Nuestro diario realizó una encuesta a través de sus redes sociales en relación al aumento en la cantidad de asaltos cometidos por motochorros y la ausencia de los agentes del Grupo Lince en las calles.

Tanto en Facebook como Twitter, la mayor parte de los usuarios coincidió en que ambas cosas tienen directa relación, dado que en las últimas semanas se ha percibido una llamativa disminución en lo que respecta a presencia policial motorizada.

En Facebook votaron un total de 2.649 personas, de las cuales el 92% respondió que “SÍ”, mientras que un 8% que “NO”. En la cuenta de Twitter se pudo percibir un panorama similar: de los 1.311 votos recibidos, un 89% dijo que “SÍ” y el restante 11% respondió que “NO”.

Entre los comentarios se puede percibir la indignación y molestia por parte de la ciudadanía debido a la inseguridad reinante en las calles, sobre todo por los “motochorros” que siguen atacando y cometiendo asaltos en distintos puntos del país.

Varios culpabilizaron de esta situación al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien al asumir el cargo ordenó a los agentes del Grupo Lince que operen a cara descubierta y sin el protector en el rostro, además de exhibir sus respectivas identificaciones.

La medida, considera por muchos como impopular y desacertada, generó varios cuestionamientos debido a que los agentes motorizados se verían expuestos a los delincuentes al tener que mostrar su rostro y sus datos personales.

Hace unos días, el intendente de Ñemby, Lucas Lanzoni, confirmó que desde finales de agosto se percibe una reducción en la presencia del Grupo Lince en dicha ciudad, lo cual se dio en coincidencia con el aumento de los asaltos cometidos principalmente por motochorros.

Ante este panorama se puede concluir que a nivel ciudadano existe una preocupación generalizada por la situación de la Unidad Táctica Motorizada de la Policía Nacional, por lo que el Gobierno debería tomar cartas en el asunto a fin de recuperar la confianza y tranquilidad.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.