Funcionarios cobran millones en el MEC mientras delegan tareas

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) delegó en la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) la licitación de unas 209 aulas prefabricadas, con una inversión de unos G. 15.000 millones.


Fuente: La Nación

La OEI manejó todo el proceso mientras que los funcionarios con sensibles responsabilidades en el MEC y que cobran jugosos sueldos carecen de conocimiento y documentos de la adjudicación.

Por ejemplo, Alejandro Duarte, director de Administración y Finanzas del MEC, comisionado del Ministerio de Justicia y Trabajo, percibe unos G. 13,5 millones al mes, entre lo que cobra en su ente de origen y en la cartera de Educación.

Duarte, siendo el administrador de la institución, el que debiera ser el más interesado en el manejo de los recursos, dijo no tener a mano el contrato de la adjudicación de las aulas prefabricadas, no sabe de las condiciones de la compra ejecutada vía OEI, por G. 15.000 millones. En el caso de la encargada de la Dirección de Infraestructura, Antonia Raquel Ortellado Bello, también percibe una importante remuneración; cobra casi G. 9 millones al mes.

Por su parte, el jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del MEC, Mario Benítez, quien es comisionado del Ministerio de Hacienda, percibe del Estado más de G. 10 millones al mes. Cabe resaltar que este es su salario base. No incluye las bonificaciones que le paga la cartera de Educación, montos que por cierto no están publicados en el portal institucional.

Benítez debería realizar todos los trámites de una compra pública como responsable de la UOC, pero su trabajo quedó en manos de la OEI. Esta le cobra al MEC el 5% por esta tarea. Es decir, de la adjudicación de G. 15.000 millones, el organismo internacional percibirá G. 750 millones por sus “gestiones”.

REACIOS A LA TRANSPARENCIA

Adjudicaron a 4 empresas la construcción de las aulas prefabricadas, pero el contrato está guardado bajo siete llaves. Hablamos con los representantes del MEC, pero sostuvieron que la OEI maneja la licitación, cuyos fondos son provenientes de la Unión Europea.

“Nosotros no elaboramos los proyectos y hay muchas dudas que también me consultan los fiscales de las obras (que son del MEC ) en algunas cuestiones que no están muy claras. La Dirección de Infraestructura nunca implementó este tipo de aulas, no tenemos experiencia”, indicó Raquel Ortellado, encargada de la Dirección de Infraestructura. La misma agregó que no saben si se prevén los mantenimientos de las aulas, para que puedan alcanzar la vida útil máxima de 10 años.

Por su parte, Fátima González, de la OEI, argumentó que desde su entidad no tienen lugar para publicar contrato. Subrayó que ellos pueden dar información sobre a quiénes se les adjudicó, pero no las condiciones del contrato.

AULAS DESECHABLES

El MEC pagará alrededor de G. 72 millones por cada aula prefabricada, que tiene una vida útil corta, si comparamos con las aulas convencionales (ladrillo y teja), que cuestan prácticamente lo mismo e inclusive menos, según los referentes del sector de la construcción.

Los constructores resaltaron que un aula convencional, con las mismas medidas que las aulas prefabricadas, pueden costar incluso unos G. 71 millones. Aunque el precio referencial que se maneja está entre G. 80 millones y G. 90 millones.

Tanto los ceramistas como así también los de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) cuestionaron que la entidad estatal haya optado por este tipo de construcción. Subrayaron que este tipo de acciones golpea fuertemente a la industria nacional.

 

Prevén invertir más de Gs. 3 billones para el bienestar de indígenas y poblaciones vulnerables

En Paraguay, existen más de 89.000 ciudadanos y ciudadanas indígenas que representan en la actualidad uno de los segmentos poblacionales más vulnerables en nuestro país. En este sentido, el Gobierno Nacional tiene previsto, a través de programas, disminuir la desigualdad y promover el desarrollo y bienestar de los pueblos indígenas, respetando sus costumbres y la cosmovisión de sus etnias.

En el 2018, el Estado trabajó en mejorar la calidad de vida de indígenas a través de diversos programas entre los cuales se pueden mencionar:

  • 26.599 familias de 727 comunidades indígenas, de 118 distritos del país reciben apoyo económico para apoyar el acceso a los servicios básicos de salud, educación y seguridad alimentaria del Programa Tekoporã de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad.
  • 400 universitarios y universitarias indígenas se encuentran estudiando carreras de grado mediante los subsidios estudiantiles del INDI.
  • 582 productores indígenas de 10 comunidades de todo el país se encuentran produciendo productos agropecuarios para consumo propio y para la venta a través de la asistencia técnica, herramientas y subsidios brindados por el PRODERS del MAG.
  • Familias indígenas cuentan con más de 4.700 viviendas en 11 departamentos de todo el país.
  • 2.831 ciudadanos indígenas fueron asistidos en temas de salud por el Ministerio de Salud.
  • 14 comunidades con más de 1100 nativos se encuentran en las etapas finales de obtener sus títulos de propiedad de tierras del INDERT.
  • 871 nativos ya cuentan con acceso vial gracias al Programa de Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial del MOPC.
  • 70 educadoras indígenas imparten clases en 39 distritos de 13 departamentos del país.

Este año, el Gobierno Nacional prevé invertir de manera directa para el desarrollo y calidad de vida de pueblos indígenas, buscando garantizar a los hogares nativos el acceso a servicios básicos y a condiciones de habitabilidad.

Adicionalmente, las comunidades indigenas son parte del Sistema de Protección Social (SPS) que cuenta con más de 3 billones de Gs. en fondos destinados a programas sociales de desarrollo integral.

 

Preparan a jóvenes en políticas públicas

En la apuesta por convertir a los jóvenes en los principales actores del proceso de transformación que necesitan las comunidades para el desarrollo local, el mejoramiento de la calidad de vida y uso correcto de los bienes públicos, el Centro de Información y Recursos del Desarrollo (CIRD), junto con siete municipios han logrado dar el primer paso.

Bajo esa premisa se desplegaron las primeras acciones de capacitación sobre el proceso para la construcción de políticas públicas, liderazgo gerencial y el desarrollo de las habilidades blandas.

Los trabajos se replicaron en cada uno de los municipios que forman parte del proyecto social: Lambaré, Limpio, Itá, Guarambaré, Capiatá, Itauguá e Itacurubí de la Cordillera. De esa manera se generó una dinámica de acción proactiva en áreas sociales y como consecuencia una red de jóvenes.

En la ciudad de Limpio se trabajó con un grupo de jóvenes organizados, denominado “escuadrón Mbarete” los compromisos de concienciación sobre el impacto negativo que produce la falta del tratamiento adecuado de la basura, fueron el eje central del proyecto.

En ese sentido, los jóvenes tomaron la iniciativa de crear un proyecto medioambiental, cuya ejecución se estima para los próximos meses. El proyecto, consistente en un concurso de reciclaje que buscará involucrar a la comunidad con valores como "la importancia de la limpieza y concienciación del cuidado ambiental". Según el proyecto medioambiental, se deberán conformar grupos de al menos cinco personas para la recolección de papel, cartón o plástico. El grupo que logre la colecta de mayor cantidad de materiales reciclados será el ganador del premio. En principio analizan el monto de dinero a ser retribuido.

Las jornadas de participación fueron muy importantes para que los jóvenes tuvieran la oportunidad de aprender, exponer y debatir ideas y por otro lado la libertad de elegir la temática de labores, que se desarrolló de manera simultánea en los municipios mencionados más arriba. El reciclaje e instrucción en limpieza, concienciación sobre el uso adecuado de recursos entre otros temas fueron abordados durante los encuentros juveniles.

Desde la Fundación CIRD se buscará la manera de que este grupo de jóvenes pueda presentar el proyecto a sus autoridades locales, buscando así conectar a la ciudadanía con los gobernantes de turno y conseguir el apoyo para la consecución de los objetivos.

Por otra parte, en las Municipalidades de Capiatá y Lambaré, los resultados de los trabajos de ambos grupos juveniles también derivaron en propuestas de proyectos sobre el tema medio ambiental, esto no es de extrañar, ya con notoriedad apreciamos los repentinos cambios climáticos en nuestro país. Ambos proyectos tienen como objetivo concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, especialmente con los niños de las escuelas.

En simultáneo, la ciudad de Itá es otro escenario de construcción social con jornadas de capacitación en materia de emprendedurismo, liderazgo y políticas públicas. Las formaciones permitieron el fomento de valores relacionados a la transparencia. Los jóvenes profundizaron conceptos relativos a municipalismo y con ello la importancia que para una comunidad representan las rendiciones de cuentas.

La frase "lo público en público" se convirtió en una idea clave para dimensionar la necesidad de interactuar con la gente y que por sobre todo la población conozca de sus obligaciones cívicas y derechos sociales.

La intendenta de Itá, Vicenta Benítez de Cantero fue, una de las impulsoras del proyecto capitaneado por la Fundación del Centro de Información y Recursos del Desarrollo (CIRD).

Las necesidades en la comunidad son numerosas. La mayoría de las compañías son rurales, dedicadas a rubros de olerías, cultivos y ganadería. Los jóvenes activan desde esos lugares con jornadas de capacitación.

Las acciones promovidas a través de la municipalidad son prometedoras, de cara a las demandas sociales que se presentan dentro de la sociedad.

En la Municipalidad de Itauguá, el grupo de jóvenes se encuentra trabajando sobre una propuesta de crear más espacios de capacitación sobre emprendedurismo juvenil, así como posibles círculos virtuosos que buscará dar más dinamismo a la economía local.

Por su parte en la Municipalidad de Guarambaré, se identificó la necesidad de abordar la problemática de la drogadicción en la franja juvenil, la propuesta consiste en poder llegar a las escuelas y colegios en coordinación con las instituciones públicas que atienden las políticas públicas sobre el tema, buscando crear conciencia en la juventud sobre los riesgos que se corren y las consecuencias que se pueden acarrear con el uso de las drogas.

En la Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera, los jóvenes aún se encuentran en el desarrollo de la elaboración de la propuesta para la presentación a sus autoridades, sin embargo, la problemática identificada es la falta de capacitación técnica para los jóvenes, ya que los mismos manifiestan que necesitan una rápida salida laboral para continuar con sus estudios.

El 30 de marzo, en Asunción se reunirá a los jóvenes de las siete ciudades que capacitados en el proceso de elaboración de políticas públicas, liderazgo gerencial y habilidades blandas presentarán entre sí sus propuestas e intercambiarán las buenas prácticas desarrolladas por cada grupo. Para más información sobre el desarrollo de las actividades pueden comunicarse al 021-662063 con Francisco Samaniego, Coordinador Ejecutivo de la iniciativa ciudadana.

Todas estas actividades son realizadas en el marco del proyecto “A Quienes Elegimos” desarrollado por la Fundación CIRD con la cooperación del Fondo Nacional para la Democracia (NED).

 

Un teleférico o un tranvía, todo vale para solucionar el tránsito en Asunción

Un teleférico o la recuperación del ferrocarril tras 20 años, con una línea de tranvía, son las últimas alternativas propuestas para solucionar la congestión del tráfico en el área metropolitana.


Fuente: EFE

Resulta evidente la necesidad de buscar una alternativa al actual sistema de transporte urbano e interurbano de Asunción, basado en un sistema de autobuses, operados por empresas privadas que ofrecen frecuencias reducidas y recorridos poco eficientes.

Además, divide a los pasajeros en dos clases, en función de su poderío económico, ya que los colectivos más anticuados tienen un precio menor que los colectivos más modernos que cuentan con aire acondicionado.

Para poner solución a ello, esta semana, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que ya recibió propuestas de varios consorcios de empresas internacionales para la construcción de una línea de tranvía de cercanías, de 44 kilómetros, que unirá la capital con Ypacaraí.

El proyecto, que fue aprobado por la Cámara Baja en mayo de 2018, y que supondrá una inversión de unos 380 millones de dólares, recuperará el ferrocarril en un país cuya actividad se frenó hace dos décadas, y utilizará, de hecho, el trazado de una antigua línea férrea de mediados del siglo XIX.

El MOPC pretende licitar las obras de los primeros 15 kilómetros, hasta Luque, en el plazo de un mes, y comenzar los trabajos a finales de 2019, con objeto de que entre en "operaciones comerciales" en 24 o 36 meses a partir del inicio de las obras, según señaló el miércoles el presidente de la compañía estatal de trenes (Fepasa), Roberto Salinas.

En ese primer tramo, el Ministerio estima gastar cerca de 200 millones de dólares, con los que espera reducir el trayecto entre el centro de Asunción y el centro de Luque a 30 minutos, mucho menos de lo que se necesita actualmente para recorrer esa corta distancia en vehículo, debido a los atascos que se producen en hora pico.

En la capital ingresan cada día unos 566.000 vehículos que circulan a una velocidad media de 15 kilómetros por hora, según estimaciones oficiales de 2018, y una de las avenidas más congestionadas es España.

La permisiva normativa para la importación de vehículos usados, a precios bajos, junto con un crecimiento económico sostenido permitieron que entre 2011 y 2018 el número de vehículos matriculados se duplicara y con ello los problemas de tránsito en las áreas urbanas.

El mismo día en que se anunció el comienzo de los trámites para la construcción del tranvía, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, afirmó que el Gobierno estudia la posibilidad de construir varias líneas de teleférico entre Asunción y sus 'ciudades satélite'.

Para ello, responsables de la empresa encargada de su posible construcción, la austríaca Doppelmayr, ya comenzaron a reunirse con miembros de autoridades locales, entre ellas el canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni, con objeto de avanzar en la firma de un convenio con el Ejecutivo austríaco, interesado en financiar el proyecto.

Britos estimó que el costo de este tipo de proyectos oscila entre los 15 y 20 millones de dólares.