Basílica García, trabajó para el congresista cuando Ibáñez fue designado consejero en la Embajada de Paraguay en EEUU.

La paraguaya que sigue viviendo en el extranjero relató su experiencia en comunicación con la 800 AM, donde confesó que renunció porque se sentía esclavizada.

La mujer denunció que Ibáñez le hizo firmar un contrato donde figuraba que cobraría 1.100 dólares americanos, pero solo recibía 100 dólares al mes; además el legislador habría retenido el pasaporte de su empleada una vez que le expuso su intención de volver al Paraguay.

“Yo trabaje 1 año y medio acá con ellos, yo le dije que ya no quería trabajar acá, ya no soportaba vivir acá. La señora (Rossana Cárdenas, exesposa del diputado) era muy mala, era una bruja que solo le faltaba la escoba; él en lo que fallo conmigo era que no me pagó lo que prometió. Yo no aguantaba más, era mucha frustración para mi, no tenia ni un momento de respiro en el día y me sentía esclavizada”, expresó la mujer.

“Me hicieron firmar un contrato donde figuraba que me iba a pagar 1.100 dólares al mes. Firme ese contrato, le pregunté si ese monto era el que iban a pagarme y me dijo que no, que era para reunir requisitos nomas, yo llegue y solo me pagaban 100 dólares al mes”, recordó.

Basílica detalló que el dinero no le alcanzaba para llamar a su familia, que solo lograban comunicaban con ella mediante cartas aunque no tenía la posibilidad de responder.

“Nunca podía hablar con mi gente, yo cuando cobrara la miseria que me pagaban podía ir comprar una tarjeta y llamar pero eso casi nunca pasada. Mi hermana me mandaba cartas mediante un conocido, cuando Ibáñez iba a Paraguay le pedía que lleve mis cartas pero no lo hacía, yo casi no les contestaba. (…) ellos no me permitían salir a ningún lado por eso no podía estudiar inglés, no me dejaban salir porque sabían que lo que estaban haciendo estaba mal”, reprochó la mujer.

RETENCIÓN DE DOCUMENTOS

Basílica explicó que como su pasaporte estaba por vencer apeló al diputado en ejercicio para que acerque sus documentos a la embajada y renovar los papeles, pero solo le entregó una licencia que le permitía salir del país.

“Me entregó un salvoconducto, me dijo con este podes salir del país, pero ya no me dio mi pasaporte”, indicó.

La exempleada de Ibáñez exige que el diputado le devuelva su pasaporte, pues no puede legalizar sus papeles en EEUU.

“Si habría la posibilidad de devolverme mi pasaporte para poder arreglar acá mi estatus legal porque eso me impide volver allá, porque tengo mis hijas acá y sin pasaporte puedo volver a Paraguay pero ya no acá y necesito ir y poder volver”, mencionó.

“Yo no busco venganza busco justicia, a mi también me ha dificultado que me haya sacado mi pasaporte porque ahí figuraba que entré con una visa, necesito arreglar mis documentos aquí porque no tengo cómo demostrar que entré legal en este país (…) Si es posible que me pague también la diferencia de los 1.000 dólares del año y medio que trabajé con ellos, por que es un dinero trabajado” concluyó.

La diligencia judicial se realizará ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien deberá definir si confirma la prisión del funcionario.

El presente caso se enmarca en la incautación de 21,960 kilogramos de oro, realizada en noviembre de 2025 en el aeropuerto Silvio Pettitossi. Se estima que el valor del cargamento podría superar los 3 millones de dólares en el mercado internacional.

Asimismo podrán participar de la audiencia de revisión de medidas los fiscales del presente caso, quienes ya con anterioridad mencionaron que la conducta del funcionario de la Dinac es grave debido a que el imputado ocupa un cargo de jefatura.

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De acuerdo a la carpeta fiscal, los hechos punibles imputados son considerados graves, agravados por la condición del procesado como funcionario de la principal terminal aérea del país. En la misma causa también están imputados Fernando Antonio Peralta Zaván y Aquiles José Denis di Lascio, quienes presuntamente debían abordar el vuelo con destino a Panamá portando los lingotes de oro.

La Fiscalía sostiene que la responsabilidad de Gustavo Ismael Britos es de extrema gravedad, dado que contaba con acceso a todas las zonas restringidas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Se presume que Britos, valiéndose de su cargo, logró burlar los controles de seguridad para introducir los lingotes que tenían como destino final Panamá. Este relato fáctico deberá ser evaluado por el juez Estigarribia para determinar si corresponde ratificar la prisión preventiva o conceder una medida menos gravosa para el imputado.

La Sociedad Paraguaya de Oftalmología, con el apoyo del Hospital Regional de Caacupé y otras instituciones aliadas, llevarán adelante una jornada de cirugía gratuita, que iniciará el próximo domingo 15 de marzo con la selección de los pacientes beneficiados.

En tanto que las intervenciones quirúrgicas se llevarán a cabo los días 1 y 2 de mayo en las instalaciones del hospital.

Las personas interesadas en participar deben solicitar información o agendar su consulta comunicándose al número 0981 304 770, con la Lic. Margaret Benítez, encargada del Servicio Social del Hospital.

La campaña “Por un Paraguay sin ceguera” es una iniciativa de salud ocular, la cual busca reducir la discapacidad visual, principalmente mediante cirugías gratuitas de cataratas.

La campaña se despliega periódicamente en diferentes puntos del país, ya que busca facilitar el acceso a tratamientos oftalmológicos a personas de escasos recursos, enfocándose en la detección y tratamiento oportuno de afecciones que pueden derivar en ceguera irreversible si no es tratada a tiempo.

La comitiva encabezada por la agente fiscal Dominica Zayas Acevedo, fue recibida por el director del centro penitenciario, Juan Taboada, quien entregó el permiso otorgado al condenado y demás documentos. La unidad a cargo solicitó al Juzgado de Ejecución Penal de Crimen Organizado n.º 3 la realización de diligencias relacionadas con el caso.

Una denuncia pública refiere presuntas irregularidades en la Granja Penitenciaria de Régimen Semiabierto Ko’ē Pyahu, situada en el barrio Tacumbú de Asunción, vinculadas con el otorgamiento y control de salidas transitorias a favor de una persona privada de libertad.

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El caso involucra a Pedro Enrique Gómez de la Fuente Antúnez, exdirector de la Región Occidental del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quien cumple una condena de tres años y seis meses de pena privativa de libertad por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión. La sentencia se encuentra firme tras el rechazo del recurso interpuesto por su defensa.

Cabe señalar que la Granja Penitenciaria Ko’ē Pyahu funciona bajo un régimen semiabierto, destinado a personas privadas de libertad que reúnen determinadas condiciones, entre ellas buena conducta y una etapa avanzada de cumplimiento de la condena, lo que permite el acceso a salidas transitorias bajo requisitos y controles específicos.