Gobierno apura nueva deuda para instalar las “paradas de oro”

Se encuentra en plena marcha una megalicitación de paradas de lujo, para un sistema de transporte público que se cae a pedazos, pero sin siquiera aún contar con una fuente de financiamiento. Por ello, el Gobierno apura el paquete de endeudamiento que está en el Congreso, en el que incluye los 12 millones de dólares previstos para este plan sumamente cuestionado.

Rossana Escobar, jefa de investigación del Grupo Nación Media, indicó al canal GEN / Nación Media que hace un mes tomó estado público el plan del Ministerio de Obras, a través del Viceministerio de Transporte, para instalar paradas de colectivos y para lo cual destinará la suma de 12 millones de dólares.

“Le llaman la modernización de las paradas de buses y de seguridad pero que ni la propia Policía tiene previsto eso. Es monumental esta licitación y prevé instalar cuatro cámaras en los buses, siendo que la mayoría ya cuenta con este sistema de seguridad”, sostuvo sobre algunos de los alcances de la propuesta del Ejecutivo.

La investigadora señaló que al hacerse la pregunta de dónde saldría la plata para solventar este plan, pudo corroborar que el Gobierno aún no cuenta con la fuente de financiamiento de su proyecto de oro. “Estos 12 millones están formando fila dentro del paquete grande de deudas para honrar las deudas con las constructoras”, reveló.

Es sabido que el foco principal de este Gobierno son las rutas y que el presidente Mario Abdo posee justamente una empresa de asfalto, según resaltó Escobar durante la entrevista.

MÁS DATOS DE LA LICITACIÓN DE LUJO

A menos de una semana para la apertura de ofertas para la megalicitación de las “paradas de oro” del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) aún no se sabe de dónde saldrán los US$ 12 millones que costará la construcción de las mismas y en las que se tienen previstas alta dotación de tecnología.

Sin embargo, en documentos adjuntos al llamado se puede ver que este proyecto forma fila en el paquete del préstamo internacional de US$ 100 millones, pendiente de aprobación en el Congreso y todo apunta que será otra obra a costa del endeudamiento del país.

“El mismo se encuentra previsto dentro del listado de proyectos de inversión y programas a ser financiado con un préstamo de apoyo basado en políticas (PBL) en preparación con el Banco de Desarrollo de América Latina, por un monto total de hasta US$ 100 millones a cargo del Ministerio de Hacienda en el marco del “Programa de apoyo al fortalecimiento de la política fiscal y mejora del gasto público”, dice el informe presupuestario presentado para esta licitación, cuestionada desde sus inicios.

Vale recordar que dicho llamado generó suspicacias desde su anuncio por la fortuna que representa en tiempos de crisis económica y especialmente porque se da en medio de las campañas electorales previstas para diciembre próximo. Por cierto, hay varios candidatos por el oficialismo dentro del MOPC.

Otro punto muy cuestionado del llamado es que en la lista de ítems requeridos se contempla la adquisición de 2.000 equipos de GPS, 8.000 cámaras y un nuevo centro de control y monitoreo, los cuales son elementos con los que ya se cuenta hoy día en el sistema de transporte público.

Vale recordar que dentro del pliego de bases y condiciones (PBC) se pueden encontrar otros ítems, no tan tecnológicos, pero que sí cuentan con un costo realmente elevado como podemos citar el escritorio de madera con dos cajones presupuestado por G. 17.596.725 y la provisión y colocación de una puerta de 1,80 x 2,10 por el valor de G. 5.214.750, junto con tres puertas metálicas antifuego de 1,20 x 2,10 tarifadas en G. 15.720.750.

Así mismo, otro de los puntos cuestionados es la forma en la que se maquillan los costos de un sistema desmenuzándolo en distintos ítems dentro de la lista para disfrazar su costo real. Un ejemplo de esto es la compra de los 2.000 equipos de GPS que son acompañados de los costos de instalación, el desarrollo del software correspondiente para la navegación, la instalación de este programa en los equipos de monitoreo, el mantenimiento de este sistema, la compra de los nuevos equipos de monitoreo y el servicio de implementación de estos centros, con lo que este sistema termina costando un total de G. 18.827.702.280.

Una lista recargada y jugoso presupuesto se puede observar; sin embargo, todavía no hay fondos y en el MOPC especulan con explicaciones confusas. Según el director de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), Walter Recalde, “lo más probable” es que este dinero salga de fondos locales, vía reprogramación, pero al ser insistido cómo fabricarán ese presupuesto propio, no descartó que la licitación se recueste en un nuevo préstamo.

No hay que olvidar que el MOPC está en falta con las constructoras con deudas que orillan los US$ 400 millones. El Presidente se jactó de 3.200 kilómetros de asfaltados inaugurados, pero obvió las deudas que carga la cartera de Obras.

“Hay precedentes donde se adjudicaron licitaciones y luego eran sujetos a una reprogramación de recursos, no sería la primera vez. Es decir que puede pasar, es una cuestión administrativa eso”, comentó el director de la UOC.

El apuro más una serie de consultas realizadas en el llamado vienen sugiriendo direccionamientos de la licitación y en estos días se formalizó una denuncia ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

La denuncia señala que los US$ 12 millones de la licitación se orientan al beneficio de la empresa TSV del Paraguay, misma que en el 2019 fue adjudicada para la compra de las recordadas “comisarías de oro” y en el 2021 para la adquisición y actualización del Sistema 911 por el valor de G. 6.439 millones.

“El viceministro, Víctor Sánchez, en su calidad de ‘asesor de tecnologia’ del Ministerio del Interior, fue parte del equipo que adjudicó a la misma empresa TSV del Paraguay SRL diversos contratos, entre ellos el famoso contrato de las ‘comisarías de oro’”, refiere el reclamo planteado ante la DNCP.

Hay que recordar que semanas atrás ya se presentó igualmente una denuncia similar ante la Secretaría Nacional Anticorrupción en donde el asesor jurídico de la Senac, Federico Hetter, dijo que lo que hicieron fue “asignar el caso a la unidad de transparencia del MOPC en donde Carolina Centurión queda como encargada de la investigación”; es decir, la investigación del caso fue derivada a la misma institución a ser “investigada”.

 

Más de 4.000 casos de dengue en las últimas tres semanas

El Ministerio de Salud reportó que en las últimas tres semanas fueron diagnosticados 4.009 casos de dengue, de las 28.800 notificaciones que proceden en un 80 % de Central, seguido de Itapúa, Asunción, Alto Paraná, Misiones, Caaguazú, Paraguarí y Guairá.

El informe indica que de las muestras procesadas durante este año, el 87 % corresponde a DEN-2 que es el serotipo predominante en el territorio nacional.

En este periodo se identificaron, además, 3 casos de chikungunya en grupos etarios de 5 a 14 años, de 20 a 39 años y de 40 a 44 años, procedentes de Alto Paraná, Ñeembucú y Guairá.

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En las últimas tres semanas se registraron un total de 1.185 pacientes hospitalizados por sospecha de arbovirosis, de los cuales, 359 cuentan con diagnóstico de dengue. El 6 % ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI). El 61 % de los hospitalizados procede de Central y Asunción.

El 22 % de los internados se observa en la franja pediátrica. El grupo más afectado es el de 5 a 9 años con 12 %, seguido de la población de 10 a 14 años que concierne al 10 % de los ingresos.

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Entre los hospitalizados, el 23 % cuenta con alguna comorbilidad, entre ellos, cardiopatía, diabetes y obesidad.

Además, se confirmó un fallecido por dengue en las últimas tres semanas evaluadas.

Pese a millonario contrato, cédulas se siguen expidiendo en casi un mes

A pesar de existir un contrato vigente con una empresa para agilizar el sistema del Departamento de Identificaciones, los usuarios denuncian que las cédulas de identidad se siguen expidiendo recién en casi un mes de la solicitud.

En diciembre del 2017, el Ministerio del Interior había firmado un contrato por más de 30 millones de dólares para la expedición de cédulas electrónicas, pero recién fue implementado desde el año pasado tras varias adendas e incluso un dictamen de la Contraloría General de la República que recomendaba cancelar el proceso por indicios de irregularidades.

La licitación fue adjudicada al Consorcio Documentos Electrónicos del Paraguay (CDE), integrado por la empresa francesa Gemalto y la paraguaya Solnet.

Con este contrato, se pretendía agilizar la expedición de las cédulas de identidad. Sin embargo, la realidad hoy es otra, según innumerables denuncias de usuarios que se acercan al Departamento de Identificaciones.

Al respecto, el comisario León Almirón, jefe de Relaciones Públicas del Departamento de Identificaciones, admitió a Universo 970 AM de Nación Media, que existen problemas con el sistema de la empresa internacional, especialmente a la hora de reportar fallas que llevan un largo proceso para la reactivación.

Resaltó además que actualmente se encuentran en la considerada “temporada alta”, sumándose al problema de los constantes cortes del suministro de energía eléctrica en la zona del Departamento de Identificaciones en Asunción.

Liberan a integrantes del Clan Villalba y les otorgan refugio en Argentina

Finalmente los cuatro integrantes de la familia Villalba, ligada al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fueron liberados tras ser capturados en Argentina. La Comisión Nacional de Refugiados dispuso que las cuatro personas tengan refugio en dicho país, bajo el argumento de que son “perseguidos políticos”.

El ministro del Interior, Enrique Riera, confirmó que José, María Rosa, Tania y Mirian Villalba Ayala, detenidos en Argentina mediante un operativo en conjunto en Paraguay, fueron finalmente liberados por una orden judicial, tras la intervención de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) de dicho país.

Dicha Comisión intervino en la detención de los Villalba y mencionó que los mismos cuentan con un estatus de refugiados, ya que los consideran como “perseguidos políticos”.

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“Nos causó una gran frustración y dolor, y ni que decir en los familiares de los secuestrados”, lamentó el ministro Riera, quien agregó que se seguirá haciendo todo el esfuerzo para traer a estas personas al país y que rindan cuenta ante la Justicia.

“Lo que nos queda es pelear ante el CONARE de Argentina, para aclararles que no son perseguidos políticos. Son delincuentes comunes, asesinos y terroristas”, subrayó Riera.

El ministro comentó además que estas cuatro personas son defendidas por un grupo de abogados identificados por un sector político bien definido en Argentina. “Les mandamos un mensaje claro: No van a tener paz. La lucha va a continuar contra los crímenes de lesa humanidad”, enfatizó.

Cabe mencionar que estas cuatro personas cuentan con una orden de captura internacional con fines de extradición, ya que son considerados como brazo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).