La deuda con la empresa Arcangel S.A, ligada a la diputada liberal Celeste Amarilla, data del 2018 durante la gestión de Blas Lanzoni.

Coincidentemente, la deuda de G. 528 millones, fue saldada por el gobernador Gustavo Machuca, quien hasta hoy estaba en el cargo de forma interina, pero fue confirmado este jueves para terminar el período iniciado por Hugo Javier González.

Machuca, en conversación con la 650 AM, sostuvo que el pago a la empresa de Amarilla no forma parte de ningún pacto político, ya que el mismo fue efectuado previa verificación de una planilla de proveedores a los que se les adeuda, además de corroborar las respectivas documentaciones.

Cabe recordar que la proveedora de merienda escolar en la que registró accio­nes por unos G. 900 millones la diputada Celeste Amari­lla está ligada a la “tragada” en la Gobernación de Cen­tral, que le costó la imputa­ción por lesión de confianza al ex gobernador Carlos Ama­rilla.

Arcángel SA, incumplió el contrato de pro­visión de merienda escolar en el 2012, según remitió la Contraloría a la Fiscalía en el 2017.

Tiempo atrás, la diputada Celeste Amari­lla insistió en que ya vendió sus acciones de la firma pro­veedora de merienda esco­lar Arcángel SA y remitió la factura de fecha 18/01/2018, además de una constancia de contribuyente como res­paldo de que ya no figura como socia.

Refirió que vendió sus acciones a la representante de la firma, María Isabel Gavilán, su amiga y socia en otro negocio del rubro gastronómico. La diputada aseguró que se desvinculó de los negocios con Gavilán “justamente para no tener problemas”, por el cargo que ocupa.

DESTITUCIÓN DE HUGO JAVIER

Durante una sesión desarrollada este jueves, los concejales departamentales de Central analizaron la situación de Hugo Javier González, quien actualmente se encuentra imputado y con arresto domiciliario.

El doctor Rubén Román, jefe médico del Hospital Regional de Encarnación, confirmó que hace unos días recibieron a un menor de edad con quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

Se trata de un niño de 10 años oriundo de la localidad de San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa, que sufrió un accidente hogareño en la cocina.

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“Aparentemente estaba cocinando huevo frito y en un momento le salpicó (el aceite)”, confirmó el galeno a la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Las zonas que resultaron más afectadas son el rostro, el torso y el brazo izquierdo, esto luego de que se le haya derramado encima el líquido hirviendo.

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El pequeño paciente recibió los primeros auxilios y la curación para sus quemaduras, además de analgésicos para aliviar el dolor. De momento, permanece estable y fuera de peligro.

Román indicó que el menor sería dado de alta en unos días y que podría quedar con algunas cicatrices, aunque existen bajas probabilidades de que tenga otra secuela.

La propuesta tuvo origen en la Cámara de Senadores y luego del visto bueno de la Cámara de Diputados, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Legisladores que se manifestaron a favor de la propuesta señalaron que la sanción marcará un hito, pues será el primer convenio tributario de este tipo entre Paraguay y un país miembro de la Unión Europea, lo que contribuirá al comercio entre los países.

El diputado colorado Juan Manuel Añazco, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, recomendó la aprobación de la iniciativa, teniendo en cuenta que este convenio facilitará la recepción y la promoción de las inversiones extranjeras.

“El presente convenio tiene por objeto evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta; y de esa manera facilitar el comercio transfronterizo y la inversión”, manifestó el legislador.

El fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

Un Tribunal condenó hoy a la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, a 4 años de pena privativa de libertad y a su esposo José Costa Perdomo, a 3 años 9 meses de cárcel, por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000.

Los encausados formaban parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del Covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo del 2020.

El Colegiado dispuso que Samudio y su marido deban presentar en el lapso de un mes, una fianza de 400 millones de guaraníes cada uno en el marco de la aplicación de las medidas alternativas a la prisión. En principio de la causa, la caución era de 50 millones de guaraníes, y fue aumentada a la suma actual ante un eventual peligro de fuga.