Félix Sosa, presidente de la entidad energética, presentó los resultados de los últimos procedimientos contra las conexiones irregulares a dos granjas de criptomonedas con capacidad de consumo por G. 1.900 millones al mes, que contó con apoyo fiscal.

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“Creemos que si involucramos a la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional tenemos que llegar a los responsables de estas irregularidades”, expresó Sosa ayer en conferencia de prensa.

En detalles, precisó que el jueves y el viernes de la semana pasada se intervinieron dos granjas de criptomonedas, ubicadas en Coronel Oviedo (Caaguazú), con un consumo mensual de G. 700 millones y otro en Itakyry (Alto Paraná), con capacidad de consumo de Gs. 1.200 millones, totalizando G. 1.900 millones en perjuicio a la ANDE.

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En ese contexto, mencionó que existe una tarifa especial de energía para establecimientos de uso intensivo, como lo son la producción y manejo de criptomonedas, con una tarifa USD/kW al mes, de acuerdo a si corresponden a suministros de 220kV, 66kV y 23 kV. Indicó que “1 megavatio de potencia para la producción de criptomonedas equivale al consumo de 2.000 viviendas”.

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Cabe mencionar que el Poder Ejecutivo vetó un proyecto de Ley que establecía que la criptominería sea reconocida como una actividad industrial y cuente con una tarifa de hasta el 15% sobre la actual tarifa para el consumo industrial.

El fundamento del veto fue la actividad se caracteriza por su alto consumo de energía y escasa utilización de mano de obra, por lo que no ingresa en la categoría de industrias beneficiadas.

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Una comitiva policial encabezó un allanamiento esta mañana en el barrio Mora Cué de Luque, en prosecución a una investigación por un intento de sicariato ocurrido semanas atrás.

Durante el procedimiento fue detenido Édgar David Figueredo, quien según las investigaciones podría estar vinculado al hecho ocurrido en la ciudad de J. Augusto Saldívar.

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Según manifestó a la 1080 AM el fiscal Pedro Clever, dieron con esta persona tras hacer el seguimiento a la motocicleta utilizada por el supuesto sicario a través de cámaras de circuito cerrado.

Figueredo sería la persona que manejó dicho biciclo y se presume que también habría sido el que ejecutó los disparos contra el abogado Rafael Ruiz Cabañas, quien logró salvarse de milagro.

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Coincidentemente, el detenido es hijo de la mujer con quien este profesional del derecho tuvo litigios judiciales por sucesión de inmuebles hace un tiempo atrás.

Durante el allanamiento fueron incautados la pistola y la motocicleta que habrían sido utilizadas en el intento de homicidio.

La constitución estuvo encabezada por la agente fiscal Fátima Girala, a fin de ingresar al sistema informático penitenciario, llamado SIPPy.

El motivo del procedimiento es indagar la liberación del condenado Luis Héctor Morínigo Cantero.

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El reporte indica que la fiscal contó con el acompañamiento de un perito del Ministerio Público a fin de corroborar cuáles son las condenas que se encuentran cargadas en el sistema. “Nos informó la directora de Informática que el sistema central está establecido allí, en red con todas las penitenciarías del país; cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando”, explicó Girala.

“Cada cárcel se encarga de hacer la carga de acuerdo a las notificaciones de las condenas que van llegando, esto es así desde el año 2019, ya que en el 2018 se hizo una carga masiva con funcionarios del Ministerio de Justicia”, agregó.

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Los antecedentes del caso indican que Morínigo Cantero fue condenado hasta el 2040 y debía permanecer 30 años en Tacumbú. Sin embargo, fue liberado y expulsado del país en abril, de acuerdo a las informaciones proveídas desde la Dirección Nacional de Migraciones. El mismo fue condenado por una serie de violaciones a mujeres ocurridas en la ciudad de Itá.

Las fiscales Irma Llano y Alba Delvalle imputaron al ex titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, a su esposa Luz Marina Gonzalez de Durand y varios directivos de Mocipar acusados de haber estafado a los clientes de la empresa.

De acuerdo a los datos de la fiscalía, las personas pagaban mensualmente a Mocipar la cuota en concepto de vehículos, electrodomésticos e inmuebles que eran ofrecidos por la entidad a precios accesibles, pero nunca recibieron una contraprestación. 

Según el acta de imputación, estos hechos ilícitos se habrían registrado en el 2016, cuando Durand presentaba un programa televisivo, pero persistió hasta el 2019 y 2020.

Las agentes fiscales solicitaron al juzgado de Garantías implementar medidas sustitutivas a la prisión. 

Dany Durand ocupó el cargo de ministro del MUVH hasta el 30 de octubre de 2020 cuando presentó su dimisión al cargo. 

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