El propietario del auto, un ciudadano brasileño, vio que en el techo de su vehículo había un artefacto que le pareció raro: cuatro botellitas de medio litro cargadas con nafta, unidas entre sí con una cuerda en la parte superior y otra en la parte inferior.

Estaba elaborado con cartuchos para escopeta y un detonador. Rápidamente el hombre llamó a los guardias del local denominado Restaurante Universitario. Los guardias a su vez dieron aviso a la Policía.

Intervinieron agentes de Criminalística y agentes de la Comisaria 1ª. El artefacto fue llevado hasta un patio baldío para su desarme.

Brígido Ojeda, director de Isepol, confirmó que desde este mes, la institución a su cargo se adecuó a la Ley 6.634 que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional

“Tuvimos que cambiar nuestro proceso de admisión en lo referente a estatura, tatuajes, estado civil y admitir a personas con hijos o sin hijos”, reconoció Ojeda en una entrevista radial con la 1020 AM.

REQUISITOS ELIMINADOS

Los requisitos que existían hasta esta modificación eran:

No estar casado ni tener hijos

Estaturas mínimas: 1.60 m para mujeres, que luego se flexibilizó a 1.55. Además, 1,65 m para los hombres.

No tener tatuajes

Todo esto quedó sin efecto, aunque con una acotación. Aunque los tatuajes están permitidos, se establece una excepción para ciertos diseños:

Los tatuajes relacionados con grupos criminales nacionales o extranjeros

Los diseños homófobos, xenófobos, violentos, ofensivos o sexistas

Los que hagan apología al consumo de drogas

Los que representen a partidos o movimientos políticos

Diseños contra grupos religiosos.

Calaveras, cuchillos, marihuana.

Vírgenes o payasos que son utilizados por miembros del crimen organizado como PCC o Comando Vermelho

“Si guardan relación con esas prohibiciones, sí se les rechaza en el proceso de admisión”, detalló el director de Isepol.

El Artículo 3º de la Ley 6.634 determina que las evaluaciones de ingreso deben desarrollarse obligatoriamente en un orden secuencial estricto:

Evaluación de conocimientos, de salud, de eficiencia física y evaluación psicotécnica.

En el horario de 7:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00, el IPS ofrecerá maratones de ecografías abdominales y ecografías reno-vesico-prostáticas. En cada jornada se prevén hasta 180 estudios.

Las maratones serán durante 8 sábados consecutivos desde hoy en el Centro de Atención de Imágenes del Hospital Central y beneficiarán a quienes ya estaban agendados para diciembre, enero y febrero en el servicio Meprotec.

Los asegurados serán contactados por el IPS, que les informará la fecha y el horario estimado del estadio; por lo tanto, no habrá necesidad de que los pacientes se preocupen por reagendar sus turnos.

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En el horario matinal estarán cinco médicos, mientras que durante la tarde habrá tres profesionales, a fin de agilizar la atención.

Esta es una primera etapa de maratones que se extenderá por dos meses. Una vez concluida, se avanzará a otra fase en la que se incluirán otros tipos de estudio. El objetivo es reducir la extensa lista de espera.

Al empresario brasileño Isamel Fenner, imputado por estafa y producción de documentos no auténticos, se le acusa de haber integrado una estructura organizada destinada a ofrecer, promocionar y desarrollar programas académicos de maestría y doctorado que carecían de habilitación y reconocimiento oficial en Paraguay. Para ello, utilizaba indebidamente y sin autorización la identidad, denominación y facultades del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (ISICS) y de otras instituciones.

Bajo este esquema, captaba principalmente a ciudadanos brasileños ofreciéndoles posgrados supuestamente reconocidos y aptos para producir efectos en Brasil, cobrándoles sumas de dinero (que rondarían los 30 mil reales por alumno) en concepto de matrículas, aranceles e inscripciones.

Para dar apariencia de legitimidad, presuntamente confeccionó, produjo, utilizó o puso en circulación documentos no auténticos que aparentaban ser expedidos por instituciones educativas habilitadas y organismos oficiales de Paraguay (tales como resoluciones administrativas, certificados, diplomas, constancias y legalizaciones), induciendo al error a los alumnos y ocasionándoles un perjuicio patrimonial.

CÓMO COMENZÓ TODO

El fiscal Aldo Cantero informó que esta investigación inició a partir de una denuncia formulada por el Ministerio de Educación y Ciencias, no así por ninguna de las instituciones involucradas.

Posteriormente, hubo una solicitud formulada por el representante legal de la firma Calidad Educativa S.A., empresa administradora del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales, que requirió al MEC un pronunciamiento oficial sobre diversos documentos utilizados para respaldar títulos académicos, y presentados en procedimientos de reconocimiento en Brasil.

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LOS ELEMENTOS QUE SUSTENTAN LA IMPUTACIÓN CONTRA ISMAEL

Además de la denuncia del MEC, los elementos son estos:

El informe de la Dirección de Universidades e Institutos Superiores concluye que la supuesta resolución que aparentaba reconocer los títulos no existe en los registros oficiales, que la persona que la firmaba no ejercía el cargo en esa fecha y que el documento presenta múltiples inconsistencias formales.

El Departamento de Legalizaciones de la Secretaría General del MEC verificó graves inconsistencias en las etiquetas holográficas, sellos y mecanismos de legalización de la documentación analizada.

Informes remitidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)

Publicaciones en redes sociales colectadas durante la investigación, en las cuales se promocionaban los cursos y programas académicos investigados.

Declaraciones testificales de alumnos brasileños que contrataron los programas académicos ofrecidos por montos que rondarían los 30 mil reales por persona.

Acta de allanamiento e inventario de evidencias: resultado de los procedimientos judicialmente autorizados.

Dispositivos electrónicos y documentación secuestrada/incautada: elementos obtenidos durante los allanamientos.

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