Rossana Escobar, jefa de investigación del Grupo Nación Media, indicó al canal GEN / Nación Media que hace un mes tomó estado público el plan del Ministerio de Obras, a través del Viceministerio de Transporte, para instalar paradas de colectivos y para lo cual destinará la suma de 12 millones de dólares.

“Le llaman la modernización de las paradas de buses y de seguridad pero que ni la propia Policía tiene previsto eso. Es monumental esta licitación y prevé instalar cuatro cámaras en los buses, siendo que la mayoría ya cuenta con este sistema de seguridad”, sostuvo sobre algunos de los alcances de la propuesta del Ejecutivo.

La investigadora señaló que al hacerse la pregunta de dónde saldría la plata para solventar este plan, pudo corroborar que el Gobierno aún no cuenta con la fuente de financiamiento de su proyecto de oro. “Estos 12 millones están formando fila dentro del paquete grande de deudas para honrar las deudas con las constructoras”, reveló.

Es sabido que el foco principal de este Gobierno son las rutas y que el presidente Mario Abdo posee justamente una empresa de asfalto, según resaltó Escobar durante la entrevista.

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🤥 Paradas de oro: otra megalicitación que el @mopcparaguay apura.

🧐 Para conocer más, dialogamos con Rossana Escobar, jefa de investigación de NM.

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— GEN (@SomosGENAhora) July 4, 2022

MÁS DATOS DE LA LICITACIÓN DE LUJO

A menos de una semana para la apertura de ofertas para la megalicitación de las “paradas de oro” del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aún no se sabe de dónde saldrán los US$ 12 millones que costará la construcción de las mismas y en las que se tienen previstas alta dotación de tecnología.

Sin embargo, en documentos adjuntos al llamado se puede ver que este proyecto forma fila en el paquete del préstamo internacional de US$ 100 millones, pendiente de aprobación en el Congreso y todo apunta que será otra obra a costa del endeudamiento del país.

“El mismo se encuentra previsto dentro del listado de proyectos de inversión y programas a ser financiado con un préstamo de apoyo basado en políticas (PBL) en preparación con el Banco de Desarrollo de América Latina, por un monto total de hasta US$ 100 millones a cargo del Ministerio de Hacienda en el marco del “Programa de apoyo al fortalecimiento de la política fiscal y mejora del gasto público”, dice el informe presupuestario presentado para esta licitación, cuestionada desde sus inicios.

Vale recordar que dicho llamado generó suspicacias desde su anuncio por la fortuna que representa en tiempos de crisis económica y especialmente porque se da en medio de las campañas electorales previstas para diciembre próximo. Por cierto, hay varios candidatos por el oficialismo dentro del MOPC.

Otro punto muy cuestionado del llamado es que en la lista de ítems requeridos se contempla la adquisición de 2.000 equipos de GPS, 8.000 cámaras y un nuevo centro de control y monitoreo, los cuales son elementos con los que ya se cuenta hoy día en el sistema de transporte público.

Vale recordar que dentro del pliego de bases y condiciones (PBC) se pueden encontrar otros ítems, no tan tecnológicos, pero que sí cuentan con un costo realmente elevado como podemos citar el escritorio de madera con dos cajones presupuestado por G. 17.596.725 y la provisión y colocación de una puerta de 1,80 x 2,10 por el valor de G. 5.214.750, junto con tres puertas metálicas antifuego de 1,20 x 2,10 tarifadas en G. 15.720.750.

Así mismo, otro de los puntos cuestionados es la forma en la que se maquillan los costos de un sistema desmenuzándolo en distintos ítems dentro de la lista para disfrazar su costo real. Un ejemplo de esto es la compra de los 2.000 equipos de GPS que son acompañados de los costos de instalación, el desarrollo del software correspondiente para la navegación, la instalación de este programa en los equipos de monitoreo, el mantenimiento de este sistema, la compra de los nuevos equipos de monitoreo y el servicio de implementación de estos centros, con lo que este sistema termina costando un total de G. 18.827.702.280.

Una lista recargada y jugoso presupuesto se puede observar; sin embargo, todavía no hay fondos y en el MOPC especulan con explicaciones confusas. Según el director de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), Walter Recalde, “lo más probable” es que este dinero salga de fondos locales, vía reprogramación, pero al ser insistido cómo fabricarán ese presupuesto propio, no descartó que la licitación se recueste en un nuevo préstamo.

No hay que olvidar que el MOPC está en falta con las constructoras con deudas que orillan los US$ 400 millones. El Presidente se jactó de 3.200 kilómetros de asfaltados inaugurados, pero obvió las deudas que carga la cartera de Obras.

“Hay precedentes donde se adjudicaron licitaciones y luego eran sujetos a una reprogramación de recursos, no sería la primera vez. Es decir que puede pasar, es una cuestión administrativa eso”, comentó el director de la UOC.

El apuro más una serie de consultas realizadas en el llamado vienen sugiriendo direccionamientos de la licitación y en estos días se formalizó una denuncia ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La denuncia señala que los US$ 12 millones de la licitación se orientan al beneficio de la empresa TSV del Paraguay, misma que en el 2019 fue adjudicada para la compra de las recordadas “comisarías de oro” y en el 2021 para la adquisición y actualización del Sistema 911 por el valor de G. 6.439 millones.

“El viceministro, Víctor Sánchez, en su calidad de ‘asesor de tecnologia’ del Ministerio del Interior, fue parte del equipo que adjudicó a la misma empresa TSV del Paraguay SRL diversos contratos, entre ellos el famoso contrato de las ‘comisarías de oro’”, refiere el reclamo planteado ante la DNCP.

Hay que recordar que semanas atrás ya se presentó igualmente una denuncia similar ante la Secretaría Nacional Anticorrupción en donde el asesor jurídico de la Senac, Federico Hetter, dijo que lo que hicieron fue “asignar el caso a la unidad de transparencia del MOPC en donde Carolina Centurión queda como encargada de la investigación”; es decir, la investigación del caso fue derivada a la misma institución a ser “investigada”.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior a ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas las ocupantes del inmueble de manera irregular, y que estaban conectadas a la red eléctrica de manera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos sí encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos, serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que, no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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