“Hay muchos causas judiciales donde se puede ver la falta de diligencia del Estado en investigar”, dijo Celina Giraudy, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), una organización no gubernamental con sedes en Washington y algunas ciudades latinoamericanas.

Esa entidad pidió junto con seis organizaciones de derechos humanos paraguayas la sesión ante la CIDH, que tendrá lugar el próximo viernes en la capital estadounidense.

En ella presentarán un reciente informe de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que aseveró que 115 líderes y militantes campesinos fueron asesinados o desaparecidos entre el 3 de febrero de 1989, fecha del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, y el 15 de agosto de 2013.

El documento, bautizado “Informe Chokokue” (campesino, en el idioma guaraní), aporta pruebas “de niveles de responsabilidad individual e institucional del Estado”, según Codehupy.

Giraudy indicó que la justicia paraguaya solo ha emitido ocho condenas “parciales” en las 115 muertes.

La abogada dijo que esos casos se enmarcan en un contexto de violencia contra los campesinos, que incluye el uso de “fuerza excesiva” por parte de la policía para reprimir manifestaciones, lo que a menudo ocasiona heridas a los labriegos.

Los campesinos realizan protestas frecuentes para exigir a los latifundistas que cumplan las leyes ambientales a la hora de realizar fumigaciones con agrotóxicos, explicó Giraudy.

El objetivo de las organizaciones al pedir la audiencia ante la CIDH es dar a conocer la situación en Paraguay a nivel internacional y escuchar las alegaciones del Estado, dijo la abogada.

Si lo considera pertinente, la Comisión podría realizar una visita a Paraguay o elaborar un informe sobre el problema.

La CIDH ya celebró una sesión el pasado marzo sobre el desalojo forzoso de campesinos de tierra que ocupaban, una señal de que le interesa la problemática paraguaya, según Giraudy.

En la sesión del viernes participarán de un lado representantes del Estado paraguayo y del otro las organizaciones Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Codehupy, Federación Nacional Campesina (FNC), Organización Lucha por la Tierra (OLT), la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) y la comisión de víctimas de la masacre de Curuguaty (Asociación Yvy Ñande Rekove).

El coordinador del Informe Chokokue, Hugo Valiente, dijo durante su presentación el pasado agosto que su investigación revela “un plan sistemático de ejecuciones en el contexto de la lucha por la tierra en Paraguay”, cuya meta es “impedir que las organizaciones campesinas tengan una voz en demanda de la reforma agraria”.

Valiente añadió que la mayoría de las víctimas pertenecían a la FNC y al Movimiento Campesino Paraguayo, dos de las principales agrupaciones de labriegos de la nación guaraní.

Agregó que el informe extrae esas conclusiones a partir de entrevistas a familiares y testigos de las muertes, y de un análisis de los procesos judiciales.

La fallecida fue identificada como Giselle Beatriz Acosta, de 19 años, quien se desempeñaba como empleada de una cadena de supermercados. El propietario del inmueble hallò el cuerpo sin vida al llegar a su lugar de trabajo, dando luego aviso a la Policía.

Inicialmente la identidad de la muchacha no fue posible definirla, ya que la infortunada no llevaba documentos, solamente un teléfono celular y dinero en efectivo.

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La fiscala María Mirtha Martínez, ordenó que los restos sean llevados hasta la morgue judicial.

La representante del Ministerio Público dijo que los intervinientes estaban recabando imágenes de la zona para ver a fondo lo ocurrido. También resolvieron el peritaje de la motocicleta.

Varias hora después de iniciado el procedimiento, se presentó al sitio Norma Acosta, madre de la joven fallecida. La misma explicó que su hija se dirigía hacia su lugar de trabajo, cuando ocurrió la tragedia.

Las imágenes de circuito cerrado muestran que era el primer minuto de este lunes. cuando la joven circulaba a gran velocidad. Suponen que la prisa era para atravesar rápidamente los tramos oscuros y peligrosos del trecho entre su casa y el lugar de trabajo.

Cerca de las 15:00 de ayer domingo, la interna Ninfa Ramona Servín Valdez, sel sector 1, subió al techo de la penitenciaría, por el área que linda con la Avda. Choferes del Chaco. Por esta vía intentó fugarse del reclusorio.

Al percatarse del intento, los agentes advirtieron del hecho a los efectivos de la Agrupación Especializada, quienes interceptaron a la mujer antes de que gane la calle.

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También se dio participación a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y a la Comisaría 6ª, donde los oficiales de guardia acudieron de inmediato.

Servín fue aprehendida y derivada al sector de contingencia, como medida de seguridad, según informaron desde el Ministerio de Justicia. Los funcionarios realizaron la verificación y llamaron lista. Finalmente constataron que todas estaban en sus lugares.

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El asesor jurídico del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, Crio. León Almirón, informó a la radio 650 AM que la caída del sistema, que es gestionado por una empresa con sede en Colombia, impide que se puedan tomar trámites de cédulas y pasaportes.

El sistema aún no está completamente bajo el control local, lo que deja a la institución en una posición de dependencia total de esta empresa extranjera.

Ante la situación, el comisario pidió paciencia a los ciudadanos, señalando que solo queda esperar a que el sistema vuelva a funcionar. “Entendemos la molestia, pero estamos atados a la resolución técnica de la empresa proveedora”, añadió.