En una conferencia de prensa desarrollada esta tarde, las principales autoridades del Ministerio de Hacienda dieron a conocer los detalles del proyecto alternativo de subsidio para comerciantes fronterizos.

La propuesta busca reemplazar al proyecto que ya había sido aprobado anteriormente en el Congreso Nacional pero que tuvo que ser rechazado debido a ciertas dificultades por parte de la cartera de Estado en cuanto a la financiación.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, explicó que esta nueva propuesta surge como resultado de las mesas de trabajo con los comerciantes y trabajadores de frontera con Argentina, quienes han sido duramente afectados por la pandemia de COVID-19.

Para los comerciantes formales que cuentan con RUC, la ayuda económica consistirá en un subsidio de medio salario mínimo (cerca de G. 1.100.000) que podrá ser abonado hasta en cuatro pagos, pudiendo ser ampliado dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. Por otra parte, para los trabajadores informales y cuentapropistas se prevé el pago de G. 500.000 bajo las mismas condiciones.

Para poder efectuar estos pagos, se tendrá como principal fuente de financiación los recursos remanentes del programa Pytyvô 2.0, que rondan los G. 66.000 millones, según mencionó la viceministra de Economía, Carmen Marín.

Los beneficiarios deben ser comerciantes, trabajadores informales y cuentapropistas de las 16 ciudades fronterizas con Argentina, las cuales son: Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.

Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, existen 19.000 potenciales beneficiarios en el sector de los trabajadores formales, mientras que para los trabajadores informales serían unos 14.000 potenciales beneficiarios.

Marín aclaró que la cantidad de pagos estará sujeta a la cantidad de beneficiarios que se registren. Sobre este punto, también enfatizó que se seguirá la misma línea que con Pytyvô, por lo que se habilitará una plataforma de registro de personas que deseen acceder al subsidio.

Luego de cumplirse con esta etapa, se hará la verificación y el cruzamiento de datos para ver si los postulantes anotados reúnen todos los requisitos, como ser personas en situación vulnerable y el haber sido afectados en sus ingresos durante la pandemia, además de no ser funcionarios públicos o beneficiarios de otro programa gubernamental, etc.

Otro aspecto a destacar de esta propuesta es que se brindarán facilidades de pago de los servicios básicos como agua y energía eléctrica, además de facilitarse el acceso a créditos para refinanciación de deudas con nuevas líneas de crédito.

En el caso de la ANDE, se hará un diferimiento de la deuda acumulada durante tres meses y luego se prevé una refinanciación en 18 cuotas sin intereses ni recargos para los beneficiarios. Similares condiciones también estarán previstas para los abonados de ESSAP.

Llamosas aclaró que los pagos arrancarán una vez que la ley sea aprobada y posteriormente promulgada. De momento, ya se hizo la presentación ante el Congreso Nacional y en los próximos días iniciará el trabajo de lobby con los parlamentarios de ambas cámaras.

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

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Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.