Jorge Teófilo Samudio González fue capturado en octubre del año pasado en la zona de Bella Vista Norte, departamento de Amambay. El mismo era sindicado como líder de una estructura criminal vinculada al narcotráfico y con nexos con el Comando Vermelho.

En la jornada de ayer debía celebrarse la audiencia preliminar del citado recluso -considerado “de alta peligrosidad”- en la sede del Poder Judicial. La misma estaba fijada para las 08:00 horas, sin embargo, finalmente fue suspendida a raíz de la inasistencia de la fiscal Zully Figueredo.

Al momento de ser llevado nuevamente a la cárcel de Emboscada, un grupo tipo comando interceptó el móvil de traslado de internos en el que viajaba Samudio para proceder a su rescate, dejando a su paso varios policías heridos -uno de ellos falleció horas después- y tres vehículos incendiados.

El caso generó todo tipo de comentarios y cuestionamientos, sobre todo por la facilidad que tuvieron los perpetradores para vulnerar el operativo de seguridad que había sido montado por las autoridades para el traslado del capo narco hasta la penitenciaría.

Uno de los detalles que llaman la atención es que no se cumplió a cabalidad con el protocolo establecido por el propio Ministerio de Justicia para este tipo de casos, el cual está debidamente documentado y vigente desde el año 2016.

Según la Resolución N° 68/16 (en la que se establecen pautas para la adopción de medidas de seguridad complementarias para el traslado de personas privadas de libertad catalogadas de alta y/o mediana peligrosidad), existe la posibilidad de que se realicen las audiencias a través de videoconferencias y/o la constitución de los juzgados hasta la sede de los establecimientos penitenciarios.

En caso de que necesariamente sea requerida la comparecencia del recluso hasta la sede judicial, el protocolo establece que el traslado de un reo considerado “de alta peligrosidad” sea realizado, en todos los casos, con acompañamiento de las Fuerzas Especiales o unidades especializadas de la Policía Nacional (FOPE, GEO u cualquier otra). Si se tratase de un preso catalogado “de mediana peligrosidad”, se sigue el procedimiento normal con acompañamiento de un móvil policial.

Para las personas privadas de libertad que estén acusadas de narcotráfico, se podrá requerir el acompañamiento de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), decisión que quedará a criterio del director de cada establecimiento penitenciario.

Para el traslado de Jorge Teófilo Samudio alias “Samura” no se cumplió a rigor con este protocolo, notándose a simple vista varias falencias en el procedimiento. Por ejemplo, la nota de pedido de apoyo policial (con fecha 10 de septiembre) iba dirigida al jefe de la Comisaría 6º de Emboscada y no a la Comandancia de la Policía Nacional, además de que tampoco se mencionó dentro el texto que se trataba de un recluso de alta peligrosidad y que formaba parte de una organización criminal.

Al momento de incluirse estas últimas observaciones en la nota, automáticamente se activa un protocolo especial de seguridad que incluye una mayor dotación de efectivos policiales para el traslado -incluyendo a fuerzas operativas como la FOPE-, además de ciertas medidas que permitan evitar cualquier tipo de fuga o rescate.

La reunión en las oficinas del Puerto de Asunción se inició alrededor de las 14:00 y tuvo una duración de casi 6 horas, donde los estudiantes expresaron sus inquietudes y dudas al respecto de la ley de Arancel Cero universitario.

Las autoridades presentes se encargaron de responder a las consultas de los universitarios, para finalmente llegar a un compromiso de avanzar en el diálogo en un plazo no mayor a 15 días.

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En ese sentido, el compromiso es integrar a todas las mesas de trabajo existentes hasta la fecha e incluir a todos los sectores involucrados en el arancel cero universitario.

✍️Carta de compromiso firmada entre universitarios y representantes del Gobierno en relación al avance del diálogo sobre la ley de arancel cero.

Vía @benegaseverr

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— Universo 970 AM (@Universo970py) April 20, 2024

Desde el gobierno reiteraron que la ley arancel cero está garantizada con Recursos del Tesoro y posee un blindaje extra a través de la misma.

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Por su parte, los universitarios insisten en una ley que abarque además de la financiación del arancel cero, otros programas sociales y referentes a la educación superior.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, fue recibido ayer por la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente González, en la sede de la Cancillería chilena.

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En la oportunidad, conversaron sobre algunos puntos principales y sobre la próxima visita del presidente de Chile, Gabriel Boric, a la República del Paraguay prevista para julio del año en curso.

Boric vendrá a Paraguay para reunirse con Peña, en un encuentro donde se abordarán temas de la agenda bilateral.

En noviembre pasado fue Santiago Peña quien visitó Chile y se reunión con su homólogo, empresarios y parlamentarios.

El presidente chileno vendrá por segunda vez a nuestro país, la primera fue en agosto del 2023, cuando llegó para asistir a la asunción presidencial de Santiago Peña.

Estas propuestas serán evaluadas y calificadas por el MUVH antes de que estén a disposición de la ciudadanía.

Durante la segunda fase de capacitaciones concluida hoy, inmobiliarios, fiscalizadores, tasadores y organismos de control aprendieron sobre los componentes para la formulación de costos y plantearon consultas sobre temas específicos. Al mismo tiempo, los profesionales se registraron en la plataforma www.cherogapora.gov.py y cumplieron los requerimientos establecidos por el MUVH.

“Hoy es un día especial porque cerramos oficialmente las capacitaciones. Estamos muy contentos con cómo se vinieron desarrollando. El Gobierno del Presidente Santiago Peña ha mostrado una apertura con la participación de diferentes cámaras y de la academia para generar un producto auténticamente paraguayo, en el que han participado diferentes instituciones”, expresó el ministro del MUVH durante el cierre de capacitación.

Che Róga Porã beneficiará a familias de todo el territorio nacional con ingresos de entre 1 hasta 4 salarios mínimos, las cuales podrán acceder a una vivienda propia de hasta G. 400.000.000 con financiación de hasta 30 años, a 6,5% de interés anual.