Un grupo de productores de la zona de Caaguazú se había manifestado días atrás a raíz de millonarias deudas contraídas sin su consentimiento y que no son reconocidas como valederas.

De acuerdo a las denuncias, algunos funcionarios del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) que trabajaban en el centro de atención de la localidad de Cecilio Báez cometieron irregularidades para hacer figurar estas deudas a nombre de otras personas.

La titular de la institución, Amanda León, confirmó a la 1080 AM que el caso data de septiembre del año 2015 cuando un director de cartera y un miembro del consejo directivo habían sido comisionados al centro de atención de dicho distrito para hacer algunas verificaciones. En aquella oportunidad, lograron detectar la estafa a varios productores.

Luego de tomar conocimiento del hecho, se inició un trabajo de investigación que llegó a extenderse inclusive hasta las sedes regionales de Yhû y Coronel Oviedo.

León confirmó que, hasta el momento, alrededor de 500 créditos se encuentran bajo sospecha de haber sido parte de la estafa masiva, teniendo como víctimas a cientos de pequeños productores agrícolas del interior del país.

A la fecha, unas 88 causas se encuentran abiertas en el ámbito penal el marco de estas denuncias. Según comentó la titular del CAH, de todas estas causas, tan solo una llegó a la instancia del juicio oral.

“Apenas tomamos conocimiento, todos estos funcionarios fueron desvinculados de la institución, algunos fueron sumariados y destituidos”, confirmó León a Radio Monumental.

Según se pudo confirmar a través de pericias caligráficas llevadas a cabo por el Ministerio Público, los ahora exfuncionarios del Crédito Agrícola de Habilitación falsificaban las firmas para hacer figurar las deudas a nombre de los productores.

De todos los documentos que llegaron a ser peritados, unas 103 firmas resultaron ser falsas, mientras que 4 sí eran auténticas y 12 quedaron sin determinar.

Según mencionó León, no en todos los casos se llegaron a realizar las respectivas pericias caligráficas, por lo que varias de las denuncias siguen pendientes de resolución.

El valor de lo sustraído con estas estafas asciende a aproximadamente G. 3.000 millones.

Para todos estos casos, el institución crediticia se encargaba de analizar los resultados de las pericias caligráficas y, tras confirmar que alguna de firmas era falsa, se encargaba de asumir el monto como pérdida y luego liberar a los afectados, exonerándoles la deuda.

Amanda León confirmó que todos los funcionarios involucrados se encuentran libres y no han sido procesados por este hecho, pero de igual manera instó a las autoridades a que puedan dar seguimiento al caso para que los responsables puedan ser castigados.

La laparotomía implica abrir el abdomen para examinar los órganos internos y diagnosticar o realizar tratamiento, mientras que la anexectomía derecha es el momento de la extracción de los órganos reproductivos derechos, como el ovario y la trompa de Falopio.

En este caso, la paciente, de 33 años y con diagnóstico preoperatorio de tumor anexial derecho, fue intervenida satisfactoriamente. El equipo logró la extirpación completa del tumor, cuyo peso alcanzó los 2.600 gramos.

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El equipo quirúrgico estuvo conformado por el jefe de guardia, Dr. Ever Rodríguez; cirujana, Dra. Griselda Mora; anestesiólogo, Dr. Walter Ávalos, Lic. en Anestesia, Enrique Rolón; instrumentadora, Lic. Adriana Betancourt, enfermera circulante, Lic. Delia Mercado y R.A.C., Lic. Carolina Mercado.

El Ministerio de Salud destacó el compromiso y la excelencia de los profesionales involucrados.

Desde Migraciones ya tomaron conocimiento respecto al caso que involucra al fiscal de Filadeflia, Lucrecio Cabrera, quien dispuso la liberación de dos ciudadanos oriundos de China Continental.

En tal sentido, el titular de esta dependencia estatal, Jorge Kronawetter, solicitó un informe al Ministerio Público, a fin de conocer bajo qué argumento legal fue ordenada esta llamativa medida.

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Cabe recordar que Cabrera otorgó la libertad a Jinxing Zhuang (35) y Yan Xiwu (48), quienes habrían ingresado a territorio paraguayo de manera irregular a través de Bolivia.

Al momento de ser inspeccionados por la Policía Nacional, ambos asiáticos se encontraban sin documentos que avalen su entrada legal al país.

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De acuerdo al procedimiento ordinario, la Fiscalía primeramente debía pedir un informe a la Dirección Nacional de Migraciones, de modo a determinar si los ciudadanos chinos tenían visa para avalar su estadía en Paraguay.

En caso de no haber contado con autorización, los extranjeros debían ser llevados hasta Migraciones de Infante Rivarola, en la frontera con Bolivia, para luego proceder a su expulsión del país.

En la sesión desarrollada este martes, la Cámara Baja incluyó en uno de sus puntos del orden del día el proyecto de ley “Por el cual se crea el Seguro de Desempleo”.

Luego de un intenso debate y análisis, los diputados finalmente optaron por aplazar el tratamiento de la citada propuesta legislativa por 16 días.

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Cabe recordar que este proyecto ya había sido presentado en el 2021 y, luego de varios años en el tintero, volvió a ser reflejado por algunos legisladores.

En esencia, lo que busca es crear un fondo especial para cubrir el pago a un trabajador que haya sido desvinculado de la empresa en que venía cumpliendo funciones.

Para el efecto, se prevé cobrar otro 1% de aporte obrero patronal tanto al trabajador como también al empleador, totalizando así un 2% de aumento. Los recursos obtenidos con ello permitirán solventar este seguro.

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La propuesta estipula seis meses de cobertura: 60% por el primer mes, 57% para el segundo mes, 54% para el tercero, 51% para el cuarto, 48% para el quinto y 45% para el sexto.

El proyecto ha generado una importante controversia en diversos sectores, generando posiciones tanto a favor como en contra. Para algunos, podría ser contraproducente al tener que exigir más aporte al trabajador; y para otros, sería beneficioso para apoyar económicamente a quienes sean desvinculados.