La Estancia Pindó, una empresa agropecuaria con más de 45 años de antigüedad, ubicada a 70 km. al este de Curuguaty sobre la ruta 10 con dirección a Salto del Guairá, sigue sufriendo por la deforestación que realizan terceras personas.

En el lugar funciona impunemente un aserradero al aire libre manejado por supuestos campesinos “sin tierra”, las 24 horas del día. Varias investigaciones, fotografías y videos realizados en sobrevuelos sobre la zona evidencian un alto grado de deforestación realizado con alta tecnología e infraestructura, lo que significa una gran “inversión” en logística e infraestructura.

De las 2.780 hectáreas de reserva forestal de esta estancia, más de 1.200 hectáreas desaparecieron desde el 2013 hasta la fecha, según denunciaron sus encargados.

Indicaron además que los expedientes de la Secretaría del Ambiente (Seam) sobre el caso están en blanco y que aún no se enviaron técnicos de ningún tipo. “Nunca dieron trámite ni hicieron diligencias, porque ponía como excusa que estaba invadida la propiedad y no podrían ingresar”, aseguraron.

Comentaron que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ya emitió resoluciones y dictámenes en donde se rechazan las pretensiones de estos grupos campesinos de quedarse con estas tierras. Sin embargo, el Instituto Forestal Nacional (INFONA) se mostró ausente en el proceso que se inició en el 2013, tampoco intervino en las investigaciones varias de deforestación en áreas de reserva, según sostuvieron.

Recordaron que la justicia dictó cuatro sentencias sucesivas de amparo y ordenaron que se restituya la situación jurídica infringida en la propiedad, pero que la Policía Nacional no cumple ni puede llevar adelante ninguno de los operativos para la expulsión, que se suspende siempre por diversos motivos. “Hay 17 imputados hasta el momento, y tampoco la Policía nunca pudo efectivizar las órdenes de captura contra estas 17 personas”, lamentaron.

Con base al informe remitido por la Fiscalía General del Estado, la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos,pudo observar lentitud manifiesta por parte del Ministerio Público en las causas penales que se encuentran en investigación en materia de Lavado de Activos, teniendo en cuenta que en los últimos 10 años de 369 causas, el 29% de las causas prescribieron, el 8% pudieron ser condenados y solo el 2% de las causas están imputadas; el resto se encuentran pendientes para su finiquito.

La Comisión señala además que casos emblemáticos y notorios de potencial Lavado de Activos contra bancos ligados a medios de comunicación no han avanzado, pese al tiempo transcurrido no se cuenta con imputaciones ni desestimaciones, como lo denunciado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

La Comisión, pudo concluir en cuanto a los antecedentes que pesan sobre el Banco Atlas, sus órganos administrativos y de control, la mala administración de operaciones fiduciarias, por la cual se resolvió ordenar a la Unidad Jurídica a instruir el sumario administrativo a la entidad.

En cuanto a la causa que involucra al exdiputado Eulalio Gómez (+) y su hijo Alexandre Rodríguez, la comisión señaló que el Ministerio Público tanto como las demás instituciones consultadas no arrimaron mayor información a la Comisión Conjunta de Investigación, situación que dificultó ahondar sobre la causa.

La Comisión Conjunta de Investigación recomendó al Ministerio Público, activar todos los recursos disponibles dentro de la esfera del Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, asimismo, arbitrar todos los mecanismos de rigor existentes en el Derecho positivo vigente para el esclarecimiento de los posibles hechos punibles de Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas.

Asimismo, la Comisión insta a la Superintendencia de Bancos, a tomar un mayor compromiso en el seguimiento, control y lineamiento de riesgos de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con los bancos de plaza para la prevención y detección del Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresas.

La comisión detectó que el sistema adoptado por el Banco Central del Paraguay y la DNIT para la comercialización de armas y municiones, sus componentes y afines no permite identificar la trazabilidad del movimiento de activos, al no poder estos operar los comercios dedicados al rubro en el sistema financiero.

Igualmente, la Comisión pudo notar que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha admitido importadores de armas y municiones sin el correspondiente giro bancario respaldatorio en violación a la ley.

Por último, el informe destaca “el notable desinterés por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en involucrarse en la comercialización de armas, municiones, sus componentes y afines, pese a que el mercado ilegal de armas haya permeado las zonas fronterizas del país y a la sideral diferencia existente en las ganancias entre el mercado legal y el mercado negro”.

RECOMENDACIONES

La Comisión insta a la Dirección General de Material Bélico (DIGEMABEL) a trabajar en forma conjunta con el Ministerio Público, y las instituciones afectadas en la prevención, detección, control, seguimiento y sanción de los posibles hechos punibles que guarden relación con la importación de armas en el mercado negro, para combatir y atacar el flagelo del tráfico ilegal de armas.

Asimismo, la Comisión insta a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a tomar un mayor compromiso y trabajar con la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), la Superintendencia de Bancos e instituciones afectadas sobre los lineamientos a ser desarrollados y llevados a cabo a futuro con los bancos de plaza a fin de contar con la trazabilidad del comercio en materia de armas, municiones, sus componentes y afines, teniendo en cuenta que en la actualidad los bancos no permiten remesar fondos al exterior.

Para mañana a las 09:00 hs está prevista la realización de la autopsia de Rubén Darío López Fernández en la morgue judicial de Asunción.

Dicha diligencia, que estará a cargo de médicos del Laboratorio Forense del Ministerio Público, se realizará como anticipo jurisdiccional de pruebas.

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El juez especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, también estará participando de la autopsia, junto a representantes de la Fiscalía como principales responsables de la investigación.

Alias “Loro” era considerado como un miembro clave del primer anillo del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), teniendo varios años activo dentro del grupo criminal.

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El mismo fue abatido durante un enfrentamiento con integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ocurrido ayer en el interior de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, en Canindeyú.

En dicho episodio también resultó herido un efectivo militar, quien acusó algunos disparos. En estos momentos, se encuentra fuera de peligro e internado en el Hospital Militar de la capital.