Funcionarios públicos protestan frente a Hacienda y exigen equiparación de haberes jubilatorios

Funcionarios públicos del sector civil se manifiestan esta mañana frente al Ministerio de Hacienda. Los mismos exigen la actualización y equiparación de sus haberes jubilatorios, en cumplimiento con lo que establece la Constitución Nacional.

Un grupo de funcionarios públicos se encuentra encabezando una protesta a estas horas en la zona del microcentro de Asunción, específicamente sobre la calle Chile, entre Palma y Pdte. Franco.

Los manifestantes piden al Ministerio de Hacienda que se encargue de la actualización de sus haberes jubilatorios, de manera a que puedan equipararse con los activos.

Guzmán Garay, uno de los funcionarios que participan de la protesta, manifestó al canal GEN que aún sigue sin cumplirse el artículo 103 de la Constitución Nacional que habla sobre el régimen de jubilaciones.

Según indicó, las autoridades nacionales vienen violando la Constitución desde hace varios años debido a que están incumpliendo con lo establecido en este artículo.

El Ministerio de Hacienda debería encargarse de alzar el monto de los haberes jubilatorios para permitirles cobrar un monto acorde a lo que establece la ley, sostuvo.

De acuerdo a lo manifestado por Guzmán, hoy día existe una importante franja de funcionarios públicos jubilados que apenas cobra una suma de G. 700.000, todo debido a esta situación.

Los manifestantes afirman que la caja jubilatoria a la que aportan de manera mensual es superavitaria y que han aportado por más de 35 años, por ello consideran que se puede cumplir con esta actualización y equiparación.

 

Nombramiento de Lacognata fue un acto de solidaridad, según senadora

La designación de Héctor Lacognata en un cargo diplomático es una iniciativa de los antiguos funcionarios de Cancillería, en solidaridad con el excanciller, quien ahora padece serios problemas de salud, según Esperanza Martínez, quien negó la influencia del Frente Guasu en el caso.

La senadora Esperanza Martínez se refirió al reciente nombramiento decretado por el presidente Mario Abdo Benítez, quien designó al excanciller Héctor Lacognata como ministro de la Embajada de Paraguay ante el estado plurinacional de Bolivia.

“El caso Lacognata ni siquiera fue una gestión del Frente Guasu, sino un acto de solidaridad de los funcionarios de Cancillería que han trabajado con él, antiguos funcionarios de cuando él desempeñó como embajador”, explicó la senadora en charla con los medios.

Argumentó que se tuvo en cuenta principalmente la crítica situación de salud de Lacognata, quien padece cáncer y viene organizando actos benéficos para cubrir sus gastos.

Martínez sostuvo que el Frente Guasu es una de las pocas bancadas que no puede ser señalada por tener alguna otra influencia que no sea la propia racionalidad política.

“El Frente Guasu en realidad nunca ha estado en el tema de tráfico de influencias, siempre tenemos una posición coherente”, concluyó.

 

Protección de datos personales: Senado posterga estudio del proyecto

El proyecto de protección de datos personales finalmente no se estudiará hoy en el Senado, como se tenía previsto. Los autores niegan que la intención sea impedir el acceso a las declaraciones juradas.

El senador Fernando Silva Facetti confirmó que el tratamiento del proyecto de ley de protección de datos personales se posterga por 15 días para dar más tiempo a la explicación del contenido.

Al respecto explicó que lo que se busca es legislar las garantías del individuo que se ve afectado con el destape de información privada.

“Hoy en día recibís un mensaje, te ofrecen un préstamos de G. 5 millones, saben tu nombre, tu número de cédula, ese es el comercio de datos”, comentó el senador Facetti en charla con radio UNO.

El proyectista aclaró que este planteamiento está muy lejos de pretender coartar el derecho a la información, sino antes bien, proteger a la gente .

En tal sentido, uno de los puntos del proyecto estipula la eliminación de datos personales, entre ellos, los datos de las declaraciones juradas.

Facetti recordó que hoy existen seis proyectos sobre el mismo tema, entre ellos el del diputado Carlos Portillo sobre la regulación de Informconf y el del legislador Hugo Ramírez, sobre la prerrogativa de saber quién solicitó la información.

 

Unos 4.000 reos podrán pedir su libertad con el cambio del Código Procesal Penal

La eventual modificación del Art. 245 del Código Procesal Penal -que habla sobre la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva- acarrearía una serie de desafíos, entre ellos la posibilidad de que 4.000 personas que hoy están privadas de su libertad soliciten de forma inmediata salir de prisión. Esta cifra representa cerca del 25% de la población penitenciaria.

En la jornada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que modifica el Artículo 245 de la Ley N° 1286/1998 “Código Procesal Penal”.

El citado artículo de la norma establece que “siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad del imputado, el juez, de oficio, preferirá imponerle en lugar de la prisión preventiva otras alternativas” como son: el arresto domiciliario, la vigilancia permanente, la comparecencia regular ante un magistrado, la prohibición de salida del país, entre otras.

La eventual modificación de este apartado permitiría -entre otras cosas- dejar sin efecto la disposición que establece que las personas imputadas por la comisión de hechos punibles catalogados como crímenes (con penas privativas de libertad superiores a los 5 años) no pueden acceder a medidas alternativas a la prisión.

El abogado Enrique Kronawetter, representante del Ejecutivo en la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario, en entrevista con la 970 AM habló sobre este tema y sostuvo que al no aplicarse la prisión preventiva se respeta la presunción de inocencia del imputado, sobre todo considerando que uno es inocente hasta que exista una sentencia condenatoria.

El mismo recordó que el Art. 245 del Código Procesal Penal había sufrido dos modificaciones. La primera se llevó a cabo en el año 2004 cuando se estableció que en los casos de hechos punibles que “atenten contra la vida o la integridad física y que sean considerados como crímenes” no se podían conceder medidas alternativas ni sustitutivas a la prisión. La segunda fue en el año 2011 cuando se estableció que el “catálogo” de hechos punibles que prohibían conceder este tipo de beneficios abarcaba no solamente a los crímenes contra la vida o la integridad física sino a todos los crímenes en general.

A su criterio, cuando se habla de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión preventiva tienen que estar dadas las condiciones para que el juez pueda decretar dicha disposición y recién después de ahí evaluar si impone esa o alguna otra medida al imputado.

El proyecto aprobado ayer en Diputados permite volver al texto original de la Ley 1286/98 y, por consiguiente, suprime el catálogo de delitos que no se configuran para aplicar medidas alternativas a la prisión, recordó Kronawetter.

En caso de que finalmente sea promulgado el proyecto de ley por parte del Ejecutivo, el abogado considerado que podrían presentarse una serie de desafíos en material penal y judicial. Uno de ellos -y quizás el más importante- sería la cantidad de personas que eventualmente pedirían salir en libertad de forma inmediata.

Según Kronawetter, existe una gran cantidad de presos que ya cumplieron con la pena mínima y que ya deberían salir en libertad en caso de aplicarse la modificación de la ley. Según estimaciones, serían alrededor de 4.000 las personas que se encuentran en esta situación.

Según datos del Ministerio de Justicia, en la actualidad existen cerca de 17.000 personas privadas de libertad en las distintas cárceles del país, por lo que esta cifra representa casi el 25% de la población penitenciaria.

Otro de los desafíos que sobrevendrían con esta medida es la gran cantidad de audiencias de revisión que tendrían que llevarse a cabo para analizar los casos de personas privadas de libertad que pidan salir de prisión, lo cual -a su criterio- sería imposible por la sobrecarga de trabajo de los jueces.

La modificación del Código Procesal Penal también acarreará una importante inversión presupuestaria -indicó-, dado que existe la posibilidad de que aumente la carga de trabajo para varios funcionarios que se verán forzados a hacer horas extra. Asimismo, se necesitarán más recursos en caso de que lleguen a utilizarse los grilletes o pulseras electrónicas para controlar a las personas con prisión domiciliaria.