El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) inició la fiscalización de la cooperativa Capiatá. El presidente del Incoop, Pedro Loblein, explicó que ya tenían planificadas desde hace cuatro meses las fiscalizaciones a varias instituciones, por lo que calificó como un operativo normal y dio tranquilidad a los socios.

Esta es la segunda cooperativa que está en la mira de las autoridades, la primera fue la Cooperativa San Cristóbal, la cual primero fue fiscalizada y luego ya intervenida por las implicancias de su expresidente Juan Carlos Ozorio con el operativo antinarcos A Ultranza Py.

“En el caso San Cristóbal, ya teníamos dentro del plan de actividades fiscalizar integralmente. En el caso de Capiatá, por los comentarios que se están mencionando mucho, que implica operaciones de Erico Galeano”, expuso Loblein. “La fiscalización es normal. Se verifican las carpetas, las actuaciones del consejo, la cartera de crédito y la cartera de ahorro”, agregó en charla con la 780 AM.

“Es importante aclarar, porque se hablaba fuertemente de intervención de la cooperativa Capiatá y tal cosa no se da en Capiatá. No hay ninguna necesidad de intervenir, pero sí creemos que es importante fiscalizar. Esto es algo que no tiene que intranquilizar a los socios, porque es algo en el cual, inclusive, los resultados se le obliga a la cooperativa presentar el informe en una asamblea”, expuso el entrevistado.

El economista Santiago Peña expuso ayer que el caso de la cooperativa San Cristóbal puede generar un efecto contagio a las demás, con el éxodo masivo de los socios y sus ahorros. Es por ello que habló acerca de la necesidad de crear un órgano de supervisión de las cooperativas, similar a una superintendencia, para dar tranquilidad y seguridad a los asociados.

Los primeros estruendos se oyeron alrededor de las 15:20 de este miércoles, y siguieron por varios minutos en un escenario de tensión. Autoridades del reclusorio pidieron refuerzos ante lo que inicialmente se tiene como conato de motín.

La población penal de la penitenciaria de Pedro Juan Caballero está confirmada por una variada gama de miembros de agrupaciones criminales locales y extranjeras, principalmente brasileñas.

Tras el operativo Veneratio que desarticuló al clan Rotela de la cárcel de Tacumbu, hubo menester de una redistribución de reos en distintas cárceles del país. Fue así que el penal de la capital amambaiense recibió a elementos del clan Rotela, lo cual no dejo de instalar el temor de que se generen choques entre esa banda y elementos del del Primer Comando Capital, con fuerte presencia en la frontera.

Este estado de tensión que se reporta ahora desde la cárcel de Pedro Juan Caballero,, surge tras un anuncio hecho está mañana por autoridades penitenciaria de que se aborto está madrugada una fuga masiva del penal de Ciudad del Este. Allí detectaron un túnel por el que, según estimaciones, pudieron haber huiro alrededor de 400 reos del PCC que están internados en el área donde se construía el “agujero de escape”.

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La fiscal Cinthia Leiva Cardozo imputó por los hechos punibles de robo agravado con resultado de muerte o lesión grave a Roy Deyby Castillo Sánchez, de 38 años.

El hombre se encuentra acusado por el homicidio de María Dalina Galeano Galeano (18), quien falleció luego de ser baleada durante un asalto domiciliario ocurrido el pasado 2 de abril en la zona del Km 9 Acaray - fracción San Isidro de Ciudad del Este.

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En aquella ocasión, Castillo y otros dos cómplices habrían ingresado a la vivienda de la víctima con fines de robo. Durante un forcejeo, María Dalila recibió un disparo a la altura del pecho que acabó provocándole la muerte.

Por su parte, su hermano Blas Fernando Noguera (21) sufrió una herida cortante en la cabeza y un impacto de bala en el muslo izquierdo, aunque logró salir con vida del atraco.

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La fiscal del caso solicitó la aplicación de la prisión preventiva para Roy Castillo, quien actualmente se encuentra detenido. El mismo había abandonado la cárcel apenas hace tres meses, donde permaneció preso durante 17 años.

Los demás integrantes de la banda criminal que perpetró el asalto, identificados como Arsenio Sotelo Galeano, Mateo Gabriel Melgarejo Marín, Wilfrido Damián Fariña Peralta y Fernando David Guerrero Guerrero, aún siguen prófugos.

El doctor Rubén Román, jefe médico del Hospital Regional de Encarnación, confirmó que hace unos días recibieron a un menor de edad con quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

Se trata de un niño de 10 años oriundo de la localidad de San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa, que sufrió un accidente hogareño en la cocina.

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“Aparentemente estaba cocinando huevo frito y en un momento le salpicó (el aceite)”, confirmó el galeno a la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Las zonas que resultaron más afectadas son el rostro, el torso y el brazo izquierdo, esto luego de que se le haya derramado encima el líquido hirviendo.

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El pequeño paciente recibió los primeros auxilios y la curación para sus quemaduras, además de analgésicos para aliviar el dolor. De momento, permanece estable y fuera de peligro.

Román indicó que el menor sería dado de alta en unos días y que podría quedar con algunas cicatrices, aunque existen bajas probabilidades de que tenga otra secuela.