Son 11 becas destinadas a financiar a los mejores candidatos para realizar un programa de Maestría de investigación hasta una duración máxima de 24 meses y/o de un Doctorado que tenga una duración máxima de 48 meses. Se contabilizará desde el ingreso del becario al programa de estudio y los beneficios de la beca se otorgarán desde la firma de contrato con BECAL. No se financiarán Maestrías ni Doctorados ya iniciados. Se considerarán Maestrías en investigación y Doctorados que inicien en el segundo semestre del 2023.

Esta convocatoria de becas está dirigida a todas aquellas personas que realicen estudios en las áreas de ciencia, tecnología e investigación, cuyo proyecto de vida sea la investigación, docencia y/o transferencia tecnológica. Las áreas del conocimiento según el Manual de Frascati incluyen Ciencias Naturales; Ingeniería y Tecnología; Medicina y Salud; Ciencias Agrícolas; Ciencias Sociales (excepto Educación, en el caso de Doctorados); y Humanidades (únicamente para las sub áreas de Diseño y Arquitectura, en el caso de Maestrías).

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Cabe mencionar que Caldo, con el cual BECAL tiene convenio, es un consorcio compuesto por universidades líderes de investigación de Canadá con altos estándares académicos y altos rankings internacionales.

El registro se debe realizar mediante el Sistema de Postulación a Instrumentos (SPI) y la Guía de Bases y Condiciones (GBC) de esta convocatoria con la Modalidad Asistida, en convenio con el consorcio Caldo, se encuentra en https://bit.ly/3NtxkNj de la web: www.becal.gov.py

Yryvu Cua, Capiibary y Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro; Tembiaporâ, R.I. 3 Corrales e Yhu, Caaguazú; General Morínigo y San Juan Nepomuceno de Caazapá; Alto Vera y San Pedro del Paraná, Itapúa.

Además, Villa Oliva, Villa Franca, Alberdi y Pilar de Ñembucú; San Antonio, Limpio, Luque, Capiatá, Itá, Ñemby de Central; y Juan E. O’ Leary, Itakyry son los distritos en los que regirá Hambre Cero en agosto.

Estas 22 ciudades aparecen como las priorizadas dentro de la Mesa de Protección Social, según el porcentaje de pobreza del censo 2012.

El presidente Santiago Peña firmó ayer el decreto mediante el cual reglamente el Programa “Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo”, a través de la Ley 7264/24 “Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar.

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La financiación correrá por cuenta del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) y los beneficiarios serán programa los estudiantes matriculados en los niveles de educación inicial, educación escolar básica y educación media en instituciones educativas del sector público o privado subvencionado.

La alimentación podrá estar constituida de una ración y/o la combinación de: desayuno, almuerzo, merienda, colación y/o cena, conforme a parámetros establecidos en el decreto.

Se deberá dar cobertura a todos los días del año lectivo, desde el primer al último día de clases, definido por el calendario escolar, establecido por el MEC.

Para ciertos casos en los que predomine la escasez de oferta local, se dará autorización para la sustitución de los productos de origen nacional por productos importados.

Un vehículo, que presuntamente fue abandonado por su propietario, fue hallado por los agentes de la subcomisaria 14° a la altura del kilómetro 14 del puente que conecta la ciudad de Minga Guazú con Los Cedrales, del departamento de Alto Paraná. La denuncia que realizaron los pobladores refiere que el hombre se habría lanzado al río Monday.

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Se trata de un vehículo de la marca Hyundai, modelo Creta, chapa AAIG 42. En el interior del mismo se encontró una billetera que contenía la cédula de identidad perteneciente a Carlos Ramón Collante Garcete, de 39 años, que se presume sería el propietario del rodado.

Los uniformados tuvieron conocimiento del hecho mediante la llamada al sistema 911. Una vez en el lugar, Porfirio González, de 51 años, relató que unos pescadores que estaban en el lugar vieron a un hombre lanzarse desde el puente. Lo buscaron, pero no lo encontraron.

El hecho fue informado a la agente fiscal Carolina Rosa Gadea, quien convocó a González para prestar declaración indagatoria. El caso está siendo investigado para corroborar la información y encontrar el cuerpo del conductor.

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Por Cinthia Mora

Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema para­lelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomen­daciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamé­rica (Gafilat). Esta institu­ción advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos mane­jos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.

La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las norma­tivas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de infor­mes de inteligencia a la prensa.

Las recomendaciones dadas por el organismo especiali­zado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tam­poco constancia de imple­mentación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.

En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor can­tidad de filtraciones de infor­mes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades des­tinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtra­ción de reportes de inteligen­cia financiera diseminados por la Unidad de Inteligen­cia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publi­car en portales de internet, incluyendo páginas com­pletas del informe de inte­ligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, lle­gando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.

Gafilat hizo recomendaciones que el gobierno anterior ignoró

RECOMENDACIONES SIN APLICAR

Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer segui­miento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.

El informe de evaluación mutua instaba además a Para­guay a implementar protoco­los para el reporte de inciden­tes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episo­dios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.

La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inte­ligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difu­sión indebida de información. Pese a los múltiples episo­dios de filtraciones registra­dos desde enero de 2022 y a la recomendación de la eva­luación de Gafilat, este pro­tocolo nunca se aplicó. Todas las filtraciones y los funcio­narios responsables queda­ron impunes hasta agosto de 2023.

Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrie­ron los sumarios respectivos contra los funcionarios res­ponsables de las filtraciones y tampoco se pudo encon­trar rastro alguno de aplica­ción de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.

En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques políti­co-mediáticos que socava­ron la institucionalidad de la Seprelad y otros organis­mos del Estado. Una inves­tigación periodística reveló en julio de 2023 documen­tos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.