Elizabeth Millán, Secretaria General del Gremio de Guardiacárceles, en entrevista con Universo 970 / Nación Media repudió el actuar de las autoridades del Ministerio de Justicia al permitir el ingreso del féretro de Osvaldo Villalba a la cárcel de mujeres.

“Fue la pifiada más grande del Estado por no encontrar a quién vamos a responsabilizar directamente”, sostuvo.

Según indicó, los gremios penitenciarios no quedaron conformes con la destitución de la directora del Buen Pastor, siendo que la Coordinadora General de Mujeres de la citada cartera de Estado estuvo a cargo desde el primer momento de este asunto pero no fue mencionada en ningún momento.

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“Nos quedamos cortos en este asunto porque vimos innumerables falencias en materia de seguridad en el procedimiento realizado”, aseguró Millán.

A su criterio, el ingreso del féretro de Osvaldo Villalba a la cárcel de mujeres fue un privilegio que no correspondía, pese a los argumentos esgrimidos desde el ministerio. “En ningún momento debe ser un premio ante la amenaza de un motín”.

Cabe recordar que la decisión de las autoridades de permitir el ingreso del ataúd se dio como consecuencia directa de las amenazas de Carmen Villalba de generar incidentes, incluyendo un eventual amotinamiento en el Buen Pastor.

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Millán cuestionó el hecho de que se haya dado el mensaje de rendirse ante las exigencias de estos grupos criminales como el EPP, cediendo al pedido de Carmen Villalba para ver a su hermano fallecido antes del entierro.

Este viernes en horas de la tarde se produjo la captura de Rodi Osmar Agüero González, de 27 años, por parte de personal del Departamento de Investigaciones Regional Alto Paraná.

El joven fue detenido en la vía pública, sobre la calle Cerro Corá de la ciudad de Hernandarias, cuando circulaba a bordo de una camioneta sin chapa.

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El ahora detenido es sospechoso de formar parte de la banda criminal que días atrás perpetró un asalto a mano armada en el depósito de la tienda “Gonzalito”, ubicado en el Barrio San José de Ciudad del Este.

En aquella oportunidad, un grupo conformado por entre tres a cuatro delincuentes llegó al sitio haciéndose pasar por proveedores de mercaderías para así poder ingresar al tinglado y apropiarse de varias cajas.

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Según estimaciones, los autores del atraco se alzaron con alrededor de 150 teléfonos celulares de alta gama, cuyo valor es bastante considerable.

Luego de ser sometido a una inspección de rutina en el Hospital Regional de Ciudad del Este, Agüero fue trasladado a la Dirección de Policía de Alto Paraná, donde se encuentra recluido y a disposición de la fiscal Carolina Rosa Gadea.

A través de un comunicado divulgado este viernes, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) expresó su postura, a raíz de los últimos cuestionamientos al plan de adquisición de máquinas de votación.

Algunos parlamentarios del bloque opositor en la Cámara de Senadores plantearon la suspensión del proceso licitatorio internacional, que actualmente se encuentra en marcha, luego de que Contrataciones Públicas diera ‘luz verde’ al desestimar la protesta planteada.

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Desde el organismo electoral afirman que dicho proceso viene desarrollándose con absoluta transparencia, conforme a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los más altos estándares técnicos y administrativos.

Así también, sostienen que esta licitación fue sometida a todas las instancias de control y supervisión establecidas, garantizándose el acceso público a las bases, condiciones y procedimientos “en resguardo de la igualdad, la competencia legal y el interés público”.

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“Se rechaza cualquier insinuación que pretenda instalar dudas sobre la seguridad del proceso licitatorio”, menciona el comunicado dado a conocer por la Justicia Electoral, reafirmando que las máquinas de votación cumplirán “verificables, auditables y funcionales”.

Finalmente, el TSJE ratifica que la organización y ejecución de procesos electorales con voto electrónico y listas desbloqueadas constituyen “una obligación legal”, razón por la que se mantienen firmes en la idea de avanzar con la licitación.

La procesada, de 19 años, enfrenta cargos por el supuesto hecho punible de violación del deber del cuidado.

La aprehensión se produjo este jueves 15 de mayo, alrededor de las 05:00, en una calle del kilómetro 9 Monday, barrio San Isidro, de Presidente Franco. En esa ocasión, la joven caminaba por la zona con su bebé en brazos y llegó hasta una cancha donde algunas personas consumían bebidas alcohólicas. Allí, pidió dinero.

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Ante la negativa de los presentes, la mujer habría comenzado a causar disturbios, ya que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y drogas. Uno de los presentes alertó a los agentes policiales de la zona, quienes acudieron al lugar y procedieron a su aprehensión. Además, rescataron al menor y luego lo entregaron a su abuela paterna.

Teniendo en cuenta la gravedad del hecho, y tras reunir los elementos incriminatorios, el fiscal Delgado resolvió imputar a la joven por el hecho punible de violación del deber del cuidado. Asimismo, solicitó al Juzgado de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión.