el que manejaba la empresa era el senador y que se llevaba el 80% de las ganancias.

Eso a su vez queda evidenciado en el momento en que Rodolfo Friedmann usa el dinero de las cuentas bancarias de ESSA para comprarse vehículos de alta gama, pagar por costosas joyas, hacer viajes de placer con su familia y hasta adquirió obras de arte que fueron todas pagadas con cheques de la empresa que en los papeles era de otras personas.

En la sesión de ayer, la Cámara Alta aprobó varios pedidos de informes relacionados a la criptominería en Paraguay.

El primero va dirigido a la ANDE a la que se le solicita datos sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras.

El segundo, a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los impuestos que efectivamente pagaron estas 52 empresas en los últimos años, a fin de verificar el nivel de aportes al fisco.

Este punto lo había adelantado ayer el senador Gustavo Leite, quien explicó que las criptominerías, en general, generan pocas fuentes de trabajo y que, probablemente, no pagan muchos impuestos en comparación a la cantidad de energía valiosa que se llevan del país, electricidad que será muy necesaria en un par de años.

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Igualmente, se solicita un informe sobre las condiciones de consumo de electricidad de las criptomineras. Además, al Instituto de Previsión Social sobre los trabajadores inscriptos por las criptomineras en la seguridad social.

Otra solicitud va dirigida al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y acerca del impacto de la actividad criptominera en el ambiente.

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Esta serie de pedidos se da en coincidencia con un momento en el que las criptominerías están en la mesa de conversación de varias instancias, pero no precisamente por hechos positivos.

En el caso de la ANDE, está en marcha un operativo de caza de criptominerías clandestinas que son grandes consumidoras de energía, sin pagar un solo guaraní por ella y causando un desequilibrio al sistema eléctrico. Hay 64 denuncias ante el Ministerio Público.

A esto se suma el descubrimiento del criptoshopping de la familia Zuccolillo que, según una investigación periodística, utilizó el Nis del centro comercial declarado para actividad coporativa, pese a que se dedicaba a la criptominería, según detectó la propia ANDE, que le remitió una nota para notificarle sobre la detección de “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de criptoactivos” y de la existencia de otro grupo de consumo mayor para este tipo de rubros.

En los meses en que se dedicó a esto, se produjo una pérdida de más de 300.000 dólares a la ANDE, monto que está a cargo del equipo jurídico de la institución, en lo relacionado al eventual reclamo.

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La agente fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, junto con el agente fiscal Carlomagno Alvarenga, llevan adelante una investigación sobre pornografía relativa a niños y adolescentes.

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En el marco de la causa, el representante del Ministerio Público lideró un allanamiento en el barrio San Antonio de la ciudad de Vallemí. El operativo fue desarrollado tras un trabajo de inteligencia que derivó en la detención de un hombre, investigado por extorsionar a un menor.

Durante el procedimiento fueron incautados dos aparatos electrónicos, consistentes en un aparato celular y una tablet. El procesado será trasladado hasta la localidad de Concepción para posteriormente ser remitido a la ciudad de Asunción, donde obra la carpeta principal.

Conforme al antecedente de la causa, el victimario extorsionaba y amenazaba con asesinar a los familiares del menor sino se sometía al pedido de compartir sus fotografías y vídeos íntimos.

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En la sesión de ayer, la Cámara Alta trató el mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual remite el Decreto N° 870/23: Por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 7.220 “Que modifica el artículo 172 de la Ley ° 1160/1997 ‘Código Penal’.

El pleno resolvió por mayoría el rechazo al veto presidencial y el documento fue remitido a la Cámara de Diputados.

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La legislación ratificada establece que los hechos bagatelarios se configuren cuando la apropiación o el hurto se refiera a algo inferior a cinco jornales mínimos, equivalentes a G. 515.455. En caso de reincidencia, el Ministerio Público actuará de oficio.

En cambio, actualmente, todavía sin la nueva ley vigente, un robo cuyo valor sea inferior a 10 jornales mínimos es considerado bagatelario. Con el salario mínimo vigente, esto equivale a G.1.030.910,

Hipotéticamente, si se comete un robo en un local comercial, donde el botín alcanza el valor 950.000 o hasta un millón de guaraníes, el hecho todavía es bagatelario.

En la exposición de motivos son mencionadas las “bolsoneras”, definidas como una agrupación delictiva causante del 50 % de pérdidas de las ganancias anuales de los integrantes de los negocios que integran la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar).

Según argumentan, el problema radica en que, los autores de robos bagatelarios no son procesados pese a sus reincidencias, con lo cual, el perjuicio es enorme al tratarse de seguidilla de casos.

En el 2020, la Policía registró 4.345 robos bagatelarios y en el 2021, 5.438, lo que evidencia el incremento de estos hechos, entre ellos, robos de carne en los supermercados, ropas en las tiendas, bebidas en las bodegas, etc.

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