Los fiscales Cinthia Leiva, Edgar Torales y Osvaldo Zaracho pidieron la prisión preventiva de los 7 policías imputados por la muerte de Ortigoza.

El proceso penal es por los supuestos hechos punibles de homicidio doloso y tentativa de homicidio doloso, considerando que los agentes policiales dispararon varios balazos contra el vehículo en el cual circulaba la víctima, su pareja y la hija de 2 años, quienes salieron ilesas del ataque.

Los imputados están identificados como Santiago Manuel Meza Campuzano (38), Víctor Hugo Caballero Caballero (29), Óscar Cazahu Bobadilla (40), Carlos Daniel Ferreira Gómez (31), Rolando Agustín Cáceres Villalba (24), Jorge Ariel Argüello Cabrera (36) y Celso Cuellar Congo, quienes se encuentran recluidos en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

El hecho ocurrió a las 22:45 momento en que los efectivos policiales, sin mediar palabras, efectuaron varios disparos de arma de fuego contra el auto Toyota Premio, color plata, que se encontraba al costado de la Ruta Nº 2, al mando de Juan Daniel, quien recibió varias heridas de proyectiles y, en consecuencia, falleció prácticamente en el acto.

En el momento, la víctima estaba acompañada de su novia Lorena Raquel Rivas Espínola y su hija menor de 2 años, quienes se salvaron milagrosamente, aunque también resultaron víctimas de tentativa de homicidio, según refiere el acta de imputación fiscal.

Lorena Raquel prestó declaración en la Fiscalía y manifestó que en la ocasión circulaban en el vehículo, hasta que hicieron el retorno en el kilómetro 12, luego estacionaron al costado de la ruta, conversando en el lugar.

Allí, fueron interceptados por un vehículo de color negro, del cual descendieron tres sujetos desconocidos, con arma de fuego en mano, y de entrada comenzaron a disparar contra los ocupantes del rodado.

La mujer refirió que en un momento de desesperación pidió a su novio que retrocediera con el auto, cosa que él le hizo, hasta que el hombre descendió del vehículo cayendo gravemente herido a metros del lugar. Dijo que ahí se percató de la presencia de efectivos policiales del GEO en el lugar y recién cuando ella descendió del rodado con su hija en brazos cesaron los disparos.

Inmediatamente intervinieron en el lugar agentes del Puesto Policial Nº 12 del kilómetro 11, quienes describieron que se encontraban realizando control preventivo de personas y vehículos en el kilómetro 10 cuando escucharon el pedido de apoyo por la frecuencia radial policial, de parte de agentes de Investigaciones.

Una vez en el lugar, visualizaron en el sitio a personal del GEO y de Investigación de Delitos, además del auto Toyota Premio con varios impactos de bala y a la víctima, tendida en el suelo al costado de la ruta.

El herido fue asistido por bomberos voluntarios, quienes trataron de reanimarlo, pero falleció en el lugar. Ortigoza Ávalos murió por “shock hipovolémico por heridas de arma arma de fuego”, según el diagnóstico del médico forense, Dr. Aníbal Duarte.

Tras reunir los elementos de sospecha, la titular de la causa, Cinthia Leiva, y sus coadyuvantes, Edgar Torales y Osvaldo Zaracho, presentaron la imputación contra los 7 uniformados por homicidio doloso y tentativa de homicidio doloso. Asimismo, solicitaron la prisión preventiva, que deberá resolver la juez Teresita Cazal, del Juzgado Penal de Garantías Nº 6.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.