En entrevista con Radio Ñanduti, el doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, precisó que del lunes 6 al domingo 12 de junio fueron atendidos 1.706 pacientes en dicho nosocomio, de los cuales 965 llegaron al área de Urgencias.

De esta cifra total, 214 corresponden a víctimas de siniestros en general, entre ellos 159 motociclistas que sufrieron accidentes de tránsito en diversas circunstancias.

Así también, se asistió a unas 56 víctimas de agresión entre personas, 6 de ellas vinculadas a violencia intrafamiliar, según comentó Saldívar a la 1020 AM.

El galeno también comentó que esta semana, la mayoría de los motociclistas fallecieron en el mismo lugar del accidente, ya que ninguno de los que fue atendido en el Hospital de Trauma sufrió un deceso.

“La gente sigue teniendo el comportamiento irresponsable de manejar en estado de ebriedad”, lamentó el director de este centro asistencial, que semana tras semana recibe a una gran cantidad de accidentados a causa del consumo de alcohol.

El documento promovido por la Fiscalía General del Estado es contra la resolución del Senado por la cual se derogan los documentos que aprobaron los desafueros de los legisladores Erico Galeano, Rafael Filizzola y Hernán Rivas.

El argumento que sustenta la acción de constitucionalidad es que, con la resolución aludida se desvirtuó el debido proceso paralizándolos, cuando en su momento ya se otorgaron los desafueros.

Esta interrupción tiene efecto constitucional en el artículo 137 de la Carta Magna, donde, se estipula que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuesto a lo establecido en esta Constitución”.

Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la Corte que deberá expedirse sobre esta acción.

EN DESARROLLO.

En la mañana del lunes se registró un violento hecho de asalto en una vivienda ubicada en el barrio San Pablo de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná.

Resultó víctima de este episodio Juan Ángel Ayala Ferreira, de 76 años, quien fue atacado por un marginal que había llegado hasta su domicilio con fines de robo.

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Este anciano se percató que un ladrón ingresó a su hogar y quiso reaccionar, momento en que fue agredido con un machete, sufriendo heridas en la mano y el abdomen, menciona La Clave.

El autor de este asalto sería un joven conocido con el alias de “Aldo Loco”, un adicto a las drogas que acostumbra merodear en la zona del mercado de abasto de Ciudad del Este.

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Tras agredir a la víctima, este delincuente se alzó con su teléfono celular y se dio a la fuga, momento que quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado.

La Policía Nacional recibió la denuncia del hecho y ahora se encuentra tras los pasos de “Aldo Loco”, llevando adelante una serie de rastrillajes para dar con su paradero. Gracias a la ayuda de la ciudadanía tras la viralización del video, también se obtuvo información valiosa sobre el criminal.

El fiscal Federico Delfino indicó que, de concretarse la extradición de Argentina, estas personas serían juzgadas por asociación terrorista y se exponen a penas de hasta 15 años de prisión.

Los sospechosos se habrían encargado del adoctrinamiento de nuevos integrantes del grupo criminal. “La participación de ellos se da en cuanto al adoctrinamiento que se le brinda a las criaturas. Salen de Argentina de forma legal, ingresan a nuestro país de forma clandestina, van al teatro de operaciones y dejan a los menores ahí, para que reciban entrenamiento militar”, expuso en charla con radio Ñanduti.

El agente del Ministerio Público señaló los familiares de Carmen Villalba se encuentran bajo vigilancia en el vecino país, mientras se resuelve la expulsión de los mismos.

En comparación al caso de Juan Arrom y Anuncio Martí (refugiados en Finlandia), Delfino refirió que la situación es “radicalmente distinta”, atendiendo a las declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, quien abogó públicamente por la extradición.

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En Argentina detuvieron el viernes pasado a José Mariano, María Rosa y Myriam Villalba Ayala, hermanos de Carmen, y Tania Tamara, que operaban en forma camuflada en el vecino país, como políticos del EPP, siendo esta agrupación de corte terrorista en Paraguay.