Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Funcionarios Públicos Colorados, Docentes y Jubilados presentaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, y al titular de Senadores, Blas Llano, para sentar postura en contra del proyecto de ley que entre otros puntos elimina la contratación de seguros privados para todo funcionario.

Argumentan que el planteamiento es inconstitucional ya que atenta contra los derechos adquiridos de todos los funcionarios, entre ellos, el de tener un seguro médico.

“El mismo Estado haría incumplir este derecho de sus propios colaboradores, al privarle del seguro mediante la no inclusión en el Presupuesto General de la Nación”, expresa el manifiesto y detalla que unas 300.000 personas serán las afectadas.

La solicitud llega tomando en cuenta que en septiembre se inicia el estudio del Plan de Gastos y en caso de que el proyecto de Sergio Godoy prospere, ya podría afectar el presupuesto del próximo año.

“Hay un equipo multidisciplinario coordinando los esfuerzos, no es la primera vez que nos ocurre, ya hemos enfrentado, estoy seguro de que encontraremos empresas del sector privado que no se van a adherir”, contestó Santiago Peña en relación al anuncio del paro del transporte para el 21 de julio por 72 horas.

En caso de que no se pueda evitar la medida de fuerza, las instituciones del Estado saldrán a la calle con sus buses para cubrir los itinerarios más importantes y evitar que la ciudadanía se quede sin movilidad.

En cuanto al largamente anunciado proyecto de la reforma del transporte público, el presidente anunció que, si todo sale bien, lo presentará oficialmente la próxima semana. Dijo que el problema es estructural y que ninguna de las partes está conforme con el sistema actual que está colapsado.

Una de las bases de la reforma será el método del subsidio, que, en lugar de ser por pasajero, pasará a pagarse por kilómetro recorrido, tal cual ocurre hoy con el bus nocturno Búho.

“Hoy se paga en función al pasajero, cuando hay muchos pasajeros, todos salen a buscar, cuando hay pocos, no salen”, reconoció.

En cuanto a los buses eléctricos de Taiwán, Peña contó que las licitaciones ya están en curso y que en este momento se encuentran en etapa de construcción de las estaciones de carga, tomando en cuenta que son eléctricos.

En cuanto a la suba del precio del combustible, recordó que Petropar contuvo el impacto en el momento en que los emblemas privados alzaron sus precios, y que, en ese entonces, los usuarios se volcaron a las estaciones de Petropar, lo cual disminuyó el stock antes del tiempo estimado. Agregó que el reajuste dispuesto ahora es apenas la mitad que lo establecido por los demás, por lo tanto, la estatal sigue teniendo los precios más bajos del mercado.

El viceministro Emiliano Rolón indicó que la decisión tomada por los transportistas es innecesaria debido a que se está trabajando coordinadamente en cada ítems que los empresarios reclaman.

Para él, la medida solo perjudicará más a la ciudadanía, por lo que, ya adelantó que activarán un plan de contingencia en caso de que se lleve a cabo el paro.

“Si no da el resultado que queremos, ya estamos trabajando en nuestro plan de contingencia, que significa poner buses de distintas entidades del sector público a disponibilidad de la ciudadanía. He hablado con presidentes de dos gremios importantes ellos han manifestado a apoyar los días de paro con sus flotas también”, expresó a la radio 650 AM.

Fernández comentó que se trabajará con Asesoría Jurídica para determinar si la medida cuenta con sustento legal porque, de acuerdo a sus declaraciones, es desproporcional, injustificado y causa daño a la ciudadanía.

“Todo paro tiene que respetar todos los procesos y tiene que ser evidentemente un llamado que se justifique. No entiendo la lógica, ¿tres días a someterles a una amenaza de paro a la ciudadanía? Yo califico de desproporcionada, lastimosa, penosa e innecesaria a la medida", agregó.

Tras la asamblea que realizaron los gremios de transporte se determinó paro general para el 21 de julio.

La actualización de la tarifa técnica, el pago de subsidio y el subsidio al pasajero, son los pedidos principales de los gremios.

A inicios de la semana pasada se produjo la detección de un brote de varicela en el Centro de Rehabilitación Social (CERESO), ubicado en el distrito de Cambyretá, Itapúa.

Un recluso de la citada cárcel resultó contagiado de esta enfermedad, por lo que se activó el protocolo establecido para este tipo de casos.

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La primera medida fue el aislamiento del interno del resto de la población penitenciaria, así como la comunicación a la VII Región Sanitaria.

Así también, se dispuso una cuarentena en todo el pabellón donde este reo se encontraba recluido y la vacunación de unas 570 personas privadas de libertad que se encontraban allí.

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Una de las autoridades sanitarias confirmó que el afectado no recibió visitas en los últimos días, por lo que se sospecha que pudo haber tenido contacto con otra persona contagiada dentro del penal.

Deberán cumplirse un total de 21 días de cuarentena en el CERESO, adelantaron. De momento, aún no se han reportado otros casos de varicela.